Los usuarios que se quejan son recibidos con hostilidad, afirma bioética sobre mala praxis en CCSS

Esa característica, según la experta, se ve reflejada en la forma en que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrenta los casos de mala praxis, pues es poca o nula la información que tienen los asegurados para saber cómo denunciar.

Además, la entidad se enfrasca en procesos judiciales que tardan hasta 20 años, los cuales han provocado, solo entre 2018 y 2022, condenas por ¢855 millones.

La especialista conversó con La Nación sobre este tema:

- Hemos visto que existen dos vías para reclamar presuntos casos de mala praxis médica en el país, una de ellas es ante los tribunales de justicia y la otra es ante una comisión integrada por los mismos médicos de la CCSS ¿Es usual en el mundo este modelo, en el que médicos determinan si sus compañeros o su empleador cometieron faltas en la atención de un paciente?

- Esa es la forma como funciona el ámbito disciplinario en el sector público de Costa Rica. Así como funciona en la Caja, funciona en todas las instituciones del Estado.

“Esa dimensión disciplinaria lo que dice es que la institución es la encargada de convocar una comisión para analizar la queja, recabar la prueba y definir si hubo o no una falta y qué sanción aplicar (...) Eso es lo usual en este país, hay muchas formas distintas en diferentes países para resolver este tipo de quejas.

“En el mundo occidental, lo común es que la Medicina se está judicializando. Es inusual que exista una vía alternativa. Lo usual es que si una persona se siente agraviada porque recibió un servicio de salud, que hubo un error médico o lo que fuese, acuda a la vía judicial y ahí se resuelva de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada país.

“En algunos otros países, los colegios profesionales o las asociaciones profesionales también tramitan quejas de este tipo para definir si tienen que suspenderle la licencia profesional a alguien”.

- ¿Considera que en Costa Rica las personas usuarias de servicios de salud tienen la información adecuada para tomar acciones en este tipo de casos?

- No. En mi opinión, este es un problema histórico, estructural e idiosincrático, tiene que ver con la cultura organizacional de las instituciones del Estado. En general, hay una enorme resistencia a la rendición de cuentas y la apertura al escrutinio público. Entonces, la tendencia general es a percibir con hostilidad a los usuarios que quieren quejarse de un servicio.

“Fue un gran paso que la Caja abriera el sistema de Contraloría de Servicios para que las personas pongan una queja, pero el problema de ese modelo es que depende mucho de la habilidad de la persona a cargo de esa oficina.

“(...) Cualquier institución que tenga que ver con la salud pública debe entender que el apoyo psicológico es un deber. Entonces, si una persona que perdió a un familiar y sospecha que murió por mala praxis lo llenan de lenguaje administrativo o lenguaje jurídico para poner una queja, esa es una forma de revictimización emocional y moral. Ahí hay una falla institucional que no se resuelve con leyes, reglamentos o más burocracia. Es urgente que si no hay cambios en la cultura gremial e institucional no importa cuántas leyes o decretos se aprueben, nada va a cambiar.

- La Caja podría decir que entre 2018 y 2022 solo recibió 12 quejas administrativas por mala praxis y que ese es un número bajo, que el problema es menor...

- Eso sería una falacia (...) No podemos decir que esa cifra (12 quejas en los últimos cinco años) es representativa, porque no lo es. Nadie puede afirmar que esas son el 100% de las personas que tenían alguna queja contra la Caja. Lo que sí sabemos, en perspectiva cualitativa, por el ruido de la opinión pública, es que hay una enorme cantidad de personas que tienen insatisfacciones con la Caja, que sienten que han recibido un servicio inadecuado y nunca llegan a poner la queja.

- ¿Por qué podría suceder eso?

- Una explicación posible es que no saben cómo presentar la denuncia, otra es que no tengan los recursos. Si uno quiere poner una denuncia por mala praxis y no tiene dinero para contratar un abogado privado se puede ir al Organismo de Investigación Judicial, a la Fiscalía y ellos tomarán el caso e iniciarán el proceso, pero eso requiere tiempo y un nivel mínimo de alfabetización.

- En los últimos cinco años, la CCSS fue condenada al pago de ¢855 millones por ocho casos de mala praxis en los que pacientes sufrieron lesiones graves o murieron por faltas o descuidos del personal médico ¿Si la entidad tuviera una cultura organizacional de reconocer errores podría generarle ahorros?

- Creo que sí. Creo que podría ahorrarse dinero no solo al evitarse sentencias judiciales con multas millonarias, sino también ahorrar dinero en muchos sentidos. Por ejemplo, en consultas reiterativas, que son personas que siguen consultando a la espera de que las atienda un médico distinto porque en la primera experiencia recibieron un trato inadecuado o se sintieron intimidados y no reportaron por completo sus síntomas.

- El Colegio de Médicos reconoce que algunos profesionales encuentran formas de evadir inhabilitaciones, como sacar vacaciones que tenían acumuladas o pedir permisos sin goce de salario, de esa forma pasan los periodos de inhabilitación y luego regresan a trabajar a la Caja como si nada hubiese pasado ¿Cuál es su opinión?

- Ese es un ejemplo de esto que llamo un problema estructural, es todo lo opuesto a la rendición de cuentas. Ahí hay una cadena de responsabilidad, si la institución funcionara bien, alguien más iniciaría un proceso administrativo contra las personas que no tomaron las decisiones cuando les correspondía y facilitaron que ese tipo de cosas sucedan, pero no actúan de oficio, solo actúan reactivamente.

“Me parece más grave aún, que el Colegio sepa que médicos utilizan ese tipo de métodos para evadir sanciones, si eso se sabe quiere decir que es algo que forma parte de la cultura. Tenemos un problema serio, porque eso solo se puede reproducir a través de cadenas de impunidad, quiere decir que estamos normalizando la impunidad”.