La ministra de Salud, Joselyn Chacón, considera que la orden emitida en julio desde su despacho para obligar a los funcionarios de esa institución a pedirle permiso para hablar con la prensa, más bien tenía como objetivo que todos pudieran hablar “y no solo las personas con nombres y apellidos dentro del Ministerio”.
Así se manifestó luego de conocer la sentencia de la Sala IV, la cual trascendió la tarde de este 3 de octubre, y que elimina la prohibición establecida para que los funcionarios de esa cartera dieran declaraciones o información a la prensa sin antes contar con la aprobación de los jerarcas de la institución.
“Lo que hay es un voto, la sentencia no está redactada. Está en trámite. Hay un oficio del gobierno anterior que decía quiénes eran las personas, con nombres y apellidos, que podían hablar. Yo no concuerdo con esa directriz porque en las áreas regionales hay personas que pueden hablar de diferentes temas.
“Entonces, yo anulo esa directriz y digo que, eso sí, pidan el permiso porque muchas veces tienen que desplazarse hasta canales a dar entrevistas. Si al funcionario le pasa algo en el camino o deja su puesto por varias horas y no avisa, es importante que tengamos un permiso de respaldo”, anotó Chacón en un audio difundido por su oficina de prensa.
Originalmente, la directriz imponía a directores del nivel central, regional, de las áreas rectoras, así como a las jefaturas y coordinaciones de todas las unidades y áreas de trabajo del Ministerio de Salud la obligación de pedir permiso a la ministra para atender a los medios de comunicación.
La sentencia de la Sala Constitucional que elimina esa disposición es la número 2022-023075 del 30 de setiembre. Responde a un recurso de amparo interpuesto por el diario digital CRHoy.
Los magistrados anulan parcialmente el oficio N°MS-DM-6218-2022 del 22 de julio de 2022, y mantienen una parte del oficio ministerial que establecía la gestión de consultas mediante un correo institucional.
Chacón justifica la medida de julio basándose en la cantidad de consultas de diferentes medios de información que, según ella, le llegan a muchos funcionarios del Ministerio.
“También es importante porque llegaban consultas por todo tipo de medios a muchas personas. Entonces, hacer un departamento de Comunicación, que ya teníamos una jefatura de Comunicación, para que ahí llegaran las consultas, me pareció la forma más ordenada para manejar un discurso uniforme, con una información que fluya mejor y poniendo en orden la armonía del flujo de la información.
“Además, recuerden que si duramos más de diez días en responder la prensa puede también meter un recurso de amparo porque no hemos respondido a tiempo. Lo cual, hasta donde sé, no ha pasado. Y ha funcionado la forma en que hemos venido trabajando, más ordenado.
“Esta es la parte que me parece importante. Vamos a esperar la sentencia, pero realmente me parece que, al contrario a lo que se estaba haciendo anteriormente, estamos abriendo para que puedan hablar todos y no solo las personas con nombres y apellidos dentro del Ministerio”, replicó la ministra.
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El pasado 5 de agosto, la Sala IV también acogió para estudio un recurso de amparo interpuesto contra la misma disposición que obligaba a los funcionarios a pedir autorización a la ministra de Salud para hablar con la prensa.
La gestión fue planteada por los periodistas Alejandro Fernández Sanabria, Luis Manuel Madrigal Mena y Vivian Andrea Mora Zamora. El caso se tramita en el expediente No. 22-017027-0007-CO bajo la instrucción del magistrado Fernando Cruz Castro.
Ese mismo 5 de agosto, la periodista Vilma Ibarra Mata, directora del programa radiofónico de análisis político Hablando Claro, presentó un recurso de amparo contra la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, por una presunta directriz emitida a jerarcas del Gobierno para negarle entrevistas a ella y, además, suspender cualquier tipo de publicidad estatal en varios medios de comunicación.
La periodista detalló en su recurso que cinco personas “con puestos de jerarquía dentro del Gobierno de la República o en oficinas de comunicación de ministerios e instituciones descentralizadas”, le advirtieron sobre un mensaje que Navarro les había remitido, vía WhatsApp, con la instrucción de que suspendieran toda publicidad estatal en los medios AmeliaRueda.com, La Nación, CRHoy.com y Teletica.