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El martes 28 de octubre, por medio de un correo electrónico, la oficina de prensa del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia autorizó una solicitud de La Nación para revisar el expediente administrativo DG-IP-007-2016, relacionado con una denuncia por hurto, extravío y falsificación de recetas de fentanilo, un poderoso estupefaciente utilizado para anestesiar y calmar dolores intensos.
La cita para observar el expediente fue pactada para ese mismo día a las 2:30 p. m. en la oficina de la Asesoría Legal. Al llegar al sitio, la funcionaria Katherine Barquero Villarreal mostró un fólder rotulado con el número DG-IP-007-2016, el nombre de la persona investigada –algo poco usual en este tipo de casos– y el indicativo de contener 174 folios.
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Barquero manifestó que se podía leer los documentos y de requerir copias nos acompañaría a una fotocopiadora cercana. A las 3:30 p. m., cuando íbamos a ir a la fotocopiadora, la abogada Edith Chacón le ordenó a Barquero no ir bajo el argumento de que requería una autorización del director del hospital, Taciano Lemus Pires.
Además, Chacón le pidió al periodista de este diario devolver el expediente de inmediato y no revisarlo más. Ante la negativa, pues había permiso para analizar el archivo hasta las 4 p. m., llamó a los oficiales de seguridad Robin Salazar Sibaja, José Lacayo Murillo y Esteban Arroyo Chacón para que retiraran del lugar al reportero.
El día siguiente, el miércoles 29 de octubre, se le solicitó a Lemus Pires una copia completa certificada del expediente mencionado que incluyera el acto final de la investigación. Frente a la petición, el 3 de noviembre, el hospital entregó un archivo de 323 folios, es decir 149 folios más que el mostrado originalmente.
De acuerdo con el expediente de 323 folios, una investigación preliminar determinó que un auxiliar de enfermería de apellido Jiménez sustrajo ampollas de fentanilo, morfina y falsificó recetas de psicotrópicos y estupefacientes en 2016. Las denuncias fueron presentadas en la vía administrativa y judicial por varios médicos anestesiólogos.
Pese a la gravedad de los hechos y a que el funcionario aceptó los cargos en un juzgado penal, las autoridades del centro médico no impusieron sanciones y lo reinstalaron, este año, en el Servicio de Anestesiología.
El equipo que investigó el caso también detectó inconsistencias en las firmas y otros detalles de decenas de recetas de fentanilo, expedientes de pacientes con prescripciones de fentanilo que no correspondían a la realidad y consumos sospechosos de la sustancia en varios departamentos del hospital. Ninguno de esos asuntos fue sometido a investigación más amplia, ni comunicada a la Auditoría Interna de la CCSS.
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Según Lemus, la diferencia entre el expediente mostrado el 28 de octubre y el entregado el 3 de noviembre es porque existen dos expedientes, pero no explica ni fundamenta por qué existen dos, ni por qué la diferencia de folios. El director del centro médico evitó una entrevista con este diario sobre este tema. Un aspecto importante es que el expediente mostrado en la primera ocasión no tenía un orden cronológico y le faltaban folios.
