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La discusión sobre lo que será el futuro de 117 Ebáis administrados por cooperativas será motivo de un intenso pulso en el máximo órgano de decisión de la CCSS, que se apresta a decidir si mantiene los contratos a terceros o institucionaliza los servicios de atención primaria en salud.
El representante laboral de las cooperativas en ese órgano, José Loría Chaves, asegura que antes de tomar cualquier decisión se deberá someter el tema a una discusión profunda, pues diferentes informes de la misma entidad han demostrado que la atención dada por cooperativas es de mejor calidad y menor costo que la brindada por la misma institución.
"El tema de la institucionalización de los Ebáis, debe ser parte de una reflexión de la Junta Directiva donde se priorice la discusión de la demanda insatisfecha de la institución en el primer nivel de atención. La Caja está obligada a dar una atención oportuna y de calidad a todos los pacientes. Tiene que revisar cómo están operando las áreas de salud y los Ebáis que administra directamente porque tenemos una demanda insatisfecha que significa que miles de personas, todos los días, hacen un esfuerzo para pedir una cita y no la consiguen.
“Desde ese punto de vista, la lógica diría que la Caja debería preocuparse más por hacer bien lo que ya está en manos de ella que por institucionalizar servicios que, en manos de cooperativas, han demostrado dar buenos resultados”, aseguró Loría.
El directivo confía en que sus otros ocho compañeros de Junta “tengan el sentido común” de mantener 500.000 asegurados con buenos servicios que no le han causado problema a la Caja. “Ha sido una buena alianza y se debe mantener”, agregó.
Por su parte, los gerentes de las siete cooperativas que actualmente dan servicios, están dispuestos a ir hasta Casa Presidencial para solicitar el apoyo necesario. En los últimos días, han acudido a diputados para solicitar respaldo.
Actualmente, más de 500.000 habitantes de sitios como Barva, Tibás, Desamparados, Pavas y San Pablo de Heredia acumulan alrededor de tres décadas de recibir atención en salud con cooperativas contratadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
De los nueve contratos vigentes a inicios de este año, dos ya vencieron, incluyendo el que se tenía con la Universidad de Iberoamérica (Unibe), cuya institucionalización de servicios arrancó el 18 de febrero.
Los otros siete contratos concluyen entre diciembre próximo y abril del 2021. Son los que manejan las cooperativas en Tibás (Coopesaín); Escazú, San Francisco y San Antonio de Desamparados (Coopesana); Barva y San Pablo de Heredia (Coopesiba); y Pavas y Desamparados (Coopesalud).
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Eduardo Cambronero Hernández, director de la Dirección de Red de Servicios de Salud de la Caja, confirmó a La Nación, a mediados de febrero, que la institución debe valorar si lanza una nueva licitación para contratar nuevamente con terceros estos servicios, o si tiene la suficiente capacidad instalada para retomar directamente la provisión de la atención primaria en salud.
Cualquier decisión que se tome, dijo en su momento Cambronero, debe tomar como base un estudio de costos, que ya está listo pero no ha sido presentado todavía a Junta Directiva.
Es un hecho que la CCSS se verá obligada a pedir a la Contraloría General de la República un permiso especial que le permita extender los contratos hasta por dos años, mientras toma la decisión final: si lanza la licitación o si retoma la provisión directa de los servicios, como hizo recientemente con los llamados Ebáis del este (Montes de Oca, Curridabat y La Unión).
Los gerentes de las cooperativas, sin embargo, están exigiendo a la Caja lanzar la licitación pública.
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“Sentimos un desprecio por parte de la Junta Directiva de la Caja para el trabajo que hemos hecho por 30 años, y despreciar el trabajo de un aliado que ha dado de manera honesta y creativa acciones para la mejora de los servicios, es algo que yo no concibo... ¡Eso no se vale!”, comentó Óscar Abellán, gerente de Coopesiba, y vocero de los gerentes de las cooperativas.
Según las cooperativas, hay un interés de la CCSS por ahogarlas económicamente.
"Si se sacan a concurso ya, solicitamos que se amplíen los contratos pero con la certeza de que vamos a concursar en una licitación y no que la CCSS hará lo posible en este tiempo para que nuestros servicios desmejoren y tener los argumentos para institucionalizarlos.
“Sabemos que la estrategia es ampliar pero sin sacar a concurso, después ya no hay contrato pero así no es la cosa. Ampliación tiene sentido siempre y cuando salga la licitación”, advirtió Abellán, quien informó de que están acudiendo a los diputados y recurrirán hasta el presidente Carlos Alvarado si fuera necesario.
Al cierre de edición, se intentó tener una reacción de la CCSS sobre este tema, pero no fue posible.
