Ante la oposición de vacunarse contra la covid-19 por parte de un grupo de 300 funcionarios de salud, el médico costarricense y doctor en Bioderecho, Alejandro Marín, aseguró que es ético que el Estado obligue a esas personas a inmunizarse contra el nuevo coronavirus.

Su criterio complementa la posición de la abogada laboralista, Paola Gutiérrez, quien afirmó que además es legal. Ambos expertos coinciden en que la Ley General de Salud y la Ley de Vacunación otorgan al Estado la potestad de declarar obligatoria la aplicación de las dosis.

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Dicha imposición puede establecerse a toda la población costarricense, a un segmento, o, como en este caso, únicamente a los funcionarios de hospitales y centros de ancianos. Esto siempre y cuando la decisión esté fuertemente fundamentada por el Ministerio de Salud.

Marín señaló la importancia de que los funcionarios eviten exponer a sus pacientes al virus, así como ocasionar posibles contagios en centros hospitalarios.

“Si yo llego con una enfermedad infectocontagiosa al hospital voy a hacer un contagiadero. Entonces, mi primera obligación ética y moral es, primero no hacer daño a mis pacientes antes de hacerles el bien.

“Esto es muy interesante. Antes de hacer bien asegúrese de no hacer daño. Entonces, el deber de estos médicos, enfermeras y personal de salud es vacunarse. Tienen un deber deontológico, ética de los deberes”, afirmó Marín.

Identificar motivos, sensibilizar y por último usar la fuerza

El bioeticista; sin embargo, advirtió de que antes de imponer la vacuna a la fuerza a esos funcionarios, las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Ministerio de Salud, deberían agotar ciertas etapas.

En esa lógica, señaló que lo más urgente es identificar si esa oposición se trata de un movimiento antivacunas, o bien, si son dudas o temores por parte de los funcionarios.

“Lo primero es diferenciar si estas 300 personas son parte de un movimiento antivacunas estilo QAnon o trumpistas, porque entonces estaríamos frente a un verdadero problema.

“Considero que más bien estamos frente a un grupo de personas con preocupaciones que no deben pasar desatendidas, personas que al igual que usted o yo, pueden tener cierto grado de reserva justificable: cuán efectiva es la vacuna, por qué se hizo tan rápido, cómo se hizo, si tienen ciertos componentes, si estoy embarazada, si estoy en lactancia…

“Para respetar lo máximo posible la autonomía de las personas, los derechos humanos y los principios bioéticos, primero tenemos que investigar por qué esas personas no se quieren vacunar. Les tenemos que garantizar entonces acceso a la información para aclarar sus dudas”, afirmó el médico.

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Si ese segundo filtro de sensibilización e información de los trabajadores de salud opuestos a la vacunación no funciona, el experto en bioética afirma que el Estado tendría que hacer uso de los instrumentos jurídicos para que sea obligatoria la inmunización.

“Si todo esto falla y ellos incumplen ese deber ético, entonces va la parte legal impositiva, de sanciones, coercitiva. Yo veo justificable hasta el despido de estas personas porque están poniendo en riesgo la vida de estas personas”, afirmó Marín.

Sin vacunarse

Sin brindar números exactos, la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la CCSS, Leandra Abarca, manifestó en conferencia de prensa que “el gran porcentaje” de funcionarios en primera línea de defensa, en esa y otras instituciones públicas, se ha vacunado contra la covid-19.

A la vez, reconoció que se han encontrado con personas que se oponen a la inmunización por tres principales razones. A finales de enero ese número era de 300 funcionarios de hospitales.

“Ciertamente hemos encontrado personas y trabajadores en establecimientos de salud que, en este momento, han indicado no vacunarse por contraindicación, porque todavía no les correspondo porque han estado con la enfermedad o porque no desean la vacuna.

Abarca añadió que se están programando actividades necesarias para informar a esas personas, al tiempo que se mantienen atentos a una posible declaratoria de obligatoriedad de la vacuna para esta población.

“Estaremos anunciando las actividades necesarias una vez que finalicemos el proceso y, en caso de que se haga obligatorio por parte de las autoridades, estableceremos un plan para cumplir con esa obligatoriedad”, sentenció Abarca.

¿Hay un movimiento?

El doctor en Bioderecho afirmó que de constatarse un movimiento sistemático antivacunas en hospitales o en la sociedad costarricense, la comunidad científica nacional y entidades académicas deben prepararse para combatir esa corriente de desinformación.

No obstante, insistió que de momento no se han percibido síntomas para establecer de que verdaderamente existe ese grupo.

“Si estuviéramos frente a un movimiento antivacunas eso sería un problema muy serio para el país. Yo no lo creo porque no hemos visto evidencias, ni marchas, ni nada.

“Pero si lo hubiese, como comunidad científica hemos tenido problemas de comunicación con la sociedad. Es cierto que hay un descrédito político, esto no es relevante, pero un descrédito a nivel científico yo no lo pensaría.

“Pero bueno, puede ser que en algún momento se cuestione y se dude porque estamos en la era de la posverdad, en donde cualquier charlatán dice lo que le da la gana y se cree que es verdad”, sentenció Marín.

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En caso de que se detecte una agrupación de este tipo, el especialista aseguró que psicólogos, sociólogos, antropólogos e investigadores tendrían que profundizar en el problema.

Y de ahí empezar a planificar una estrategia para combatirla en el corto, mediano y largo plazo, por ejemplo, inyectando a niños y adolescentes en primaria y secundaria el valor de la ciencia, la filosofía y la ética.