EscucharDesde la detención de Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por los presuntos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública por adjudicar diez áreas de salud a cuatro cooperativas y una asociación médica por ¢471.000 millones durante 10 años en el caso Barrenador, las gerencias y departamentos técnicos de la entidad evitan tener algo que ver con esos contratos.
Así lo evidencian una cadena de oficios en poder de La Nación que muestran cómo unidades de varias gerencias evaden ratificar el análisis elaborado por María Gutiérrez Brenes, gerente general interina, el cual sirvió como base para que la Junta Directiva de la CCSS adjudicara pese a la existencia de varios análisis de costos e informes que advertían precios ‘excesivos’ en las ofertas de las cooperativas y la asociación médica.
Gutiérrez firmó en solitario un informe con el que recomendó, el pasado 6 de julio, adjudicar la millonaria licitación, lo hizo en su condición de directora de Proyección de Servicios de Salud, a pesar de que ese puesto no tiene dentro de sus competencias realizar análisis de costos o financieros para la decisión de contrataciones.
La Auditoría Interna de la CCSS denunció ese hecho y, además, afirmó que el análisis de Gutiérrez ni siquiera se ajustó “a la metodología establecida institucionalmente”.
Por este caso, el pasado 23 de setiembre, el Ministerio Público detuvo a Esquivel, a Gutiérrez y a seis personas más entre directivos y exdirectivos. Desde entonces, la adjudicación y el proceso de formalización de los contratos para operar las diez áreas de salud se convirtieron en una ‘brasa’ que nadie quiere.
Por ejemplo, el 11 de octubre, Alexander Sánchez Cabo, gerente médico interino de la Caja, envió una nota a Esteban Vega de la O, gerente de Logística, en la que afirma que su despacho no tiene la “competencia”, ni “responsabilidad” de revisar los presupuestos detallados por cada uno de los adjudicatarios, ese trámite es necesario para formalizar los contratos relacionados con las adjudicaciones.
En la actualidad, las adjudicaciones están en firme, según confirmó la Contraloría General de la República el pasado 25 de setiembre, y los interesados depositaron las garantías de cumplimiento, pero hace falta el refrendo de la Dirección Jurídica de la CCSS.
Precisamente, para eso se requiere la revisión detallada de los presupuestos y la verificación de la estructura de precios. Sin embargo, de acuerdo con el oficio firmado por Sánchez, esas tareas “le corresponden a la Gerencia Financiera y sus dependencias, quienes tienen la competencia técnica atinente al caso”.
No obstante, desde el 21 de agosto, el Área de Contabilidad de Costos señaló que no le correspondía completar los pasos mencionados, pues la adjudicación no se basó en los análisis de precios elaborados en ese departamento, sino en un “análisis” hecho por Gutiérrez.
Además, el 9 de octubre anterior, Andrey Sánchez Duarte, director Financiero Contable de la CCSS, reiteró en el oficio GF-DFC-2014-2024 la imposibilidad de revisar los presupuestos y verificar la estructura de precios, ya que el plan de gastos utilizado por la Junta Directiva para la adjudicación “no fue generado por el Área Contabilidad de Costos”.
“Se ratifica la imposibilidad técnica para proceder con las aprobaciones de los mecanismos de revisión de precios o cualquier otro estudio técnico-financiero relacionado con esta contratación”, enfatizó Sánchez.
Por último, el 15 de octubre, la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios envió una carta a Gilberth Alfaro, director jurídico de la CCSS, en el que consulta cuál es la unidad que debe emitir esas revisiones, si esas gestiones son imprescindibles para firmar los contratos y si la imposibilidad de contar con esas verificaciones podría constituirse en un vicio de nulidad para las adjudicaciones, entre otras.
Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la CCSS, declaró que la próxima semana enviarán nuevas preguntas a la Dirección Jurídica, pero incorporando los argumentos expuestos por la Contraloría General de la República para anular la adjudicación del Área de Salud San Francisco-San Antonio, que fue la única en la que participaron dos oferentes y uno de ellos apeló.
El pasado jueves, la Contraloría declaró la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la adjudicación a favor de Coopesana por la ausencia de estudios de razonabilidad de costos.
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El caso Barrenador
La investigación penal por un posible sobreprecio en la contratación de cuatro cooperativas y una asociación médica para administrar 138 Ebáis de la Gran Área Metropolitana fue denominada por el Organismo de Investigación Judicial como Caso Barrenador.
Según la Policía Judicial, hace referencia a lo que sucede con la larva que se alimenta del organismo huésped. “En este caso, se creó supuestamente un esquema de corrupción que al parecer beneficiaría a las cooperativas por parte de la Junta Directiva (CCSS) presuntivamente”.
El OIJ agrega que se alude a los huevos del gusano que se comen al sistema o al huésped, “lo mismo en apariencia pasó con las cooperativas y la Junta Directiva, ya que al parecer debilitaron desde adentro la Caja del Seguro Costarricense (CCSS), aparentemente consumiendo el dinero de las personas usuarias del sistema de Salud Pública”.
