EscucharEn menos de un año, Willy Carvajal Carvajal y Alejandro Elizondo Castillo, experimentaron un cambio drástico. Pasaron de ser los elegidos del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y de la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), a blanco de investigaciones administrativas que buscan sancionarlos o destituirlos.
El Consejo de Gobierno señala a los dos directivos por supuestas faltas a las buenas costumbres y la moral. También por hablar más del tiempo establecido en las sesiones de Junta Directiva, pedir información y cuestionar decisiones como el aumento salarial retroactivo aprobado en agosto del año anterior.
Además, los cuestionan por su posición crítica sobre el contrato de $44,6 millones con una agencia de la ONU para la actualización de sistemas informáticos. Ambos directores votaron contra la declaratoria de confidencialidad que impuso la Junta Directiva al alza salarial y el contrato con la agencia de Naciones Unidas, conocida como UNOPS.
La última acción contra ellos fue notificada el 29 de marzo, 12 días después de que Carvajal y Elizondo presentaron una denuncia en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción contra Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del INS. Es una causa por los presuntos delitos de fraude de ley y malversación de fondos.
En la denuncia ante la Fiscalía, los directivos argumentaron que la jerarca utilizó falsedades para presionar por la revisión de las computadoras de los integrantes de la Junta Directiva con el objetivo de indagar una supuesta filtración a la prensa.
Además, señalaron que para hurgar en los dispositivos se utilizó un contrato firmado, desde diciembre de 2021, con GBM Costa Rica, pero destinado a otros fines. Por ese asunto la Fiscalía tramita una investigación bajo el expediente 23-000067-1218-PE.
Según la oficina de prensa de Casa Presidencial, la pesquisa contra Carvajal y Elizondo fue abierta desde el 15 de marzo. Indicaron que no pueden referirse al caso por tratarse de un tema confidencial. Sin embargo, adelantaron que el procedimiento está en la fase de preparación de audiencias orales.
En esa causa el Gobierno acusa a los dos directivos que representan al Poder Ejecutivo por faltar a dos reuniones en julio del año anterior, por cuestionar que actas relacionadas con aumentos salariales fueran declaradas confidenciales y por solicitar copias fieles de varios documentos.
Además, les reclaman por presuntas declaraciones dadas a La Nación para un reportaje publicado el 30 de diciembre de 2022. Ese día, este diario publicó que el INS aprobó un alza salarial para 2.400 trabajadores sin contar con estudios técnicos. Se incluyeron expresiones de varios miembros de Junta Directiva, pero tomadas de las actas de la sesión en que se discutió el incremento y no de entrevistas.
En la publicación mencionada también se incluyeron manifestaciones de la directiva Mercedes Campos Alpízar, las cuales cuestionan la aprobación del aumento en las remuneraciones, pero a ella el Consejo de Gobierno no le abrió procedimiento alguno.
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El INS indicó, por medio de William Fernández, director jurídico, que no estaban enterados de la apertura de las investigaciones contra los dos directivos y que esos temas son competencia del Consejo de Gobierno.
Fernández no supo responder si la presidenta ejecutiva del INS está enterada de las causas contra Carvajal y Elizondo. Tampoco pudo responder si fueron abiertas por petición de ella.
Se intentó obtener la versión de Mónica Araya, pero no respondió las llamadas hechas, este jueves, a su teléfono celular.
La Junta Directiva del INS está compuesta por siete personas. Aparte de la presidenta ejecutiva, están seis directivos nombrados. De esos seis, tres los nombró el gobierno anterior y tres el de Rodrigo Chaves.
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Otra pesquisa
La investigación abierta en marzo no es la única. En noviembre fue abierta otra contra Elizondo.
En esa oportunidad, el Consejo de Gobierno apuntó que, al parecer, él utilizaba más tiempo del permitido para hablar en las sesiones de la Junta Directiva, que mantenía una actitud irrespetuosa contra la “superior jerárquico”, refiriéndose a Mónica Araya Esquivel. Sin embargo, la normativa vigente es clara en que los presidentes ejecutivos de instituciones autónomas no son los jefes del resto de miembros de Junta Directiva.
El 4 de mayo, por medio de un correo electrónico, Casa Presidencial reconoció la existencia de otro procedimiento administrativo contra directivos del INS, pero no ofreció detalles.
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Carvajal y Elizondo confirmaron la apertura de investigaciones en su contra y criticaron las intenciones del Gobierno de removerlos de su cargo. Agregaron que no hay mérito para las pesquisas y que están “plagadas de vicios procesales”.
“Al revisarlo, nos preocupa gravemente su clara violación al debido proceso e incluso, su escaso rigor profesional”, comentaron ante preguntas de La Nación.
“Los procesos que buscan nuestra salida han sido impulsados por la señora presidenta ejecutiva y los demás miembros de la Junta Directiva, quienes de forma permanente han manifestado su disconformidad con nuestra visión, a tal punto que, desde los meses de agosto y octubre del año anterior, nos removieron de todos los Comités Corporativos y de las Juntas Directivas de las empresas subsidiarias en las que participábamos o en las que podíamos participar”, añadieron.
También dijeron que Yara Jiménez Fallas, secretaria del Consejo de Gobierno, fue recusada del procedimiento administrativo abierto, en noviembre de 2022, contra Elizondo. A pesar de esa situación, en marzo del presente año volvió a asumir un nuevo expediente disciplinario contra ellos.
“La diversidad de criterios y la discusión exhaustiva de los temas son elementos intrínsecos de cualquier Junta Directiva, por lo que es posible contar con visiones distintas sobre cómo debe ser dirigida una empresa pública en competencia”, concluyeron.
En diciembre del año anterior, el Consejo de Gobierno suspendió temporalmente a cinco directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por aparentes conflictos de interés y por votar a favor de un aumento salarial retroactivo.
