EscucharLuego de permanecer dos años suspendidos con goce de salario, volvieron a sus puestos dos de los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) investigados por supuestas anomalías en la compra de mascarillas.
Se trata de Hans Vindas Céspedes y María Díaz Rivera, a quienes desde agosto de 2020 se les abrió un procedimiento disciplinario porque, presuntamente, habrían favorecido a un contador público y a una periodista española con un contrato para adquirir 12 millones de tapabocas por $4 millones.
Ambos funcionarios eran asesores del entonces gerente de Logística, Luis Fernando Porras, quien renunció en octubre de 2021. Él también permanecía suspendido con goce de salario.
La Caja confirmó que desde el 21 de agosto pasado se cambió la medida cautelar a Vindas y Céspedes, por lo que ambos volvieron a laborar pero en puestos lejanos a la Gerencia de Logística.
El primero fue enviado al Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss), mientras que la abogada Díaz se incorporó a la Gerencia General de la institución como asesora en materia administrativa de recursos humanos. Esas designaciones no varían las condiciones salariales de ambos trabajadores.
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Mientras estuvieron suspendidos con goce de salario, cada funcionario recibió una remuneración mensual de ¢1,5 millones, aproximadamente. Si se considera solo ese salario por 24 meses, habrían recibido ¢36 millones durante el cumplimiento de la suspensión.
Aunque la CCSS informó de que el procedimiento administrativo contra esas dos personas está “en estos momentos (...) en las etapas finales de la fase de instrucción de los procedimientos”, lo cierto es que ni siquiera se han realizado las audiencias orales con las partes involucradas.
Compras de emergencia
La compra de 12 millones de mascarillas al contador público y la comunicadora española fue la primera adquisición aparentemente irregular realizada durante la pandemia, el caso fue revelado por La Nación el 4 de agosto de 2020. Según el expediente de contratación, los adjudicatarios se inscribieron como proveedores de la CCSS a pocas horas de la publicación del concurso, no contaban con experiencia en el suministro de ese tipo de productos, no entregaron muestras para verificar la calidad de los suministros e incumplieron con las entregas.
Además, los documentos demuestran que, en una primera evaluación, fueron eliminados por no cumplir los requisitos técnicos, pero luego de correos electrónicos redactados por Vindas Céspedes fueron reintroducidos en el concurso y favorecidos con los millonarios contratos.
Luego de este caso, este diario reveló presuntos actos de corrupción en el pago de otros equipos de protección médica como guantes, batas y respiradores KN95, algunas de ellas otorgadas a empresas que se dedicaban a procesar chatarra.
