Falta de agua y hacinamiento ponen a asentamientos irregulares en alto riesgo frente a coronavirus

La falta de agua potable e instalaciones sanitarias, así como el hacinamiento, convierten a los asentamientos irregulares en zonas de altísimo riesgo ante el nuevo coronavirus.

Miles de familias que residen en esos sitios carecen de baños y lavatorios en sus domicilios y hay caseríos donde se abastecen de agua en puntos de acopio comunal al que concurren los vecinos.

La mayoría de casas en estas comunidades son pequeñas lo que complica aplicar el distanciamiento social solicitado tan insistentemente por las autoridades sanitarias, dada la profunda facilidad de contagio del nuevo virus respiratorio, causante del covid-19.

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Además, el hecho de que en esos sitios carezcan de acceso a servicios de Internet o telefonía de forma consistente, dificulta el acceso a las recomendaciones del Ministerio de Salud para evitar el contagio.

¨Ya estamos atendiendo asentamientos donde nos piden ayuda porque no tienen qué comer, incluso familias con casa pero sin cómo generar ingreso porque no hay trabajo¨, explicó Minor Rodríguez, gerente de la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi).

Frente a esta situación, el Gobierno y las municipalidades aceleraron la búsqueda de medidas para evitar la propagación masiva del covid-19 en los asentamientos irregulares.

Patricio Morera Víquez, viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, confirmó que se elabora un protocolo con acciones preventivas y medidas en caso de aparecer contagios dirigido a cantones con este tipo de asentamientos.

En Costa Rica se tenían detectados 660 asentamientos irregulares para 2018, según información de Vivienda, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y de la Fundación Techo. En esos comunidades se calcula que viven unas 220.000 personas.

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La gran mayoría se halla en la Gran Área Metropolitana (GAM), principalmente en 20 cantones densamente poblados y en algunos de los cuales se reportan personas con el nuevo virus.

Es el caso de Alajuela con 45 casos al 26 de marzo; San José (23 casos), Tibás (12), Heredia (9), Goicoechea (8) y Desamparados (8).

Otros cantones con asentamientos irregulares son: Aguirre, Alajuelita, Bagaces, Cañas, Cartago, La Unión, Liberia, Limón, Naranjo, Paraíso, Parrita, Pérez Zeledón, Pococí, Puntarenas, Sarapiquí y Siquirres.

¨Nuestra estrategia tiene a los municipios como los principales agentes para sacar adelante a estas familias. A nivel preventivo la línea es simple: llevarles el mensaje de Salud y brindarles condiciones sanitarias básicas¨, explicó Morera.

Manos a la obra

De acuerdo con Karen Porras, directora de la Unión de Gobiernos Locales (UNGL), esta semana, alcaldes y equipos técnicos de los 20 cantones con asentamientos irregulares trataron el tema en una reunión virtual.

También participaron representantes de Vivienda, Salud, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) , el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y otras organizaciones.

A partir del encuentro, se acordó que las municipalidades deben elaborar un plan de atención de asentamientos informales con prioridad en el tema del agua para lavado de manos e higiene en general. Esto, justamente, es parte del protocolo previsto que servirá como hoja de ruta en estos casos.

Los ayuntamientos deberán crear equipos de atención y elaborar un diagnóstico de sus asentamientos irregulares que incluya localización, sitios de mayor riesgo, identificación de líderes comunitarios que sirvan de enlace y necesidades más apremiantes de la municipalidad frente a las identificadas en el lugar.

También deben hacer una lista de la población con más riesgo a partir de datos oficiales del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), Dirección General de Migración y Extranjería, y otras fuentes como mapas, entrevistas y encuestas comunitarias.

Como la mayoría de estas familias carece de ahorro y empleo formal, dependen de labores informales de subsistencia, lo cual obliga a sus integrantes a salir de las viviendas todos los días (no es teletrabajable). Tal dinámica afecta también la implementación del distanciamiento social y aislamiento.

Por esa razón, las autoridades y municipios requieren acumular la mayor cantidad posible de información para prepararse e incluso abrir canales de denuncia (línea telefónica, mensajes de texto, redes sociales, grupos de WhatsApp) para poder detectar casos sospechosos a tiempo.

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Marcela Guerrero, jerarca del IFAM, señaló que uno de los puntos más sensibles es cómo asegurar el suministro de agua. Entre las posibilidades se valora aumentar el suministro mediante camiones cisterna y aprovechar la entrega del líquido para dar información.

Otras líneas de acción incluyen acudir a servicios locales de prensa, radio, perifoneo, vallas y otros materiales para difundir las recomendaciones de higiene del Ministerio de Salud como el correcto lavado de manos, protocolo de estornudo y al toser, entre otros.

Por otra parte, también se pedirá a los municipios detener o reprogramar procesos de desalojo o desahucio a población que habite en asentamientos informales mientras se mantenga la declaratoria de estado de emergencia nacional.

Casas disponibles

Ante el riesgo que representan los asentamientos irregulares, la Fundación Promotora de la Vivienda (Fuprovi) propuso reubicar a parte de las familias en 1.400 viviendas de interés social que ya están listas para ser habitadas.

Minor Rodríguez, gerente de Fuprovi, aseguró que los trámites ordinarios de formalización para asignar esas casas podrían durar entre tres y cuatro meses y que, por ello, plantearon una propuesta al Banco Hipotecario de Vivienda (Banhvi).

¨Estamos diciendo en aquellos proyectos ya terminados mejor pasarlos de inmediato a un ritmo de 10 casas por día, por ejemplo, a las familias mediante un contrato de uso gratuito mientras finalizan los trámites regulares de forma que así sacamos personas del asentamiento¨, explicó.

Fuprovi también propuso darle una atención prioritaria a los proyectos que se encuentran en trámite ante entidades autorizados, en particular aquellos destinados a erradicación de precarios para que se puedan empezar a construir las casas.