En noviembre pasado, Marcela Quesada acudió a la Clínica Marcial Rodríguez, en Alajuela, a sacar una cita en Vascular Periférico. Ella se topó con un rótulo que decía: ‘No se están dando citas en Vascular’.
La información se la confirmó la secretaria, quien le recomendó llamar ‘el próximo año’ (2017) para ver si la agenda estaba abierta.
Apenas unos días atrás, Quesada había leído, en este medio, que la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tenía prohibido enviar a los pacientes a casa sin asignarles fecha de atención para exámenes o citas. Por eso, fue a quejarse a la Contraloría de Servicios de la clínica.
“La respuesta que nos dieron ahí es que un médico se pensiona y la institución no ha nombrado a nadie. No saben si va a nombrar, por lo que prefieren no dar citas y nosotros, como pacientes, quedamos ‘guindando’”, reclamó.
En el servicio de Radiología del Hospital México también tienen la práctica de dar a los pacientes un papelito con varios números de teléfono para que llamen a verificar cuándo abren las agendas para exámenes como ultrasonidos o mamografías.
Esta práctica está prohibida por la Caja, cuya gerenta médica, María Eugenia Villalta Bonilla, advirtió que se puede llegar a sancionar hasta con el despido a quien se le demuestre que la promueve.
Al cierre de las agendas en los hospitales se le ha bautizado como ‘blanqueo de las listas de espera’, porque impide conocer el número real de asegurados que aguardan por atención y porque viola el derecho de cada persona de conocer cuál es su lugar en la lista.
Estos pacientes no son anotados en ningún registro y pasan a formar parte de una lista fantasma de magnitudes desconocidas.
A diciembre pasado, la Caja habló de casi 68.000 asegurados en espera de una operación. Se desconoce un número oficial de asegurados en espera de cita con especialistas y de exámenes.
Advertencias. La Defensoría de los Habitantes ha denunciado esa práctica y también lo ha hecho por su parte la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca).
Tatiana Mora, directora del área de Calidad de Vida de la Defensoría, dice que ha recibido denuncias por situaciones así en los hospitales Monseñor Sanabria de Puntarenas y en el Calderón Guardia, en San José.
Mora confirmó que los hospitales no obedecen las directrices de la Gerencia Médica sobre el tema.
“El derecho a la salud incorpora, como variables fundamentales, el acceso a la información oportuna. Es importante tener claro que hay directrices desde el 2011 y 2012 para los principales centros de salud donde se señala que no pueden cerrar las agendas”, agregó Mora.
La funcionaria mantiene una posición crítica sobre el manejo de la Caja a uno de sus principales problemas.
“No tienen sistemas de información, pues cada hospital maneja sus propios registros de forma rudimentaria. Tampoco hay una línea guía de la Gerencia Médica para la atención de las listas y, además, se da el blanqueo”, dijo Mora.
Luis Chavarría, secretario general de Undeca, se atreve a afirmar que estos cierres de agenda “son estrategias de la Caja para ocultar la verdadera dimensión de las listas”.
“Las autoridades hospitalarias, principalmente directores y jefes de servicio, siguen desoyendo esa directriz para frenar el blanqueo. Nosotros supimos que, desde noviembre, a lo interno de los hospitales se dieron órdenes para volver a abrir agendas hasta enero de 2017”, denunció Chavarría.
El sindicalista confirmó que saben que estas situaciones se dan en los hospitales capitalinos y en algunos regionales.
“Lamentablemente, uno no puede probar el costo de vidas que esto tiene, pero no hay duda de que lo hay, porque las esperas son prolongadas”, dijo.
En el 2020. El director del Hospital San Rafael de Alajuela, Francisco Pérez Gutiérrez, rechazó que ahí esta sea una práctica establecida.
Según explicó, los pacientes salen con cita, “aunque sea en el 2020”, como en algunos casos de Oftalmología y Ortopedia, dos de las especialidades quirúrgicas más críticas en ese centro de salud.
Sobre la situación en Vascular Periférico de la Marcial Rodríguez, el director del hospital de Alajuela dijo que es lo que se quiere resolver con el traslado de la consulta externa de esa clínica al hospital, cuando se terminen de construir varios consultorios en el nuevo edificio, en los próximos meses.
“Esto nos permitirá tener más control. Por ahora, lo que sucede es responsabilidad de la Marcial Rodríguez”, aclaró Francisco Pérez.
La Nación intentó localizar en la última semana a Villalta para corroborar si han iniciado algún proceso sancionatorio por esta causa, pero no fue posible que respondiera.
En una entrevista en octubre, la gerenta admitió los problemas en los registros, que aún se hacen ‘a pie’ , reiteró la prohibición de cerrar agendas y dijo que confía en que a mitad de año tengan una base de datos que ayude a resolver lo indicado.