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El expropietario de dos conocidos bares en San Pedro de Montes de Oca, San José, es señalado como uno de los responsables de organizar, de manera recurrente, fiestas clandestinas en una finca de San Rafael de Heredia.
Informes de la Municipalidad del cantón herediano indican que se trata de Paolo Tobías Vaglio Arias, a quien funcionarios del ayuntamiento han intentado localizar en incontables ocasiones, pero, según dicen, siempre se esconde.
Por esta razón, optaron por enviarle notificaciones por medio de WhatsApp y correo electrónico, a los que tampoco contesta.
De acuerdo con la Municipalidad de San Rafael de Heredia, las actividades que realiza dejan ganancias millonarias, evaden todo tipo de impuestos, se extienden hasta por 15 horas y son coordinadas y divulgadas mediante canales privados en redes sociales.
Los eventos ilegales ocurren desde hace semanas en una amplia propiedad ubicada en la comunidad de Getsemaní, en el distrito Cuatro Ángeles. Se tienen reportes de aglomeraciones de cientos de personas sin mascarilla, venta de alcohol e incluso presencia de menores de edad.
Así consta en informes policiales a los cuales tuvo acceso La Nación y que ahora son parte de un extenso expediente que lleva el gobierno local por este caso.
El continuo desorden e irrespeto a medidas sanitarias por pandemia ha ocurrido con total libertad por casi dos meses, ya que el acceso al sitio está protegido con un portón y, aunque las autoridades han solicitado allanamientos en tres ocasiones, ningún juez los ha autorizado.
Verny Valerio Hernández, alcalde de San Rafael, indicó a La Nación que el lugar donde se realizan estas fiestas ilegales es una de las casas más grandes que hay en todo el cantón y que es catalogada como mansión.
“Ha habido gran oposición y molestia de los vecinos, ya que se realizan eventos que duran muchas horas y además la concentración de personas es enorme, llegan hasta 500 personas inclusive.
“Son actividades comerciales clandestinas porque ni los organizadores ni la casa cuentan con patentes, permisos sanitarios de funcionamiento, seguros y demás. Estamos muy preocupados”, señaló el jerarca municipal.
El alcalde dijo sentir mucha frustración de haber utilizado tantos recursos para recolectar las evidencias para armar este caso y que los jueces de la República ni siquiera colaboren con las órdenes de allanamiento.
“La propiedad no está sobre vía pública, sino en una servidumbre y para llegar a la casa hay que entrar como 100 metros, entonces para los dueños es muy sencillo cerrar el portón de afuera y no dejarnos entrar.
“Yo soy abogado y entiendo el tema de la propiedad privada, pero acá hay bienes jurídicos superiores, como la salud, la vida y la integridad de las personas. Además, durante la pandemia nuestros patentados en el cantón han sido muy obedientes y no es justo que estos otros lucren al margen de la ley”, argumentó.
Intervenciones
Una de las primeras intervenciones ocurrió el pasado 4 de julio, cerca de las 10 p. m. Según el reporte de la Fuerza Pública, había cerca de 200 personas y varios oficiales fueron amenazados por asistentes del evento.
Cuando los funcionarios se encontraban al frente del sitio, coordinando la clausura del lugar, una “turba” de jóvenes ingresó “violentamente” a la finca y hasta rompió una parte de la malla de seguridad exterior.
“Se llega al portón de entrada a la propiedad, se consulta por el organizador de la fiesta y se presenta el señor que se identificó como Paolo Tobías Vaglio Arias, manifestó ser el responsable y organizador de la fiesta”, indica el acta policial.
Los oficiales señalaron que cuando le indicaron a Vaglio que debía finalizar la actividad por el irrespeto a las medidas sanitarias, el empresario “hizo caso omiso e ingresó a la propiedad del otro lado del portón”.
También consignaron que al sitio se presentó otro hombre que se identificó como Joan Sebastián Rivera Bedoya, en calidad de abogado del organizador de la megafiesta.
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El informe agrega que, a pesar de que se solicitó el auxilio del Ministerio Público, la jueza penal Yuliana Araya Rodríguez ordenó que solo se le dijera al organizador que cerrara las puertas y no dejara entrar a más personas.
Al final, aunque los policías colocaron los sellos de clausura en la entrada principal del sitio, los responsables de la actividad los arrancaron horas después para que más jóvenes ingresaran.
La Municipalidad de San Rafael determinó que esta propiedad de 14.500 m² está a nombre de la sociedad anónima Daykafra S.A. de la que un hombre de apellidos Vargas Cruz es el apoderado generalísimo.
Este individuo de 62 años recibió un apercibimiento de parte de inspectores municipales el 15 de julio, en el que se le ordenó, de manera expresa, abstenerse de realizar cualquier actividad lucrativa o fiesta en el cantón.
Sin embargo, los eventos continuaron en la finca privada y el pasado 15 de agosto el sujeto fue notificado nuevamente ya que se rechazaron dos recursos de apelación que presentó para evadir la responsabilidad.
Ahora, el ayuntamiento de San Rafael podrá elevar el caso a la Fiscalía por desobediencia a la autoridad, al tiempo que intenta notificar de manera personal a Vaglio Arias para que su proceso lleve el mismo camino.
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Negocios
La Municipalidad de Montes de Oca confirmó a este diario que Vaglio fue el dueño de un antiguo bar en su cantón llamado Mandala, el cual estaba ubicado en la conocida Calle de la Amargura.
Además, indicó que el empresario ha tramitado seis licencias comerciales y cuatro licencias de licores desde 2013, pero que todas han sido retiradas o suspendidas por infringir la ley.
El hombre también fue el propietario de otro reconocido comercio del cantón, llamado bar La Nena, que en años anteriores era muy frecuentado por estudiantes josefinos.
Además, fuentes internas del ayuntamiento confirmaron que el empresario también habría estado vinculado con el difunto Club Dope, que estaba ubicado cerca de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El individuo de 36 años, al parecer, también fue productor de una empresa llamada Noches VIP Costa Rica que se encargaba de traer artistas internacionales a espacios nocturnos como Club Vértigo, entre otros.
Actualmente, el hombre aparece con una deuda de ¢3,3 millones al Ministerio de Hacienda por concepto de impuesto de la renta de años 2016 y 2017, además de ¢1,2 millones por cobro administrativo a la Caja Costarricense de Seguro Social.
Su participación en las citadas fiestas clandestinas es importante, ya que de acuerdo con las autoridades municipales, dentro del círculo de responsables, él sería la persona que más lucra con los eventos.
Indican que en una sola actividad han identificado hasta 300 personas que pagan ¢5.000 por parqueo y ¢10.000 por entrada, generando al final una ganancia -solo por entradas- de ¢3 millones por cada evento.
Además, subrayan que los organizadores también brindan “paquetes vip” en donde les cobran hasta ¢120.000 colones a grupos de jóvenes por un combo de una “mesa especial”, una botella de licor y cinco entradas.
Es decir, ganan todo este dinero sin tributar un solo colón y evadiendo todas las medidas sanitarias existentes.
Anteriormente, la Asociación de Bares, Restaurantes y Afines (Asobares) criticó este tipo de actividades por considerarlas “competencia desleal”, ya que no pagan ningún tipo de permisos ni respetan los aforos.
“Por estas fiestas sin protocolos puede haber un aumento de casos de covid-19 y que luego se castigue al comercio que tanto le ha costado levantarse”, declaró José Francisco Quesada, presidente de la Asociación.
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‘Había una menor de edad drogada’
La Municipalidad de San Rafael investiga a los organizadores de estas megafiestas por “incumplimiento de restricciones del decreto de emergencia sobre covid-19, realización de eventos masivos sin contar con permisos municipales, desobediencia a la autoridad, evasión tributaria y venta ilegal de licor”.
Mediante las decenas de actas de inspección ocular que ha realizado en los últimos meses, el ayuntamiento ha comprobado que en los eventos clandestinos colaboran reconocidos DJs, fotógrafos y modelos ticos.
Este martes realizó otra visita al sitio porque recibió denuncias de vecinos que indicaron que una fiesta se había extendido durante toda la noche y hasta horas de la mañana.
Cuando los funcionarios municipales se acercaron al recinto, una persona que salió de la propiedad indicó que adentro “había una menor de edad drogada”, aparentemente con pastillas, como éxtasis, por ejemplo.
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De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la sociedad anónima Daykafra S.A. está inscrita desde el 2017 como “fabricación y reparación de muebles y accesorios”, en el sector económico “industria manufacturera”.
La representante legal de esta sociedad es una mujer de 40 años de apellidos Vargas Espinoza, quien actualmente se encuentra fuera del país, por lo que tampoco ha podido ser notificada, indicó el ayuntamiento.
Por ahora, las autoridades de San Rafael de Heredia continuarán trabajando para lograr acabar con estos festejos ilegales y sentar responsabilidades a los organizadores, principalmente a Vaglio Arias, a quien catalogan como una persona “ilocalizable”.
La Nación intentó conversar con este sujeto, pero no respondió a las llamadas y los mensajes que se le enviaron a su número de celular el jueves 19 de agosto.
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