EscucharApenas un mes antes de retirarse del proyecto de construcción del nuevo hospital de Cartago, el 19 de setiembre, la Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. de C. V. defendió ante la Contraloría General de la República (CGR), en dos ocasiones, su condición de adjudicatario de la obra por un total de $314 millones.
De acuerdo con el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), entre el 3 de julio y el 14 de agosto, la compañía presentó escritos en los que desacreditó los argumentos expuestos por la empresa Van Der Laat y Jiménez S. A., la otra firma interesada en el proyecto. Lo hizo a través del bufete costarricense Business Law Partner (BLP).
El primer escrito, de 61 páginas, fue firmado el 3 de julio por Francisco Obando León, abogado de BLP, ante la División de Contratación Pública de la CGR. “(...) La oferta de mi representada constituye, con justicia, la mejor alternativa para la satisfacción del interés público y, por ende, resultó la legítima adjudicataria”, expresó el jurista en sus conclusiones.
El representante solicitó que se rechazara el recurso de apelación de Van Der Laat y Jiménez S. A porque, según alegó, carecía de legitimación.
En ese documento, del cual La Nación tiene copia, la firma mexicana cuestionó la experiencia de Van Der Laat y Jiménez, defendió la trayectoria propia en obras constructivas, rechazó que su oferta económica fuera ruinosa y negó supuestos incumplimientos. Por ejemplo, refutó que para participar del proceso de licitación tuvieran que inscribirse de forma previa como compañía ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
“No es correcto estimar que las empresas de origen extranjero deban contar con la inscripción en el CFIA, al menos de forma temporal”, declaró BLP.
El segundo escrito, de 77 páginas, fue presentado el 14 de agosto. Este fue enviado a la CGR como “audiencia final” en el proceso de apelación. En ese documento reiteraron la solicitud de que la apelación fuera rechazada, pero además pidieron que se sancionara a Van Der Laat y Jiménez S. A. por presentar un recurso de apelación “temerario”. Dicha sanción es contemplada en la nueva legislación de contratación pública que fija castigos para quienes utilizan las etapas recursivas como un mecanismo de obstaculización.
No obstante, la contratación del nuevo hospital de Cartago se gestionó bajo las reglas de la legislación anterior, la cual perdió vigencia en diciembre de 2022.
Aparte de esa defensa, el 27 de agosto, abogados y representantes de la constructora sostuvieron una reunión con funcionarios de la Gerencia de Infraestructura y Tecnología de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la que reiteraron su interés en la construcción del nuevo edificio del Max Peralta, hicieron preguntas previas a la formalización del contrato y se mostraron entusiasmados por haber sido la compañía seleccionada para el proyecto.
La cita, confirmada por una fuente de la CCSS que pidió no revelar su identidad, ocurrió de forma presencial en las oficinas de la entidad pública.
La Nación intentó conversar con el abogado Francisco Obando desde que se conoció el retiro de la empresa. Ese 19 de setiembre dijo que no podía atender porque estaba por entrar a una audiencia y que le llamaran ese mismo día, pero a las 2 p. m. A esa hora se le volvió a llamar a su teléfono celular, pero no contestó.
Este lunes 30 de setiembre, por medio de la agencia de comunicación contratada por la constructora, Obando manifestó que “no darán” entrevistas “por ahora”.
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Otro golpe a construcción de hospital de Cartago
El retiro de la empresa fue comunicado mediante una nota que la CCSS dio a conocer durante la sesión de Junta Directiva. En la misiva, la firma argumentó fluctuaciones en el tipo de cambio del dólar en los últimos tres años, así como los criterios encontrados entre la Caja y el Ministerio de Salud sobre la conveniencia de levantar el hospital en el terreno adquirido en El Guarco. Según la compañía, esos criterios “han puesto en entredicho el proyecto”.
La sorpresiva decisión de la constructora frustra un proyecto por el cual los cartagineses han esperado más de una década y que ha pasado por múltiples cuestionamientos y tropiezos.
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Desde inicios de este gobierno, mandatario Rodrigo Chaves y la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, plantearon su oposición por dudas en torno al terreno, pese a que contaba con el aval técnico y de viabilidad ambiental.
Por su parte, la ministra de Salud, Mary Munive, advirtió que de construirse el centro médico en El Guarco, no daría el permiso de funcionamiento.
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A pesar de estos intentos, finalmente, la Caja adjudicó el proyecto a la firma mexicana, lo que fue avalado por la Junta Directiva en mayo pasado. El 19 de agosto, la adjudicación quedó en firme tras ser rechazada la apelación de Van der Laat y Jiménez S. A.
Un mes y dos días después, la constructora se apartó del plan, situación que en criterio de diputados y otros sectores despierta la sospecha sobre eventuales presiones para que el hospital de Cartago no se concrete, por lo menos no con el proyecto actual.
“Estamos ante un escenario muy peligroso donde se nota y se percibe amedrentamiento y persecución política hacia una empresa. Queremos y debemos averiguar a qué se refiere (la compañía) con respecto al clima económico y situación política del país. Estamos ante un gobierno que no ha tenido problema en comportarse como una mafia”, aseveró en aquel momento Antonio Ortega, diputado cartaginés del Frente Amplio.
Con esa consideración, los legisladores aprobaron mociones para que tanto los representantes de la firma como las autoridades de la CCSS den explicaciones, pues según la legisladora del Partido Liberal Progresista, Johana Obando, el abandono de la firma azteca implica un retroceso de 12 años.
La jerarca de la Caja, entretanto, prometió hacerse cargo “personalmente” para que el proyecto avance y adelantó que pediría apoyo a las instituciones para que agilicen los trámites que sean necesarios.
Asimismo, la Junta Directiva de la CCSS acordó instruir a la Gerencia de Infraestructura y Tecnología para que traslade la nota de la empresa mexicana a la Dirección Jurídica para que, en conjunto con la asesoría legal de la propia Junta, valoren lo que en derecho corresponda y presenten los informes de rigor. Se había planteado un plazo de 15 días, que no ha concluido.
