Gerente médico de CCSS sobre plan contra listas de espera: ‘Para llevar algo a Junta Directiva tenemos que buscar todas las posibilidades de dudas’

La siguiente es parte de la entrevista que Díaz Cruz dio a un equipo de La Nación, el 22 de noviembre. Lo acompañó la coordinadora de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), Flavia Solórzano.

− La CCSS anunció una Ruta de la Salud que, si bien es cierto la Junta Directiva la conocía, no había tomado acuerdos específicos sobre las medidas de copago, ni sobre los ¢200.000 millones ni sobre la tercerización de servicios. ¿Por qué se lanzó una propuesta que ni siquiera tiene acuerdos en firme de Junta Directiva?

– Si nos vamos al acuerdo de Junta de mayo de este año, en ese comité de salud que hace la presentación ante la Junta Directiva, se establece la necesidad de tomar el tema de las listas de espera. Para nadie es un secreto que este tema viene agobiando a todos los modelos de seguridad social a nivel mundial, y nuestro modelo no es la excepción. Y aunque el modelo de Costa Rica es prácticamente único, los demás modelos similares ven que el manejo de las listas de espera es la parte más conflictiva. Recordemos incluso que en el 2018 y 2019 la CCSS se enfrenta a una sentencia estructural de la Sala Constitucional por el importante incremento de las listas.

“En mayo, la institución a través de la Junta Directiva firma una ruta donde se dan una serie de alternativas en las cuales las gerencias involucradas, entre ellas la Gerencia Médica, que administra las listas de espera, tiene que dar desarrollo a esas alternativas, entre ellas, la de copago. Se menciona el tema de compra de servicios y alternativas varias. La CCSS prácticamente hace más de diez años ha venido haciendo contrataciones de servicios a terceros, con las cooperativas, y ha venido comprando servicios...

− ¿Pero por qué se lleva una propuesta a conocimiento público sin acuerdos específicos en cuestiones tan delicadas como los ¢200.000 millones?

− Usted no puede hablar del presente si no hablamos del contexto...

− ¿Por qué se lleva una propuesta sin acuerdos específicos de Junta Directiva?

− Usted recuerda que se enfatizó de que se estaban desarrollando las propuestas y que la meta de la Gerencia y de la misma institución era llevar las listas de espera de procedimientos selectivos, no traumáticos, no oncológicos a menos de 365 días. Dentro de eso, la Gerencia Financiera considera o avala que se cuentan con alrededor de unos ¢200.000 millones, que es una suma que se puede utilizar en los distintos modelos que la institución considere viables y sostenibles para la atención de listas de espera.

“Dicho sea de paso, dentro de los tres modelos que se mencionó, el tema de contratación de servicios es un tema que en este momento se está revisando con los compañeros de Logística. Ya hay un levantamiento de los requerimientos preliminares y próximamente una vez que se cumpla toda esa parte se llevará para el acuerdo específico de Junta Directiva.

“El tema de copago se está revisando por la Gerencia Financiera para ver la relación del modelo tarifario, y ver cómo está la relación de ese modelo tarifario con los precios que actualmente el mercado tiene para determinar eventualmente si son precios que tienen sostenibilidad y, como se dijo, habilitarlos en condiciones específicas, no habilitarlos como métodos constantes y fijos. Eso es algo que se enfatizó en ese momento”.

− ¿Entonces, se asume el riesgo de que llevar esto a Junta Directiva puede encontrar ahí un freno? La Junta Directiva es finalmente la que decide.

− Correcto. Parte de todos estos análisis que se están haciendo, jurídicos, financieros, incluso, desde el tema técnico, van orientados a solventar cualquier tipo de duda que exista. Creo que ahorita el tema de la atención de las personas es donde tenemos que centrarnos todos, tanto institución como los gerentes.

− Sindicatos y miembros de Junta Directiva se extrañan de que esto no pasara por acuerdos. Es como empezar al revés: sin tener el visto bueno del máximo órgano de decisión de la CCSS.

− No es un tema de ideas. Para llevar algo a Junta tenemos que buscar todas las posibilidades de dudas que existan de los miembros. Inclusive, ahora que las sesiones son de luz pública, pues lo responsable es llevar las cosas con todo el análisis: costo, rentabilidad, riesgos existentes, alternativas posibles. Ya la institución tiene todo este año de estar laborando mediante actividades de jornadas de atención y ya nos hemos dado cuenta de cuál es nuestra capacidad real, y realmente se está quedando gente que no hemos logrado darle ese abordaje en el tiempo que las personas requieren. Cuando usted va pasando esas gradas, parte de la responsabilidad nuestra es dar alternativas.

“Por ejemplo, con medicamentos: la CCSS tiene una lista de medicamentos oficial pero también otra que compramos bajo la recomendación de los especialistas. En temas de lista de espera también va relacionado con esto. Tenemos que establecer nuestra capacidad e ir generando alternativas posibles”.

Comisión con potestades

− Sobre los ¢200.000 millones. ¿De dónde sale que no es necesario tener la aprobación de la Junta para los ¢200.000 millones?

− Es una consulta más hacia la Gerencia Financiera. Hay actividades en las cuales el Consejo de Gerentes o el Financiero puede avalar.

− ¿Pero dónde está escrito que la Comisión tenga más potestad que una Junta para decidir si se aprueban o no esos ¢200.000 millones?

− Yo no le estoy diciendo que la Comisión tenga más o menos atribuciones. Le estoy indicando que ya esto se dimensionó y se dijo que el Consejo Financiero puede perfectamente determinar la orientación de los fondos hasta cierto punto. Si obviamente los proyectos llegaran a otro nivel, pues también se tomará en cuenta las previsiones. Nosotros no vamos a estar incumpliendo la normativa institucional.

− ¿Cuántas y cuáles son las inversiones sin destino específico que nutren esa provisión de ¢200.000 millones?

− Son parte de los fondos que la institución a lo largo de este tiempo, por alguna situación, no ha podido ejecutar. Fondos que también vienen destinados a la atención de las personas del seguro de salud, y que obviamente le permiten a la institución tener una reserva para solventar las listas de espera.

− ¿A qué se le está quitando?

− No se está quitando absolutamente nada. Hay proyectos que cuando se establecen en algunas ocasiones la inversión no llega al monto que se presupuestó inicialmente. Eso le llamamos remanente. Pueden haber fondos de ciertas cuentas que sí se pueden pasar para la compra de servicios que perfectamente se pueden utilizar.

−Hasta ahora solo se ha hablado de cirugías. ¿Cuáles son los planes específicos para procedimientos y citas?

− Ahorita el principal objetivo es la lista de espera quirúrgica. Paralelo a esto se está revisando la parte de consulta externa donde se establecen plazos que van hasta los 280 días. Hay que recordar que son procedimientos y actividades que son electivas, o no urgentes. Aquellos procedimientos oncológicos y de trauma, tienen que verse de manera prioritaria o inmediata. Se habla de 365 días y de 280 días. A lo largo de este trabajo que se ha venido haciendo de mayo para acá, ha habido procedimientos como la cirugía de catarata que ha bajado significativamente en el plazo de espera. Se inició en 400 días y ahora anda en menos de 200 días promedio. En consulta externa y en la parte de procedimientos vamos orientados a manejar plazos máximos que andan entre 280 a 365 días.

− ¿Existe algún análisis técnico sobre plazos de espera?

− Se ha hecho una revisión bibliográfica de los plazos deseables. Incluso, con las mismas decisiones de la Sala Constitucional para decir que tenemos que atender a una persona de forma urgente. Lo que a nivel de la literatura internacional se habla en modelos de seguridad social, en algunos se habla de 180 días, en otros de 280, o de 365.

− ¿Pero ha definido la CCCS sus plazos?

− A nivel de la parte quirúrgica se establecieron 365 días máximo de espera.

− Volviendo al tema de procedimientos y citas, ¿cuáles son los planes?

− Fulvia Solórzano, coordinadora de la UTLE, interviene: “Existen diferentes alternativas que se han estado buscando para ampliar la capacidad resolutiva. El tema de consulta externa es complicado. Vamos bien con los números y tiempos de las especialidades médicas. Los tiempos se vuelven razonables, sin superar en su mayoría los 240 días, para una atención electiva no urgente.

“En la parte médica, los plazos al analizarlos se pueden visualizar de una manera razonable. Los quirúrgicos son los que tienen los plazos más largos y se vuelven un reto. Esto porque los mismos cirujanos que operan son los que dan consulta y tenemos que dividir sus tiempos de atención en los diferentes escenarios.

“Si aumentamos el tiempo en quirófano, se nos reducen la consulta. Estamos tratando de implementar también estrategias de apoyo, como en el caso de Ortopedia que se apoya en Fisiatría.

“Otros elementos que se trabajan para consulta externa y procedimientos es la sistematización de los criterios de referencia y admisibilidad por especialidad. En este momento, cada establecimiento tiene sus propios criterios y hay diferencias aunque tengan el mismo catálogo de especialidades y servicios. Se está trabajando en esa unificación nacional, que permita más claridad desde el ingreso del paciente.

“También se trabaja con capacitación de médicos generales de primer nivel para mejorar capacidades de resolución en ciertos temas relacionados con listas de espera, mejorar el acceso a ciertos estudios y medicamentos, para bajar la presión de las referencias”.

− Mientras eso se logra, ¿esos ¢200.000 millones solo van a resolver la parte quirúrgica, o también procedimientos y citas?

− Hay un acuerdo de Junta de setiembre 2023 que instruye a las gerencias Médica, Logística y Financiera iniciar de forma inmediata con la elaboración de un cartel de procesos de contratación de servicios por demanda. Es un análisis de datos para poder valorarlo como una alternativa.