En respuesta a una convocatoria hecha por esa institución para el lunes 2 de diciembre, cuyo propósito es analizar esa crisis con sus principales protagonistas, la Federación de ONG´s de pacientes le reclama una supuesta inacción a la hora de exigir responsabilidades.

"Esa Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) tenía bastantes meses de haber colocado este tema en la lista de asuntos que, probablemente, no le da portadas de medios o fotos para las redes sociales.

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“Nosotros somos los primeros testigos de eso porque siempre hemos estado insistiendo, pero igual, a puertas que no se abren no se les insiste. Fue tal el nivel de frustración que dejamos de llamar a la puerta en las últimas semanas”, menciona la Federación, que reúne, entre otras, a la Fundación de Nefrología, a la Fundación Vida Nueva (para trasplantes de hígado) y a la Asociación Infantil de Trasplante de Hígado.

La respuesta de los pacientes, enviada el 28 de noviembre a la Defensoría, atiende una invitación girada dos días antes por esa institución, que convocó a un encuentro el lunes, a partir de las 8:30 a. m., en sus oficinas centrales, en San José.

Además de las organizaciones de pacientes, a esa cita están invitados el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza; el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mario Ruiz Cubillo; el nuevo coordinador institucional de trasplantes, José Pablo Garbanzo Corrales, y los directores de los hospitales donde se realizan estas operaciones.

La CCSS ha estado renuente a reconocer el fracaso de su programa de trasplante, a pesar de la significativa caída en el número de trasplantes renales con donante cadavérico y las muertes de enfermos trasplantados de hígado, reveladas en un informe reciente de auditoría interna.

El 28 de noviembre, en el último día del plazo disponible, presentó un conjunto de medidas –que no reveló– para fortalecer el programa, en cumplimiento a una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, que vencía ese mismo día.

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Esa orden, la obliga, entre otras cosas, a poner en el centro de toda la atención a los pacientes, a garantizar los recursos para la realización de estos procedimientos, y a asegurar la adecuada distribución de los órganos disponibles.

La CCSS, además, reajustó el modelo de pago para prevenir el desperdicio de órganos donados por la falta de integración de los equipos quirúrgicos para responder a los operativos de trasplantes y evitar el desperdicio de órganos de donantes cadavéricos.

‘No se ha hecho poco’

Para las organizaciones de pacientes, la Defensoría pudo haber hecho más “para que se paliaran las consecuencias que hoy dolorosamente tenemos”.

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“A la fecha, pese a tener suficiente información de años, llama la atención que esa Defensoría no haya aplicado su capacidad para exigir responsabilidades, ante una CCSS que no pocas veces, por ejemplo, ha mostrado poca intención de suministrarles documentos; o cómo no han pedido a la Fiscalía General o a la Procuraduría de la Ética Pública o a otros órganos que sienten responsabilidades”, reclama la Fundación.

El director de Calidad de Vida de la Defensoría, Juan Manuel Cordero, rechazó la queja y aseguró que, durante años, esta institución ha estado “pie a pie” con los enfermos y sus familias.

“Desde muchos años atrás, siempre hemos estado presentes en la defensa de los derechos de los pacientes en todos los órdenes. No solo únicamente en el tema de trasplantes. A ellos les consta y a las autoridades. Hace dos años, estuvimos pie a pie en la defensa del modelo de pago”, dijo Cordero.

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El funcionario remitió a La Nación dos oficios en los que la Defensoría, desde el 8 de noviembre, pidió cuentas sobre la situación de trasplantes tanto al gerente médico de la CCSS como al Ministro de Salud.

“Nosotros tenemos nuestra responsabilidad de pedir cuentas y encauzar los esfuerzos institucionales para que se redoblen y refuercen las acciones, sobre todo de control. No podría decir que los esfuerzos han sido pocos”, aseguró.

La reunión de este lunes, dijo Cordero, planteará una nueva rendición de cuentas, para conocer, según dijo, “el estado real del tema”, y elaborar un plan de intervención.

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Prometió que de ahí saldrá un cronograma de trabajo y una hoja de ruta para evaluar los resultados de las medidas que se propongan.

Los pacientes, por su parte, solicitan –entre otras cosas– que de ahí salga un comité integrado por, al menos, cinco ciudadanos distinguidos para que fiscalicen todo el proceso.