EscucharMaría Cruz Ballestero ni siquiera existe en el padrón electoral.
Aun así, una empresa proveedora de insumos de Ortopedia utilizó ese nombre falso para intentar cobrar al Hospital Calderón Guardia $659 por varios tornillos y pernos para curarle una quebradura.
La factura con su nombre fue emitida en el 2011 por Synthes Costa Rica S.C.R. Ltda. Ese mismo año, esta empresa extendió otro cobro por un monto similar a un paciente de apellidos Morera Azofeifa, que no tiene expediente en el Calderón.
Otra factura, la número 9204 del 26 de noviembre de 2009, confeccionada por un monto de $620, se hizo con el nombre de un paciente a quien le consignaron la cédula de identidad de un hombre fallecido dos años antes, el 20 de octubre del 2007.
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Los anteriores son solo tres casos de una amplia lista que aporta la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual en la segunda acusación por el llamado caso Synthes, que se tramita bajo el expediente 14-000049-612-PE.
Por estos hechos, ocurridos en el Hospital Calderón Guardia, entre el 2009 y el 2011, la Fiscalía le atribuye a un empresario de origen cubano 100 delitos de estafa en concurso material con 100 delitos de falsedad ideológica en perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Se trata de un médico de profesión, identificado como Lorenzo Castaño Suárez.
Este hombre figuraba como el encargado de las relaciones comerciales entre Synthes y la CCSS y responsable de la firma de contratos, licitaciones y adjudicaciones para compras de insumos de Ortopedia.
Contra él, la Fiscalía giró una orden de captura internacional con fines de extradición, informó la oficina de prensa del Ministerio Público. En marzo del 2018, su abogado informó de que vive en República Dominicana y no vendrá al país.
Además de Castaño, en esta causa aparece como coimputado el enfermero Edwar Aguilar Alcócer, quien fue jefe de ventas del área de Trauma de esa empresa, subalterno de Castaño, y responsable de revisar, verificar y gestionar las ventas de insumos ortopédicos mediante facturas que su personal de ventas tramitaba ante la CCSS.
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“Lorenzo Ramón Castaño Suárez y Edwar Mauricio Aguilar Alcócer, son coautores responsables y las delincuencias acusadas las llevaron a cabo a través de la razón social o persona jurídica utilizada directamente en la ejecución de la estafa, a saber, Lorwen S. A. y Synthes Costa Rica S.C.R. Limitada (en adelante Synthes)”, cita el documento con la acusación, del cual tiene copia este diario.
La acusación, la presentó la fiscala Dixiela Madrigal Mora ante el juez penal de la etapa intermedia, ante el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, el 1.° de febrero.
En esta acusación, la Fiscalía encontró que los imputados Castaño Suárez y Aguilar Alcócer “desplegaron todas las acciones posibles para que la CCSS cancelara insumos ortopédicos en 4.516 pacientes que no fueron intervenidos quirúrgicamente y que no recibieron dichos insumos”.
Reclamo de $6 millones
La Caja, por su parte, presentó sus pretensiones económicas relacionadas con este caso, para compensar el daño que le habría causado la actuación de estas personas y de la empresa.
Su intención es cobrar alrededor de $6 millones. De estos, más de $3,4 corresponden a los hechos sucedidos en el Calderón Guardia, incluyendo los daños morales. El resto, por lo sucedido en el Max Peralta de Cartago y lo correspondiente al pago de costas personales y procesales.
La acción civil se planteó contra Castaño, Aguilar, y la empresa Synthes, de acuerdo con un documento presentado por el abogado de la institución, William Rodríguez Alvarado, ante la Fiscalía de Delitos Económicos, del primer Circuito Judicial de San José, el 5 de febrero.
El expediente con la acusación también fue trasladado a la Procuraduría General de la República (PGR), como representante del Estado, para que determine si presenta o no una querella (acusación particular) o acción civil resarcitoria.
Sobre este tema, la vocera de Synthes, Carolina González, rechazó la acusación. Según dijo fueron “actuaciones de personas físicas que fueron desconocidos por nosotros y no corresponden a una decisión o instrucción corporativa”.
“Somos respetuosos de las instituciones costarricenses y hemos colaborado con el proceso de investigación y continuaremos haciéndolo”, añadió González.
Cinco años de investigaciones
El llamado “caso Synthes” se hizo público en enero del 2014, aunque los hechos en el Hospital Calderón Guardia sucedieron entre el 2009 y el 2011.
Luego trascendió que la misma mecánica de utilizar pacientes falsos o muertos se habría utilizado en otros tres hospitales de la Caja: el México y San Juan de Dios, en San José, y el Max Peralta, en Cartago.
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La Fiscalía abrió cuatro expedientes, uno por cada hospital. Hasta el momento, solo han salido las acusaciones por lo sucedido en el Max Peralta (setiembre del 2018), y el Calderón. La causa del San Juan se archivó, y la del México está pendiente de resolver. Ninguna de las causas ha sido elevada a juicio.
De todos los cuatro casos, el del Calderón es el principal. No solo fue ahí donde se descubrió la presunta estafa, también fue donde se habrían registrado los hechos más graves.
En ese hospital, los médicos detectaron en el 2011 anomalías en la tramitación de 1.025 facturas relacionadas con la adquisición de piezas para operaciones de Ortopedia, desde clavos y tornillos hasta prótesis de cadera.
El intento de fraude se estimó en $2,3 millones, y fue pasado inmediatamente a conocimiento del Ministerio Público.
Ortopedia es una de las especialidades más críticas en la Caja. Los pacientes son víctimas, principalmente, de los accidentes de tránsito y de episodios de violencia, que generan traumatismos en los huesos.
Castaño y el coimputado Aguilar, según la acusación de la Fiscalía, no solo recurrieron al uso de personas fallecidas para llenar estas facturas, sino también a pacientes de otras especialidades como Ginecología y Urología, donde no se necesitan este tipo de insumos.
Como ocurrió en la primera acusación, relacionada con los hechos registrados en el hospital cartaginés, en el Calderón la Fiscalía encontró que Castaño Suárez y Aguilar Alcócer orquestaron un “plan delictivo".
”(...) planearon, estructuraron y ejecutaron un plan delictivo con el objetivo de inducir en error a los funcionarios del Servicio de Ortopedia y Proveeduría del Hospital Calderón Guardia, simulando hechos falsos y deformando hechos verdaderos, con la finalidad de obtener beneficios patrimoniales antijurídicos para la empresa Synthes Costa Rica S.C.R. Ltda. y para sí mismos, lesionando así el patrimonio del Estado costarricense y Caja Costarricense de Seguro Social", menciona la acusación.
