EscucharLos paros y huelgas en hospitales públicos entran, por ahora, en un impase mientras 17 sindicatos analizan las implicaciones que tendrá sobre el pago de sus anualidades y pluses la decisión de la Junta Directiva de la CCSS de cumplir con la reforma fiscal.
Declarado en “sesión permanente”, el Frente Sindical para la Defensa de la CCSS acordó este miércoles consultar a sus bases y solicitar a sus abogados un análisis de las implicaciones legales de lo decidido por el máximo órgano de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el 10 de setiembre.
Ese martes, la Junta Directiva acordó de forma unánime acatar la orden emitida por la Contraloría General de la República de cumplir la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas e ignorar los acuerdos suscritos con los sindicatos, el 20 de febrero y el 12 de agosto.
Dichos acuerdos comprometían a la Caja a seguir utilizando el sistema de cálculo con porcentajes de anualidades y pluses, en vez de aplicar un monto nominal o fijo como lo establece la reforma fiscal para todo el sector público.
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Según un video enviado este miércoles por los dirigentes gremiales, cada organización consultará a sus bases.
El objetivo, dijo Marta Rodríguez, vocera de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), es “definir las acciones que seguirán en defensa de los legítimos intereses de la clase trabajadora de la Caja”.
“Este es un momento histórico, donde las decisiones que tomemos se deben tomar con valentía y en unión sindical para defender nuestros derechos laborales, para defender las actas de acuerdos suscritas”, aclaró el sindicalista Ricardo Solano Madrigal, sin especificar acciones.
El presidente de la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), Mario Alberto Quesada, confirmó que el primer paso será valorar con los asesores legales las implicaciones del acuerdo de la CCSS.
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"Por parte de los sindicatos en salud, la conciencia social en pro y beneficio del paciente es lo que impera, sin dejar de lado la defensa de los derechos laborales legalmente adquiridos.
“La huelga es un último recurso a utilizar, el cual aún en este momento no lo vamos a definir sin antes tener claridad de las implicaciones de este acuerdo”, dijo Quesada.
El frente acordó, además, solicitar una reunión con el presidente de la República, Carlos Alvarado, y autoridades de la Caja; así como mantenerse en sesión permanente.
Cumplir orden
La Junta Directiva de la Caja acordó cumplir la orden emitida por la Contraloría General de la República tras una demanda hecha por un grupo de diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Los legisladores, encabezados por Pedro Muñoz, le solicitaron anular los dos compromisos que la administración de la entidad adquirió con los sindicalistas.
En su criterio del 5 de setiembre, la Contraloría concluye que los acuerdos suscritos por el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, con los gremios no constituyen un acto administrativo y que, por ende, no generan ningún derecho laboral a los trabajadores.
Al no haber un acto administrativo declaratorio de derechos, no hay lesividad para la CCSS.
La resolución DFOE-SOC-0907, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría, ordena también a la CCSS “abstenerse de iniciar un proceso judicial de lesividad o cualquier otro tipo de procedimiento en vía administrativa para la declaratoria de nulidad” del acuerdo del 20 de febrero entre Macaya y sindicatos.
Los acuerdos tomados por la Junta Directiva de la Caja este 10 de setiembre, cumplen lo ordenado por la Contraloría. Son los siguientes:
- Primero, acatar la orden emitida y abstenerse de iniciar un proceso judicial de lesividad o cualquier otro tipo de procedimiento en vía administrativa para la declaratoria de nulidad en lo concerniente a anualidades, incentivos, complementos, sobresueldos y pluses del acta de acuerdos del 20 de febrero.
- Segundo, aplicar el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sus respectivos decretos ejecutivos para la totalidad de trabajadores de la Caja.
- Tercero, instruir a la Secretaría de la Junta Directiva comunicar a la Contraloría los acuerdos adoptados para la implementación del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Los sindicatos presionaron con un paro generalizado en los hospitales de la institución durante este martes, mientras los miembros de la Junta Directiva sesionaron para revisar el criterio de la CGR.
Ese día, se perdieron la mitad de todas las cirugías programadas, informó la CCSS.
