Escuchar
Luis Diego Calderón Villalobos fue nombrado gerente financiero interino de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mientras se investigan supuestas irregularidades en la presentación de estados financieros atribuidas a Gustavo Picado Chacón, titular de esa gerencia.
Calderón Villalobos se desempeñaba hasta ahora como director de Cobros de la Caja. Según informó la entidad, en el 2019 también fungió interinamente en la Gerencia Financiera.
En sus 31 años de laborar para la CCSS, el nuevo gerente interino se ha desempeñado en las áreas de tesorería, seguros, inversiones y en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere).
Gustavo Picado Chacón fue suspendido cuatro meses con goce de salario por acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS, el lunes 13 de febrero, pese a que no existe una investigación preliminar que recomiende la suspensión. En ese plazo, Picado no asumirá ningún otro puesto dentro de la institución.
De acuerdo con el oficio SJD-019-2023, firmado por Zayda Matamoros Villalobos, jefa interina de la Secretaría de Actas de Junta Directiva de la CCSS, a Picado le achacan que los estados financieros muestran una “falencia de evidencia que soporten los saldos contables” y el “uso de prácticas contables no estandarizadas” desde 2017. Esto con base en auditorías externas realizadas por la empresa Deloitte.
Según el mismo oficio, en agosto del 2022, se instruyó a las gerencias institucionales resolver esas “deficiencias”. Sin embargo, a la fecha no han sido resueltas.
La Gerencia Financiera no ha presentado “alguna medida paliativa para mejorar la situación financiera y las falencias advertidas”, indica el oficio de agosto, del cual La Nación tiene copia.
Otra causa judicial
Picado Chacón, economista con más de 25 años de trayectoria en la Seguridad Social, fue nombrado en la Gerencia Financiera de la CCSS en abril del 2021 por decisión de la Junta Directiva, luego de un concurso público.
El funcionario figura en una causa judicial junto con otros 15 funcionarios y exdirectivos por la aprobación, aparentemente anómala, de aumentos salariales y de cesantía entre 2006 y 2010.
Además de la cuestionada política salarial, la causa también investigó la compra de bonos en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) sin tener estudios técnicos de respaldo. En ese mismo periodo, además, la Caja contrató a 10.000 nuevos trabajadores.
