EscucharEn un oficio firmado el 15 de noviembre, Roberto Cervantes Barrantes, gerente general de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), puso una fecha límite a la Junta Directiva de la entidad para definir qué pasará con el aumento salarial retroactivo de entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales a la base salarial de 63.000 trabajadores, aprobado en setiembre anterior.
Según el documento en poder de La Nación, si antes del 21 de noviembre, la Junta Directiva no toma un acuerdo que revierta el alza avalada en setiembre, la Gerencia General ejecutará el pago.
El principal argumento de Cervantes Barrantes para proceder con el giro es que el incremento fue ordenado por la Junta en la sesión número 9.277, del jueves 8 de setiembre. Además, en esa sesión, le instruyeron a la Gerencia General cancelarlo antes del 1.º de enero de 2023.
“Si al día 21 de noviembre de 2022, fecha operativa límite, no se ha dado por parte del respetable Órgano Superior Jerárquico Colegiado, respuesta a este oficio mediante un nuevo acuerdo que contradiga lo acordado (...) se procederá a la ejecución del acuerdo vigente”.
El aumento de salario retroactivo correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022 para los empleados de la Caja costará, según cifras oficiales, ¢29.000 millones, es decir, ¢2.000 millones más que el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para el presente año.
La aprobación de este incremento motivó la destitución de Álvaro Ramos como presidente ejecutivo de la CCSS.
Se solicitó, a través de la oficina de prensa, una declaración al respecto de Marta Esquivel Rodríguez, jerarca de la CCSS, pero no se ha obtenido respuesta.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles manifestó, en varias ocasiones, su desacuerdo con la aprobación del aumento salarial para los empleados de la Seguridad Social. La tensión entre el mandatario y la Junta Directiva de la Caja ha sido tan fuerte que, incluso, varios directivos acusaron una supuesta injerencia del Poder Ejecutivo.
El 22 de setiembre, sindicatos de empleados de la Caja protagonizaron un paro de labores para expresar su molestia por la resistencia de la Administración a ejecutar el aumento. Desde entonces, los gremios han escalado su malestar con la nueva presidenta ejecutiva.
Por ejemplo, esta semana, el Sindicato Nacional de Enfermería solicitó la renuncia de la jerarca.
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Polémica
Este diario reveló que cuatro integrantes de la Junta Directiva de la Caja, a pesar de tener hijos, hermanos y sobrinos que laboran para la entidad, votaron a favor del aumento salarial.
Los directivos son Martha Rodríguez, representante de los sindicatos; José Luis Loría, del movimiento cooperativista; Jorge Arturo Hernández, de los patronos, y Carlos Salazar, del Poder Ejecutivo.
El 13 de octubre, La Nación consultó a la Procuraduría General de la República (PGR) si los miembros de Junta Directiva de una entidad pública deben abstenerse de votar un aumento salarial en caso de que tengan familiares hasta el tercer grado de consanguinidad en la planilla institucional. La respuesta fue que todo “funcionario está obligado a abstenerse cuando exista un conflicto de interés”.
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El asesor jurídico del Estado recordó que el artículo 230 de la Ley General de Administración Pública establece esa obligación, mientras que el artículo 12 del Código Procesal Civil detalla los casos en los que se presenta un conflicto de interés. Ese segundo artículo, en el inciso segundo, señala que una de las causales es “ser una de las partes cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad, o segundo de afinidad del juez”.
Ante esta situación, el 4 de noviembre la presidenta ejecutiva de la CCSS ordenó a la Auditoría Interna abrir una investigación contra los cuatro directivos. La intención del proceso es determinar si cometieron una ilegalidad.
