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El Hospital Nacional Psiquiátrico puso candado simbólico a su asilo, el mismo que desde hace 127 años albergó a cientos de pacientes abandonados en esos pabellones por sus familias.
Luego de ese paso, calificado como "histórico" por quienes este lunes se convirtieron en testigos de ese cierre definitivo, ¿qué es lo que sigue?
¿Cómo garantizará el Estado la sostenibilidad financiera de un programa que dice respetar los derechos humanos de estos pacientes?
Este centro de salud llegó a tener 1.253 camas en 1990. De ellas, 800 estaban destinadas a personas en condición asilar; es decir, estuvieron ocupadas por quienes convirtieron en su hogar permanente a ese hospital.
En los últimos dos años, más de 1.000 personas con alguna enfermedad mental volvieron con sus familias o fueron reubicadas en albergues, con la promesa de no regresar más a vivir a ese hospital.
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Volverán, sí, pero solo para dar seguimiento a su tratamiento médico y mantenerse compensados de sus enfermedades.
En presencia de autoridades de Gobierno e instituciones estatales ese candado simbólico fue colocado este 23 de abril en uno de los 12 pabellones que alguna vez albergaron de por vida a enfermos.
Se impone la coordinación
En total, 14 instituciones públicas deberán coordinar para garantizar el traslado de recursos y la atención médica de estas personas, pues el objetivo es prevenir, hasta donde sea posible, internamientos que superen los 30 días.
Entre esas instituciones está la Caja, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), municipalidades, organizaciones no gubernamentales, Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud.
Entre ellas deberán evitar, sobre todo, que se repitan historias de abandono en las instalaciones del Nacional Psiquiátrico, y también del Roberto Chacón Paut, el otro hospital de la CCSS especializado en la atención de enfermedades mentales.
Son las mismas instituciones que en los últimos dos años tuvieron que articular esfuerzos para buscar a cada uno de estos pacientes una opción familiar o comunitaria. Mantener esa coordinación se impone.
El trabajo conjunto se hizo tras la publicación de la Política Nacional Integral para Personas en Situación de Abandono y Personas en Situación de Calle, en julio de 2016.
Según la Presidencia de la República, esta política permitió el impulso de la red que trabaja para disponer de servicios públicos y privados.
En el acto oficial de cierre simbólico de área asilar, la presidenta del Conapam, Zulema Villalta, calificó el acontecimiento de “histórico‘ y reconoció el trabajo realizado entre diferentes instituciones públicas para dar este paso.
Villalta coincide en que el siguiente gran paso es mantener el compromiso para dar sostenibilidad a este proceso.
Solo el Conapdis calcula la inversión anual en el pago de albergues en ¢600 millones. Este consejo logró incluir en modalidades comunales (34 residencias privadas) a un total de 107 personas, entre los 18 y 60 años, informó su directora ejecutiva, Lizbeth Barrantes Arroyo.
"Hoy estamos recobrando esa dignidad humana. El nuevo reto es cómo darle sostenibilidad a este proceso. Es necesario continuar con la articulación. Es preciso que la Caja, desde este hospital, continúe con el trabajo comunitario pero domiciliar para que las personas con discapacidad puedan seguir haciendo esa vida en comunidad y no regresen.
"Es preciso que continúe el trabajo articulado. Nuestra responsabilidad es ser vigilantes para que nunca más se les discrimine y se les atiendan sus necesidades específicas", advirtió Barrantes haciendo referencia a la situación que han vivido las personas con alguna enfermedad mental.
El Conapam, por su parte, ha invertido casi ¢7.000 millones en la reaubicación de 573 personas adultas mayores (de 60 años y más) desde el 2015.
La inversión prevista para el 2018 es de ¢2.672 millones en el pago a 11 organizaciones de bienestar social que, según este Consejo, aceptaron el compromiso de atender a personas en condición de abandono.
Ana Josefina Güell, viceministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, informó de que hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa (número 20.424), para asegurar el financiamiento de esos programas al Conapam y al Conapdis.
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"La parte financiera, las instituciones sociales la están trabajando muy duro. También hay un compromiso de todas las instituciones, principalmente de la CCSS, de darle seguimiento en sus hogares.
"Un seguimiento que permita que estas personas no se enfermen y si lo hacen solo ingresen para curar ese episodio y volverse a reinsertar. Este seguimiento es un compromiso de un programa nuevo de psiquiatría comunitaria", manifestó Lilia Uribe, directora médica del hospital.
Cierre paulatino
Este hospital ha venido cerrando las llamadas camas asilares hasta llegar a 555 camas, dedicadas a la atención aguda de pacientes. Maneja 4.000 egresos al año, 16.000 consultas en consulta externa, y unas 18.000 en Emergencias.
Todo lo anterior lo administra con un presupuesto anual de ¢32.000 millones al año.
Para Fernando Llorca Castro, presidente ejecutivo de la cCSS, el cierre del área asilar del Nacional Psiquiátrico no es solo el fin de un proceso sino el inicio de otro que incluye un cambio en el enfoque de la atención de la enfermedad mental.
De ahora en adelante, este hospital se enfocará en reforzar servicios como la Unidad de Intervención en Crisis, la clínica de psicosis y la atención de los problemas cognitivos y de memoria en adultos mayores, o de comportamiento en los adolescentes.
Es un paso, dijo Llorca, para no volver a institucionalizar a enfermos mentales.
La CCSS confirmó el compromiso de dar seguimiento a los pacientes que hoy viven en modalidades familiares y comunitarias.
Lo hará por medio del Programa de Psiquiatría Comunitaria, con un mínimo de dos visitas al año para realizar evaluaciones del estado físico, mental y nutricional, vigilar el tratamiento farmacológico y capacitar a quienes son responsables de su cuido.
Para mayo, está programado el cierre del área asilar del Hospital Roberto Chacón Paut, en La Unión, el otro centro de atención psiquiátrica de la Caja.
