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Las 26 empresas de buses que brindan servicio en la zona norte del país deberán asegurarse, desde este momento, de que entre sus pasajeros no viajan extranjeros en condición irregular.
Con esa intención, los choferes de los buses deberán solicitar a cada uno de los viajeros que muestren su documento de identidad, sea cédula o cédula de residencia, en caso de ser foráneo. En este último, caso, el conductor deber asegurarse que la persona extranjera tenga más de dos meses de estar en el país.
“Solicitar antes de brindar el servicio a los usuarios documento de identidad (cédula de identidad) o cédula de residencia vigente o salvoconducto, que acredite su permanencia legal en el país, ya sea a la hora de la venta de tiquetes en el caso de aquellas empresas que cuenten con dicho sistema o en carretera para cualquier usuario sin excepción”, señala una instrucción dada a conocer este viernes por el Consejo de Transporte Público (CTP).
El objetivo de esta medida es contener el movimiento de extranjeros que ingresan de manera irregular al país y podrían provocar más contagios de covid-19.
“La Fuerza Pública, Policía de Tránsito, Policía de Migración y Ministerio de Salud consideramos oportuno colaborar para contener la movilización de personas irregulares que están ingresando por la zona norte del territorio”, informó Manuel Vega, director del Consejo.
Si una persona se niega a mostrar el documento, los conductores no deberán permitir que viaje en la unidad de transporte, y, de ser necesario, podrán dar aviso a la Fuerza Pública o Policía de Tránsito para que intervenga.
Según Vega, se trata de una decisión tomada en conjunto con todas las instancias que trabajan desde hace dos meses en la búsqueda de medidas para enfrentar la emergencia sanitaria por la pandemia causada por el nuevo coronavirus, que provoca covid-19.
La responsabilidad puesta a los conductores, sin embargo, genera dudas para la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) que solicitará aclaraciones al Consejo.
"El conductor no tiene el poder de policía para negar el servicio a las personas. Para negar el servicio a una persona, tenemos necesariamente que pedir colaboración a las autoridades, en este caso, a la Fuerza Pública o Migración que están destacadas en la zona y que estarían debidamente autorizadas para solicitar a los usuarios, no abordar la unidad”, señaló Silvia Bolaños, directora ejecutiva de esa organización.
Bolaños, sin embargo, dijo estar consciente de que hace falta más control en esa zona, por lo que están dispuestos a colaborar, pero no a asumir esa competencia.
La instrucción también establece posibles sanciones para las empresas autobuseras que no la cumplan.
“En caso de hacer caso omiso a dicha disposición, podrían sus representadas exponerse a sanciones administrativas que podrían llevar a la apertura de procedimientos de cancelación de la concesión o permiso que ostenten actualmente”, advirtió el Consejo.
Las empresas obligadas son: Empresa de Transportes Cañas Ruta 501, Transportes Deldú, Transporte de Upala, Autotransportes Chavarría Meza, Transnorte de Upala, Transportes Liberianos del Norte, Geovanny Torres Corea, Autobuses Chilsaca y Consorcio Sectorizado de Transportes Región Huetar Norte.
Asimismo las concesionarios o permisionarios Hermanos Méndez Castro, Empresarios Unidos del Norte, Henry Ulate Matamoros, Carlos Luis Gamboa Lobo, Elio Corrales Jiménez, Walter Cerdas Saborío, José Wilbert Alfaro Ledezma, José Alberto Campos Rojas, Freddy Arrieta Vega, José Luis Barquero Vásquez, Gerardo Vasquez Noguera, Nixon Ordoñez Bermúdez.
También aplica para Empresarios Guapileños, Cooperativa de Usuarios y Gestores de Transporte y Servicios Múltiples de Cariari.
Entre las rutas donde se deberá acatar la revisión están: San José-Santa Cecilia por Liberia y Santa Cecilia-Upala; San José-Peñas Blancas; Upala-Cañas-Liberia; Upala-San José de Upala-Santa Cecilia; San José-Upala por Cañas; San José-Upala por San Carlos; Liberia-La Cruz-Peñas Blancas.
Otras son Ciudad Quesada-Upala-Peñas Blancas; San José-Río Frío-Puerto Viejo; Cariari-Guápiles-Mata Limón y Cariari-Puerto Lindo.
Principal riesgo en el norte
La medida se aplica en la misma semana que el ministro de Salud, Daniel Salas, reconoció que el principal riesgo sanitario para el país en este momento es la alta circulación del virus que causa covid-19 en Nicaragua, donde hay transmisión comunitaria.
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Para tratar de frenar la entrada de personas irregularmente, el Ministerio de Seguridad Pública garantiza que mantienen en la zona un fuerte operativo.
Michael Soto, ministro de esa cartera, rechazó la existencia de ingresos masivos, al tiempo que reconoció que se trata de una frontera de 309 kilómetros donde es complicada la vigilancia.
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Según dijo, desde el inicio de la emergencia, han rechazado a 13.111 personas.
Costa Rica también ha establecido medidas para controlar el paso de los conductores de carga internacional y evitar la propagación.
A este jueves 28 de mayo, el país alcanzó los 1.000 contagios de la enfermedad provocada por el virus respiratorio, contados desde el 6 de marzo, cuando se confirmó el primero. De esa cifra, 183 son extranjeros.
