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La crisis por covid-19 también llegó a los moteles y uno de los efectos principales será la reducción en los ingresos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para atender a familias pobres.
¿Por qué? Los moteles deben pagar todos los meses un impuesto que oscila entre el 5% y 13% del salario base del Poder Judicial (¢450.200 en 2020) por cada habitación. Al reducirse las visitas de parejas a esos sitios cae la recaudación de ese tributo.
Días atrás, algunos de estos establecimientos anunciaron en redes sociales medidas extraordinarias en un intento de mantener clientes aun en este tiempo de emergencia sanitaria. Entre estas, ampliar los horarios de estancia de las parejas, reducir el número de habitaciones disponibles, redoblar la limpieza y entregar alcohol en gel.
No obstante, esta semana los negocios se vieron obligados a cerrar para cumplir con las disposiciones del Ministerio de Salud.
El IMAS informó a través de su oficina de prensa, que hasta el 17 de abril podrá precisar la disminución en las entradas por ese tributo, pues esa es la fecha límite para cancelar el importe.
Antes de la pandemia por covid-19, el Instituto proyectó una recaudación de ¢965 millones por impuesto a moteles para el 2020.
En 2019, el IMAS obtuvo ¢1.759 millones por ese tributo, el crecimiento en el monto se explica porque en ese periodo hubo una amnistía tributaria que incentivó los pagos.
Reducción del 40% en marzo
Las tiendas libres ubicadas en aeropuertos del país y el Depósito Libre de Golfito son otra fuente de financiamiento del IMAS hundida en la crisis.
Las restricciones migratorias para frenar los contagios de nuevo coronavirus tienen paralizados esos locales.
El plan era conseguir ¢22.000 millones este año por esa vía, un incremento del 13% con respecto al año anterior. Sin embargo, la meta sencillamente será imposible de alcanzar.
Solo en el mes de marzo se reporta un descenso en las ventas del 40% con respecto a marzo del 2019.
“Existen una serie de factores inciertos que repercuten directamente en la operación comercial del IMAS, tales como la evolución de la enfermedad en Costa Rica y el resto del mundo, el cese o ampliación de medidas sanitarias en materia migratoria, la eventual aparición de tratamientos correctivos o preventivos a la enfermedad, así como el restablecimiento de la confianza de las personas para el tránsito internacional. Todo esto nos impide proyectar con precisión el impacto”, señaló el Instituto.
El Gobierno extendió la prohibición de ingreso al país de extranjeros hasta el 30 de abril, pero llegada esa fecha podría extenderse la decisión, según la evolución de la epidemia.
“En el corto plazo, podemos informar que para el 1.° de abril del 2020, las tiendas de los aeropuertos internacionales no registraron ventas, situación inédita (...) Eso nos lleva a prever que si las medidas se sostienen durante todo el mes de abril la afectación sería una reducción del 80% o superior en las ventas brutas”, añadió.
El IMAS atiende a 339.000 familias por medio de programas sociales como Red Nacional de Cuido, becas para estudiantes de primaria y secundaria, entrega de útiles escolares, capacitación para el desarrollo de habilidades y competencias, compra de equipo básico para emprendedores y mejora de viviendas, entre otros.
Semanas atrás, Juan Luis Bérmudez, indicó a este diario que estiman que la emergencia por el covid-19 sobre las empresas y los empleos producirán una ola que pone en riesgo entre el 10% y 20% de los recursos que entran cada año al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Fodesaf se financia de los aportes mensuales de todos los patronos (públicos y privados) para pagar programas sociales que llegan a más de 800.000 personas.
Según la liquidación presupuestaria de Fodesaf para el 2019, sus ingresos reales fueron de ₡669.000 millones y en 2018 de ₡638.000, lo cual equivale a un incremento del 4,95% entre un año y otro. Esos montos suman la recaudación hecha mes a mes.
Al hacer un cálculo con la recaudación del 2019, un golpe del 20% significaría restarle unos ₡133.800 millones a las becas de estudiantes, comedores escolares, Red Nacional de Cuido, atención de adultos mayores y asistencia para personas con discapacidad.
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Hasta este lunes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contabilizó que 1.561 empresas solicitaron suspensión temporal de contratos debido al descalabro económico, lo cual afecta a más de 21.000 personas.
También, 1.098 firmas redujeron jornadas a 29.000 trabajadores, eso significa una reducción en los sueldos.
La Gerencia Financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene escenarios de mermas en los recursos del Seguro de Enfermedad y Maternidad que van de ¢190.000 millones a ¢303.000 millones.
Además, la Gerencia de Pensiones de la CCSS calcula que podría dejar de percibir hasta ¢417.000 millones en cotizaciones de patronos, trabajadores y Estado, por lo que tendría que tomar hasta un 20% de la reserva de Invalidez, Vejez y Muerte para cumplir con sus obligaciones.
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El Ministerio de Salud comunicó que, hasta este martes 7 de abril, había en Costa Rica 483 casos positivos de covid-19.
Del total de pacientes, 25 permanecen en centros médicos y de ellos 14 están en unidades de cuidados intensivos.
