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Para que la córnea de una persona fallecida pueda ser utilizada en un trasplante, el Banco de Ojos de la CCSS solo tiene seis horas para recuperar este tejido después del fallecimiento. Si pasa más tiempo, ya no será viable.
Ese es el plazo que tiene el llamado procurador de órganos del Banco de Ojos para contactar a la morgue y buscar a los familiares más cercanos del difunto, a fin de convencerlos de donar.
Ahora, aparte del poco tiempo, el funcionario tiene que batallar con dos errores graves en la nueva Ley de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos Humanos (9222), aprobada y publicada en el 2014.
Uno es la eliminación del consentimiento presuntivo, que permitía –como sucede en la mayoría de países del mundo– extraer todos los órganos y tejidos viables de un fallecido a menos de que este, expresamente, hubiera manifestado lo contrario.
El segundo error es haber clasificado a las córneas como órganos, cuando se trata de un tejido.
Los dos gazapos legislativos se convierten en un obstáculo mayúsculo para recuperar un tejido que le frenará la pérdida de la vista a casi 1.000 personas que esperan un trasplante de córnea en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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Esto explica por qué, tras la aprobación de esa ley, el Banco de Ojos de la Clínica Oftalmólogica de la CCSS, pasó de hacer un promedio de 500 de esas operaciones al año a menos de 200 en el 2016, confirmó su director, Jorge Ramírez.
El Secretario Técnico Ejecutivo de Donación y Trasplante del Ministerio de Salud, César Gamboa Peñaranda, desconoce cómo se produjo ese error. Lo que sí sabe es que no lo cometió el equipo técnico que llevó el proyecto al Congreso.
"La ley salió con ese error, que no fue un error técnico de nosotros. Eso salió de la Asamblea, de gente que no es técnica. Nosotros ya hemos estado haciendo negociaciones con diferentes instancias a nivel de Asamblea para que eso se corrija", confirmó el funcionario.
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Regulación para evitar abusos
La ley 9222 busca regular todas las actividades relacionadas con la obtención y uso de órganos y tejidos humanos, tanto de donantes cadavéricos como de donantes vivos.
Lo anterior incluye la extracción, preparación, transporte, distribución y el trasplante.
Su aprobación y publicación se dio un año después de que trascendiera en medios de comunicación internacionales que el país formaba parte de una red de tráfico de órganos.
Fue cuando se hizo público el caso del jefe de Nefrología del Hospital Calderón Guardia, Francisco Mora Palma, quien fue detenido junto a otros médicos de ese centro de salud, y de personas externas al Calderón, como parte de una red de venta de riñones.
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Jorge Ramírez asegura que la ley fue un buen intento de blindar al país para evitar que se repitieran historias como la de Mora, que le dieron la vuelta al mundo.
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Sin embargo, ha trastornado la dinámica de un centro vital como el Banco de Ojos, que al día de hoy tiene enormes dificultades para procurar una córnea viable... en seis horas.
Mientras se corrigen los errores –si es que se encuentra voluntad legislativa para enmedar–, tanto el Ministerio de Salud como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) han tenido que recurrir a hacer un llamado a la población para que expresen la voluntad de donar.
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Se han lanzado ya muchas campañas motivando a la población para que lo expresen, porque, aunque esté en la licencia de conducir, este documento no es suficiente a la hora de la verdad: cuando hay un fallecido con potencial de donar.
En esa situación, siempre se tiene que consultar a familiares cercanos si están dispuestos a dar los órganos y tejidos de su pariente.
Además, la CCSS, internamente, organizó el sistema de donación y trasplante, designando hospitales 'procuradores de órganos' y centros especializados donde se realizan estas operaciones.
Según datos de la Secretaría Técnica de Donación y Trasplantes, la tasa promedio de donación entre el 2010 y el 2016 es de 4,5 donantes por cada millón de habitantes.
Solo el año pasado, se hicieron 354; 229 fueron de córneas, dato que toma en cuenta los procedimientos realizados tanto en la CCSS como en los hospitales privados.
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