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Tres funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cumplirán este mes un año de estar suspendidos con goce de salario, periodo durante el cual habrían recibido en sueldos ¢109 millones.
Se trata del gerente de Logística, Luis Fernando Porras, y sus dos asesores, Hans Vindas Céspedes y Cristina Díaz Rivera, bajo investigación por posibles anomalías en la compra de 12 millones de mascarillas por $4 millones a dos proveedores inexpertos en medio de la pandemia.
Porras tiene una remuneración mensual de ¢4,8 millones, según información suministrada por la oficina de prensa de la CCSS. De esta forma, hasta este agosto recibiría ¢62,4 millones, incluidos doce salarios y el aguinaldo.
Vindas Céspedes y Díaz Rivera habrían devengado en los últimos 12 meses ¢20,8 millones y ¢26 millones, respectivamente.
La suspensión que se les impuso es una medida cautelar mientras avanza el proceso disciplinario que se les sigue.
Sin embargo, en el caso del gerente y de Vindas pesan otras causas por aparentes pagos adelantados por $1,3 millones en la adquisición tapabocas y supuestas irregularidades en la contratación de vuelos de emergencia on un costo de $1,2 millones para traer donaciones desde China
La Nación envió a Porras, vía correo electrónico, consultas sobre este tema, pero al cierre de esta información no había remitido respuestas.
Él fue nombrado por la Junta Directiva para ese cargo en setiembre de 2019. Antes de ocupar ese puesto laboraba en Panamá para una farmacéutica.
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Otros implicados
Aparte de estos tres funcionarios, hay otros 10 bajo investigación. Todos forman parte de cinco procesos disciplinarios por posibles faltas relacionadas con compras de emergencia por un total de $6,1 millones, durante la pandemia.
Cuatro de los cinco expedientes disciplinarios fueron remitidos al Ministerio Público para que se determine si los funcionarios habrían incurrido en delitos.
Además, la Caja también abrió 11 expedientes administrativos contra 9 proveedores involucrados en contrataciones cuestionadas durante la emergencia sanitaria, gestiones que podrían resultar en inhabilitaciones de esas compañías para venderle al Estado, así como en el pago de multas millonarias.
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Algunos de esos procedimientos avanzan en el Centro de Instrucción de Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA) y otros están a la espera del traslado de cargo a las firmas.
