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El Hospital Calderón Guardia dejó de operar a35 enfermos, este miércoles, debido a una protesta sindical que paralizó 20 de sus 25 quirófanos.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó la cifra, que se suma a otras 21 cirugías suspendidas en ese mismo hospital tan solo una semana atrás, por otra manifestación de sus trabajadores.
Según la institución, 210 funcionarios de diferentes centros de salud se sumaron a una nueva protesta sindical contra el proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
De estos 210 trabajadores, 135 pertenecen a servicios del Calderón Guardia como sala de operaciones, recuperación, Enfermería, Ginecología, ropería y de aseo.
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De acuerdo con la CCSS, a la protesta se sumaron 23 trabajadores del Hospital Nacional de Niños, 35 del Laboratorio de Soluciones Parenterales, cinco del Área de Salud Zapote-Catedral, 11 del Área de Salud Catedral-Noreste y uno del Centro de Docencia e Investigación.
La institución no aclaró si ha iniciado procesos para rebajar el salario a los huelguistas, como corresponde según lo establece la Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos.
Según esa normativa, las huelgas son ilegales en los servicios públicos esenciales como los servicios de salud, policías, comedores escolares, suministro de agua, electricidad y combustibles, y el rescate de personas.
La ley fue propuesta por el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides luego de la extensa huelga contra la reforma fiscal, en el 2018, que, en el caso de los centros educativos, se extendió por tres meses.
A qué se oponen
Varios sindicatos reunidos en el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco), anunciaron hace una semana la programación de protestas contra el proyecto de empleo público.
La iniciativa fue aprobada en primer debate el 17 de junio, con el apoyo de 32 diputados. Se trata de una reforma legal que sustituye el sistema de pluses salariales en el Estado por un esquema de salario global.
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El texto que se encuentra en consulta ante la Sala Constitucional plantea lo siguiente:
1. Creación del salario global o único en el Estado.
2. La ley alcanzaría aplicaría para todas las entidades del Estado, incluyendo Poder Judicial, universidades públicas y municipalidades. Se excluyen entidades que están en competencia y Bomberos.
3. La rectoría de empleo público quedaría en manos del Ministerio de Planificación, con la Dirección General de Servicio Civil como ente técnico.
4. El plan pondría límites a las convenciones colectivas, para evitar que, con ellas, se negocien incrementos salariales, nuevos pluses y creación de nuevas plazas.
5. El salario global se aplicaría a nuevos funcionarios que entren a trabajar al sector público. A los actuales se les respetarán los pluses recibidos hasta la fecha, pero, en el caso de los servidores que hoy ganen por encima del futuro salario global, sus sueldos dejarán de crecer por concepto de incentivos como las anualidades.
