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El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, anunció que el Gobierno someterá a consulta, durante cinco días, el decreto ejecutivo que pretende regular la aplicación de la fertilización in vitro (FIV) en el país.
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica deben pronunciarse en cinco días sobre el decreto.
El mandatario aseguró este jueves 3 de setiembre, que el país debe cumplir con la sentencia de la FIV para no exponerse a una segunda condena ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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La decisión de emitir un decreto para regular la técnica reproductiva se fundamenta en otras leyes que ya existen y que le conceden al Ejecutivo la potestad para decidir sobre la forma en que se deben aplicar la FIV.
Carvajal agregó que el decreto permitirá transferir un máximo de dos ovulos fecundados y el resto no se podrán ni comercializar ni desechar ni se utilizarán para experimentos.
El primero en reaccionar al anuncio desde Zapote fue el Colegio de Médicos y Cirujanos, que en un comunicado de prensa "celebró" la firma del decreto regulatorio.
"Somos de la posición de que la fertilización in vitro debe ser regulada en el país sin importar si es por medio de un decreto o una ley de la República. Por eso celebramos la decisión del Ejecutivo de cumplir a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos" explica el doctor Alexis Castillo, Presidente del Colegio de Médicos.
"Como Colegio de Médicos vamos a analizar el documento y haremos llegar al Poder Ejecutivo nuestras observaciones en el plazo establecido. Nuestro único interés es que se realice la práctica en el país de la forma más segura para pacientes y médicos, y que se garanticen embarazos a las parejas que se hayan sometido a todas las demás alternativas sin éxito" agregó el médico.
Esta entidad fue consultada durante el proceso de discusión del tema, pero por ahora desconoce los términos del decreto firmado. El Colegio tiene la potestad de supervisar la práctica de la FIV en el país y certificar a los médicos que pueden aplicarla.
Acciones de Gobierno. Luis Guillermo Solís dijo el pasado 22 de julio durante una gira por Guanacaste, que quiere evitar a toda costa una segunda condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra Costa Rica por no permitir la aplicación de la FIV.
El 28 de noviembre del 2012 la Corte IDH condenó al Estado costarricense y le ordenó regular la FIV para que se aplique en el sistema de salud público que opera la CCSS y en la salud privada.
La denuncia contra Costa Rica ante la Corte IDH fue presentada por dos grupos de parejas infértiles en el 2004.
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En el 2000 la Sala Constitucional prohibió la aplicación de la técnica reproductiva in vitro, ya que los magistrados consideraron que atentaba contra el derecho fundamental a la vida.
Durante casi tres años, Costa Rica no dio muestras de avance en el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH.
Además, los diputados no lograron aprobar un proyecto de ley que regulara la FIV en el país, debido a la oposición de las fracciones legislativas cristianas que llenaron de mociones los diferentes expedientes.
El 4 de marzo de este año, un grupo de parejas representadas por el abogado, Huberth May, pidió al presidente regular la FIV por decreto ante el atraso que presentaba el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa.
El jurista presentó a la Dirección Jurídica de Casa Presidencial un borrador del decreto, basado en normativas internacionales que regulan la FIV en otros países.
May dijo que si el Gobierno emite un decreto para permitir la aplicación de la FIV, retirarían la segunda denuncia que pesa contra Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que podría convertirse en una nueva condena contra el país.
Se trata de un nuevo caso presentado por seis parejas ante la CIDH en el 2004 y es diferente al proceso que inició en el 2001 que llevó a Costa Rica a una condena internacional en el 2012.
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Oposición. El otro grupo de parejas representado por el jurista, Boris Molina se opone a que la FIV se regule por decreto en el país, porque esa figura legal no permitirá sancionar las malas prácticas médicas en esa técnica reproductiva.
Molina explicó que para el grupo de parejas que él representa, la FIV se debe aprobar vía ley como lo señaló la Sala Constitucional en varias resoluciones.
La Sala Constitucional emitió las resoluciones Nº 2014003968 y Nº2014003715 en el 2014.
En ambas sentencias los magistrados explicaron que "esa regulación, al estar de por medio derechos fundamentales, necesariamente tiene que ser mediante ley, toda vez que así lo impone el principio de reserva de ley (artículo 28 constitucional)".
El abogado representa a un grupo de parejas que también ganó el juicio contra Costa Rica por el caso FIV ante la Corte IDH en el 2012.
