Costa Rica está entre los primeros seis países del mundo en proteger a su población contra la covid-19, entre los primeros tres de Latinoamérica, junto a México y Chile, y en la lista de las 50 naciones que, hoy, tienen activa una campaña de vacunación para frenar el avance de la pandemia.

Esto no ha sido gratis. Según informó Pedro González, ministro interino de Salud, a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el país tuvo que apostar a “inversiones financieras a riesgo” para garantizar la provisión de dosis e iniciar la vacunación el 24 de diciembre, y no en algún momento del primer trimestre de este año, como estaba originalmente previsto.

“Las casas farmacéuticas pedían un adelanto”, explicó González en una audiencia virtual para revisar la solicitud de aprobación del Primer Presupuesto Extraordinario para el 2021, presentada este lunes por el Poder Ejecutivo.

“Se ha hecho un trabajo entre instituciones muy coordinado, integrado y sinérgico, para lograr que esto salga de la mejor forma”, aseguró González, quien recordó a los legisladores el escenario mundial frente a la pandemia, de incertidumbre y una gran demanda global de vacunas, con una oferta incierta del producto.

La previsión económica es por ¢40.500 millones y se destinará exclusivamente a la compra de vacunas, confirmó el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alexánder Solís. El presupuesto fue dictaminado en forma afirmativa, avanzada la tarde de este miércoles, por la comisión de Hacendarios.

El monto se suma a los ¢7.200 millones aprobados en el tercer presupuesto extraordinario del 2020.

En la audiencia, presidida por la diputada liberacionista Silvia Hernández, fueron convocados por vía remota González como ministro de Salud en funciones; Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y Solís, de la CNE.

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Los tres funcionarios se hicieron acompañar por equipos técnicos de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), del Ministerio de Salud; del Programa Ampliado de Inmunizaciones, de la CCSS; y del área legal de la CNE.

De acuerdo con información aportada por el ministro interino de Salud, el costo total estimado para la compra de 7,4 millones de dosis es de $77,4 millones.

Ese monto se distribuye así, según costos estimados al 12 de enero: $36 millones para adquirir más de tres millones de dosis a la farmacéutica Pfizer; $21,4 millones para comprar más de dos millones de dosis por el mecanismo Covax; $13,5 millones para comprar hasta 640.800 dosis para mayores de 18 años sin factores de riesgo; y $5,4 millones por más de un millón de dosis que se adquirirán a la empresa AstraZeneca.

También se contemplan $949.444 para la adquisición de insumos necesarios en la campaña, como jeringas y turundas de algodón. En total, se prevé una cobertura del 72% de la población nacional para finales del año.

“Al aplicar el régimen de excepción (para las compras), estamos invocando el artículo 180 constitucional, y algunos principios fundamentales de la Ley Nacional de Emergencias, en términos de la coordinación, la protección a la vida como elemento fundamental de medidas excepcionales, y el principio de necesidad y urgencia.

“Esto para permitir que usáramos mecanismos excepcionales para inversiones consideradas a riesgo, para llegar de primeros en la fila y garantizar la protección de la población y la pronta recuperación económica del país”, acotó Alexánder Solís.

Según explicó a los diputados el jerarca de la CNE, los ¢7.200 millones que se pagaron inicialmente a finales del año pasado, fueron tomados del Fondo Nacional de Emergencias para hacer adelantos a los proveedores.

“(...) justamente por las compras a riesgos. Teníamos una ventana: o adelantábamos o nos quedábamos sin vacunas”, aclaró Solís.

Defienden transparencia

Desde el 23 de diciembre de 2020, cuando ingresó el primer lote de 9.700 dosis, Costa Rica ha recibido un total de 87.750 vacunas.

Las personas vacunadas rondan las 10.000 del primero de cinco grupos clasificados como prioritarios por equipos técnicos de vacunación.

El cargamento más reciente llegó la noche de este martes al aeropuerto Juan Santamaría, con 33.150 dosis del fármaco desarrollado por Pfizer y BioNTech. A esta empresa se le pagarán $36 millones por tres millones de dosis, informó Presidencia el 6 de enero.

Para la adquisición, explicó González, se tomaron en cuenta aspectos científico-técnicos, presupuestarios y legales.

Además, dijo, se definió que no se adquiriera solo por una vía, sino por dos: por medio de convenios bilaterales con las empresas farmacéuticas y por Covax, el Fondo de Acceso Global para Vacunas covid-19, creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Todos, reiteró González, requerían pago adelantado.

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Román Macaya destacó ante los legisladores el “enorme” costo en salud y socioeconómico de la pandemia.

“La Caja ha tomado decisiones para atender la pandemia, que no solo son inversión en infraestructura y equipo”, dijo. Según Macaya, bajar la base mínima contributiva para que los patronos mantengan el aseguramiento de sus trabajadores, produjo a la institución un costo de ¢70.720 millones el año pasado.

Solo en el pago de incapacidades por causas relacionadas a la covid, dijo Macaya, se han pagado ¢17.426 millones, y el impacto con menores ingresos para los seguros de Salud y de pensiones supera los ¢370.000 millones.

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“Son $600 millones, $50 millones por cada mes de estar en pandemia solo para CCSS. Esto es por lo menos un 5% del PIB (producto interno bruto)”, informó Macaya.

El diputado independiente, Harllan Hoepelman Páez –primer legislador en contraer la covid-19–, consultó a las autoridades de Salud cómo asegurarán a la población que, al final de todo este proceso, no sucederá lo mismo que pasó con la fallida compra de mascarillas en la CCSS.

El ministro interino aseguró que “se han tomado desde el inicio varios elementos para abordar esto. Primero, se dividieron funciones. Hay un equipo técnico que está dedicado a revisar la evidencia científica, por eso escogimos las vacunas que escogimos: eran las más seguras y eficaces, y también las mejores en aspectos logísticos.

“Segundo, hay una división entre quién escoge el biológico, quién lo compra y quién lo aplica. Esto da transparencia. Se hicieron consultas legales a la Contraloría (General de la República), a nuestros departamentos legales. La Contraloría inició un proceso de supervisión de esta campaña de vacunación”, respondió González.

Varios diputados de la Comisión felicitaron al equipo de Salud, CCSS y CNE por lograr que el país esté entre los primeros en proteger a la población contra esta enfermedad.

La oficialista Nielsen Pérez estuvo entre quienes destacaron el liderazgo en el proceso y reconoció que, en el contexto global y complejo de la vacunación, Costa Rica sea el sexto país en proteger contra esta enfermedad.