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La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) se sumó a colegios profesionales y a científicos para manifestar su preocupación por los decretos emitidos por el presidente Rodrigo Chaves, que eliminan el uso de la mascarilla y la vacunación obligatoria contra covid-19.
“¡La pandemia no ha terminado!”, advirtió el sindicato.
Mediante un comunicado, Undeca señaló que esta preocupación ha sido manifestada por expertos debido al “alto riesgo al que se podría estar exponiendo a la población costarricense”. Además, tildó dichos decretos de “desafortunados”. Los documentos ni siquiera son de conocimiento público, pese a su anuncio.
“Es preocupante, porque se ha evidenciado el alto porcentaje de vacunación, pese a las campañas antivacunas impulsada por algunos grupos, que obligó al anterior ministro de Salud, la Comisión Nacional de Vacunación y la misma CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social) a aplicar la obligatoriedad de las medidas de protección personal, obligatoriedad que incluso superó el filtro constitucional”, indicó la organización de empleados.
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Recordó que se debe entender que amplios sectores de la población tienen mayor riesgo de contagiarse debido a su fragilidad por edad, condiciones de salud y otras situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, alertó que las medidas vulneran aún más al personal de salud al ser objeto de nuevos contagios, que han causado fallecimientos y múltiples secuelas para muchos funcionarios.
“Este abrupto decreto, desconocemos si fue consultado con las autoridades de la Caja, por el altísimo costo para la institución, por internamientos en áreas especializadas, compras de medicamentos, vacunas, mascarillas, la logística de la vacunación, y el incremento en el pago de incapacidades que realiza el Seguro de Salud, que incide en su sostenibilidad y que ha aumentado exponencialmente las listas de espera, con gran perjuicio para la población.
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“Hacemos un llamado a la Presidencia de la República, a la ministra de Salud, a las autoridades de la CCSS y a la Defensoría de los Habitantes, para que en resguardo de los derechos fundamentales de los habitantes se revise la pertinencia de una decisión de esta naturaleza”, concluyó el grupo sindical.
De acuerdo con datos de la Caja a febrero pasado, la cantidad de incapacidades relacionadas con la covid alcanzó ese mes el millón, entretanto, el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, divulgado el 3 de mayo, daba cuenta de 8.421 muertes asociadas a la enfermedad.
Entes como el Colegio de Médicos, el Colegio de Farmaceúticos, la Universidad de Costa Rica y la Unión Médica Nacional, le han exigido al nuevo mandatario mostrar el respaldo científico utilizado para dejar sin efecto la obligatoriedad de la vacunación contra la covid-19.
Además, la legalidad de la decisión aún está en duda, pues legalmente es a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), órgano adscrito al Ministerio de Salud, a la que le corresponde decidir una disposición de este tipo en coordinación con el propio Ministerio y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
