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El Hospital Nacional Psiquiátrico, que alguna vez llegó a albergar casi 1.000 residentes permanentes con alguna enfermedad mental, pondrá este lunes un candado simbólico al área que alguna vez fue conocida como su asilo.
Los 127 años de historia de este hospital han estado ligados a cientos de personas que se vieron obligadas a no salir de ahí durante década, luego de que sus familiares los dejaran abandonados por ignorancia sobre su enfermedad, o por miedo.
De ahora en adelante, la reestructuración en el modelo de atención se enfocará en fortalecer la rehabilitación y la atención de las personas con diferentes padecimientos mentales.
Este centro de salud, que integra el grupo de hospitales especializados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), procurará compensar a quienes padecen trastornos psiquiátricos mayores, como la esquizofrenia o las psicosis, para que regresen con sus familias y a sus comunidades.
Quienes ingresen con una crisis psiquiátrica y logren estabilizarse en una estancia corta, no deberán pasar ahí más de 30 días.
El último de los 35 pacientes que aún quedaba por reubicar, vive ahora en un albergue especialmente acondicionado para su permanencia.
Según informó la CCSS, la apertura del nuevo modelo de atención le permitirá al hospital funcionar como un establecimiento especializado de tercer nivel (el de mayor complejidad en la atención).
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Los recursos que hasta ahora se invertían en pacientes institucionalizados, serán utilizados en la atención de otros problemas mentales; entre ellos, el estrés postraumático, los trastornos de la personalidad, los trastornos de la alimentación y las enfermedades mentales que aparecen con el consumo de drogas.
En el mismo proceso se encuentra el otro centro psiquiátrico de la Caja, el Hospital Roberto Chacón Paut, en La Unión de Cartago. Aquí se espera cerrar el área asilar a finales de mayo, pues aún quedan por ubicar 39 pacientes.
Prácticamente, desde los inicios del Hospital Psiquiátrico, a finales del siglo XIX, los salones de lo que alguna vez fue conocido como "Hospital de Dementes" y "Hospital Nacional de Locos", albergaron residentes permanentes.
Aunque se comenzó a trabajar desde entonces, no fue sino hasta el 2016 cuando se aceleran los traslados hacia albergues, familias y residencias de larga estancia para adultos mayores (antes llamados hogares de ancianos), luego de que este gobierno promulgara la Política de Atención Integral de Personas en Situación de Abandono y Calle.
"Se trata de un asunto de derechos humanos. De devolverle a estas personas algo que como sociedad les quitamos. La condición de asilados violentaba sus derechos. Todas las personas que han sido reubicadas están felices en sus nuevos lugares", comentó Lilia Uribe directora del centro médico en julio de 1996, cuando se dio a conocer esta política.
En el acto oficial de cierre simbólico de área asilar, la presidenta del Consejo de la Persona Adulta Mayor (Conapam), Zulema Villalta, calificó el hecho de “histórico‘ y reconoció el trabajo realizado entre diferentes instituciones públicas para dar este paso.
Para Villalta, lo que sigue es el compromiso permanente para dar sostenibilidad a este proceso.
Según informó el Consejo Presidencial Social, tanto el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) como el de las Personas con Discapacidad (Conapdis), invirtieron casi ¢9.000 millones en la reubicación en albergues de personas abandonadas.
El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) aseguró ¢540 millones adicionales para apoyar a las familias de pacientes en riesgo de abandono.
La directora del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), Lisbeth Barrantes, dijo que el candado simbólico pone fin a una época oscura pero abre una puerta para tener acceso a la educación, al trabajo, a la familia.
‘“Hoy estamos recobrando esa dignidad humana. El nuevo reto es cómo darle sostenibilidad a este proceso. Es preciso que continúe el trabajo articulado. Nuestra responsabilidad es ser vigilantes para que nunca más se les discrimine, advirtió Barrantes.
Fernando Llorca Castro, presidente ejecutivo de la CCSS, confirmó que unas 500 personas fueron ubicadas con familias, y otro tanto en albergues en comunidades.
Según Llorca, este no es el fin de un proceso sino el inicio de otro que incluye, entre otros servicios, la Unidad de Intervención en Crisis, la clínica de psicosis y servicios de atención de los problemas cognitivos en adultos mayores. Es un paso, dijo, para no volver a institucionalizar a enfermos mentales.
"Esto nos coloca a la vanguardia en el mundo", acotó.
Ana Josefina Güell, quien fuera jefa de Trabajo Social en el Hospital San Juan de Dios y actualmente es viceministra de Desarrollo Social, reconoció el apoyo sostenido de la actual administración, la cual, según ella, puso oídos a una petición de ayuda por tantos años relegada.
‘“Lo que estamos terminando el día de hoy lleva el sello de trabajo de equipos interdisciplinarios que lograron superar obstáculos en un medio que se resiste al cambio de paradigmas’, dijo Güell quien destacó que, a partir de ahora, 14 instituciones serán las responsables de coordinar y continuar con este esfuerzo.
Hay un proyecto en la Asamblea Legislativa para fortalecer el financiamiento de Conapam y Conapdis, aseguró.
