EscucharLas siete personas detenidas como supuestos responsables del violento ingreso y los disturbios ocurridos el miércoles 26 de enero en el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, encaran una causa judicial por los delitos de motín, resistencia agravada y amenaza a funcionario público, confirmó a La Nación la oficina de prensa de la Fiscalía.
Se trata de cuatro mujeres y tres hombres, de los cuales seis fueron atendidos mediante el procedimiento expedito de Flagrancia, mientras que Marco Morales Albertazzi, quien fue aprehendido la madrugada de este jueves, enfrenta una causa por la vía ordinaria.
Todos se exponen a castigos de hasta cuatro años de prisión. De acuerdo con el Código Penal, estas son las conductas por las que se les investiga:
1. Motín: Está regulado en el artículo 304, según el cual: “Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren públicamente en número de diez o más, para impedir la ejecución de leyes o de las resoluciones de los funcionarios públicos o para obligarles a tomar alguna medida u otorgar alguna concesión”.
2. Resistencia agravada: Está tipificado en los artículos 312 y 313. “Se impondrá prisión de un mes a tres años al que empleare intimidación o violencia contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de un deber legal, para impedir u obstaculizar la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones. La misma pena se impondrá a quien empleare fuerza contra los equipamientos policiales utilizados por la autoridad policial para realizar su labor. Es agravada, entre otros aspectos, cuando fuere realizado por dos o más personas y cuando se agreda a la autoridad.
3. Amenaza a funcionario público: Según el artículo 316, se castiga con prisión de un mes a dos años a quien amenaza a un funcionario público “a causa de sus funciones, dirigiéndose a él personal o públicamente, o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica”.
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La Fiscalía advirtió que conforme avance el proceso de investigación, los tipos penales podrían variar.
En este momento se está a la espera de que tanto el Tribunal de Flagrancia como el Juzgado Penal programen las respectivas audiencias de solicitud de medidas cautelares.
Las acciones
Albertazzi y las otras seis personas de apellidos Reyes Reyes, Corella Soto, Ramírez Varela, Brenes Chavarría, Villalobos Leitón y Ramírez Alfaro, fueron detenidos luego de haber participado en violentas manifestaciones en el hospital herediano para reclamar que se diera de alta a un menor, alegando que las autoridades del centro médico lo retenían para vacunarlo en contra de la voluntad de sus padres.
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Tras estos hechos fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública e incluso según confirmó el ministro de Seguridad, Michael Soto; Morales Albertazzi habría escupido en la cara a la directora regional de la policía, poniendo en riesgo su salud.
La directora del Hospital, Priscilla Balmaceda, explicó que el niño ingresó por una patología respiratoria y durante su internamiento, se solicitó valorar por parte de Trabajo Social una condición social, por lo que no podía darse de alta hasta tener el egreso de ambos servicios, además confirmó que el pequeño tiene una solicitud de intervención por Trabajo Social por una indicación relacionada con la vacuna contra covid-19.
La Caja Costarricense de Seguro Social también repudió los actos y anunció la tarde del miércoles que denunciaría penalmente el ataque del grupo antivacunas que puso en riesgo al personal del Hospital y los usuarios que se encontraban ahí en ese momento.
