EscucharEl plan de trasladar dinero a pacientes en lista de espera para que contraten cirugías u otros servicios médicos en clínicas y hospitales privados eleva el riesgo de fuga de especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), advirtió un informe elaborado por jefes y asesores de la propia la entidad.
El documento, firmado por Flavia Solórzano Morera, coordinadora de la Unidad Técnica de Listas de Espera, asesores de la Gerencia Médica, funcionarios de la Red de Servicios de Salud y el Área de Estadística, señala que “la creciente oportunidad de contratación por modelos atractivos económicamente” generaría “una repercusión en la gestión de especialistas disponibles para la atención a mediano y largo plazo de las listas de espera”.
Según sondeos realizados por la Unión Médica Nacional, solo entre 2021 y 2022, al menos 208 médicos especialistas dejaron la CCSS para asumir cargos más atractivos en el Hospital del Trauma, operado por el Instituto Nacional de Seguros (INS), atender en el sector privado o por jubilación.
La mayor parte de ese grupo son especialistas en Anestesiología (66 médicos), pero también hay ortopedistas (38), dermatólogos (19) y otorrinos (11).
La Nación intentó conversar sobre este tema con Solórzano, pero no contestó las llamadas y mensajes enviados a su teléfono celular.
Wilburg Díaz, gerente médico de la CCSS, tampoco contestó las llamadas realizadas a su teléfono. Vía mensaje de texto indicó que estaba en sesión de Junta Directiva y que ese asunto está bajo un análisis “integral”.
Este miércoles, este medio de comunicación dio a conocer una propuesta de la CCSS para instaurar un sistema de copago, el cual consiste en entregar subsidios de hasta un 60% del valor de diez tipos de cirugías en centros médicos públicos para que los pacientes contraten los procedimientos quirúrgicos en establecimientos privados.
El problema es que el peso de ese aporte tiene una diferencia muy significativa si se compara el costo en los hospitales públicos y el que tiene en los privados.
Por ejemplo, según los cálculos de la entidad, realizar una hernioplastia umbilical en los centros médicos públicos le cuesta ¢542.116. Por lo tanto, si la institución costeara el 56%, el asegurado recibiría ¢303.585.
Ese monto se entregaría para que el asegurado contrate la operación en una clínica u hospital privado, donde tiene un valor de ¢2,5 millones, por lo tanto lo que costería la CCSS ya no sería el 56% sino el 12%.
Los registros de la CCSS muestran que solo entre 2017 y 2023 en la lista de espera de hernioplastia umbilical fueron incluidas 5.093 personas.
Otros 11.781 pacientes aguardan por hernioplastias inguinales y abdominales; a ese grupo también se le ofrecería el modelo de copago. De aceptar, se les darían los mismos ¢303.585, pero en un establecimiento privado tendrían que cancelar ¢3,5 millones. En este caso el subsidio de la Seguridad Social solo alcanzaría para cubrir el 8,6% del procedimiento.
Otros riesgos señalados por la comisión son las eventuales complicaciones asociadas a los procedimientos quirúrgicos, problemas con la asignación de citas postoperatorias, retiro de hilos, exámenes de laboratorio y no contar con suficiente presupuesto para el copago o la tercerización.
Días atrás, la Dirección de Presupuesto de la CCSS manifestó que la entidad carece de los ¢122.000 millones que pretende utilizar para contratar, el próximo año, 39.000 cirugías en clínicas privadas.
Tampoco está claro de dónde saldrían ¢15.000 que desea destinar al copago.
El próximo 7 de noviembre, Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, tiene programada una actividad en el Estado Nacional para anunciar medidas para la atención de listas de espera.
