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No son ni las seis de la mañana cuando las pitoretas de varios furgones descargando mercadería y la caída de tarimas sonando como balazos en la madrugada, interrumpen el descanso a los vecinos de un gran centro comercial.
Los residentes vivían ahí primero. El supermercado llegó después con su escándalo sin horario. No importa si es domingo, jueves o feriado. Tampoco les importa la hora del día.
La Defensoría de los Habitantes asegura que ha recibido más de 800 denuncias por casos parecidos en los últimos años, según el expediente 135797-2013-SI.
Ruido. Contaminación sónica. Bulla insoportable. Casi la cuarta parte de las denuncias ciudadanas recibidas en el área de Calidad de Vida de esa institución, tienen como causa el exceso de ruido.
Centros comerciales, industriales y de entretenimiento (bares y restaurantes), forman parte de una larga lista de fuentes de contaminación sónica a la cual recientemente se han incorporado los “vendehuevos” de los domingos y el escape libre de motos y de otros vehículos.
El común en la mayoría de las quejas por ruido es ese sentir ciudadano de que faltan acciones efectivas de instituciones como el Ministerio de Salud.
Casi se escucha un clamor colectivo: Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
“No han hecho nada y el irrespeto a la tranquilidad es cada día mayor”, se quejó la ciudadana Eugenia Rojas por Facebook.
“Estarán las autoridades leyendo todas estas opiniones y no les importa”, dijo en el mismo espacio un lector que se identificó como Carlos Guillermo.
Pocos avances. En su investigación de oficio sobre el tema, la Defensoría de los Habitantes detectó varios problemas graves en la tramitación de este tipo de denuncias en el Ministerio de Salud.
Entre ellos, menciona el informe, los recursos limitados en equipo, personal y disponibilidad de horarios para hacer la medición sónica.
La Defensoría cuestiona la idoneidad de quienes realizan esas inspecciones, la calibración de los sonómetros y el hecho de que, como máximo, se hacen dos visitas al sitio de la denuncia. “Si no había ruido en ese momento, el problema queda sin resolver y simplemente se archiva”, dice.
“La contaminación sónica es uno de los principales problemas que enfrentan hoy las ciudades. El ruido es una perturbación del ambiente que constituye una de las principales amenazas a la calidad de la vida de las personas, dado que puede disminuir la eficiencia del trabajo e incrementar la tensión en los individuos”, aseveró la defensora, Montserrat Solano.
La Defensoría reconoce que se ha avanzado en cuanto a normativa. Hasta hace poco, solo había dos artículos muy generales relacionados con el tema.
Hoy, existe un reglamento que, según Salud, está en proceso de revisión y ajuste en aspectos como niveles de ruido y tipos de zonas.
Mas, en la práctica, es poco lo que se ve. Ya en el 2011, un informe del Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales (Cicima), de la Universidad de Costa Rica (UCR) reveló un incremento del 40% en la contaminación sónica.
Según ese análisis, los sitios más sensibles eran escuelas y hospitales. Esos estudios se publican cada seis años. El próximo se presentará en el 2017.
Además, el nuevo reglamento para control de ruido en vehículos no saca de circulación a los que exceden el límite máximo, solo impone una multa de ¢21.963.
Lo anterior explica, en parte, el gran enojo entre la gente sobre en relación con este tema.
“Todas las noches, unas motos superruidosas pasan ‘picando’. Es algo terrible porque despiertan a mis hijos, ¡pero no se puede hacer nada!”, comentó Laura Rojas, vecina de Goicoechea, en San José.
Sí, pero... En su respuesta al informe de la Defensoría, el ministro de Salud, Fernando Llorca Castro, remite a una reforma del Reglamento para el control de la contaminación por ruido, que, según dice, está en proceso de revisión y publicación.
La primer publicación de esa normativa, admite el jerarca, “fue publicada con algunas deficiencias”, que no especificó.
Contrario a los hallazgos de la Defensoría, Salud asegura que tiene recursos suficientes para responder a la demanda.
Lo dice el ministro y lo confirma Ricardo Morales Vargas, jefe de la Unidad de Normalización, de la Dirección de Protección al Ambiente Humano, en Salud.
Hay 82 sonómetros recién comprados --cada uno, costó alrededor de ¢1 millón--, con su respectiva calibración, y los funcionarios a cargo de su uso son capacitados periódicamente, dijo Morales Vargas.
Agregó que las 82 áreas y las nueve regiones que integran el Ministerio tienen equipo y que en cada lugar hay unos tres encargados de regulación ambiental.
“Los recursos están, pero hay que buscar cómo hacer su uso más eficiente”, reconoció el funcionario Morales.
Un tema pendiente, según reconoció Ricardo Morales, es el inicio de la comunicación sobre este asunto con los municipios. Estas instituciones, como gobiernos locales, están en la primera línea de responsabilidad para frenar la contaminación sónica.
