Junta Directiva de CCSS acumula 27 cambios en menos de tres años

Los últimos cuatro movimientos son los siguientes:

• Adrián Torrealba Navas. Representante empresarial. Renunció el 18 de enero.
• José Luis Loría Chaves. Representante del cooperativismo en el bloque laboral. Su renuncia trascendió el 23 de junio.
• Maritza Jiménez Aguilar. Representante del Movimiento Solidarista. Fue destituida por el Consejo de Gobierno el 24 de junio.
• Jorge Luis Araya Chaves. Representante del bloque empresarial. Presentó su renuncia el 3 de julio y la hizo efectiva el 10 de julio.

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La inestabilidad en el máximo órgano de decisión de la CCSS ha sido calificada por sindicatos y Defensoría de los Habitantes como parte del problema de gobernanza que la afecta. La Caja es la institución descentralizada con el mayor presupuesto del país, alrededor de ¢5,7 billones.

Los cambios también han alcanzado las siete gerencias y a unidades clave como Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss), intervenido en mayo del 2023, y la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), que en mayo nombró a su sétima coordinadora en 20 meses.

Para poder sesionar, discutir y decidir temas urgentes para los servicios de salud, la Junta Directiva de la CCSS ha sesionado bajo la figura de funcionario de hecho desde la última semana de junio.

La figura de funcionario de hecho permite conocer los asuntos justificados como urgentes o de necesidad apremiante, de los cuales depende el resguardo de los servicios.

El reglamento de funcionamiento interno de la Junta Directiva de la CCSS, en su artículo 19, establece los requisitos para sesionar. Según esa normativa, para garantizar el cuórum estructural se requiere la presencia de al menos cinco de los nueve miembros de la Junta.

La Junta Directiva de la CCSS tiene nueve miembros: tres representantes del Gobierno, tres de los patronos y tres del bloque laboral.

Actualmente, estos son los miembros activos:

• Bloque estatal: Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, María Isabel Camareno Camareno y Jorge Porras López.
• Bloque empresarial o patronal: Zeirith Rojas Cerna y Johnny Gómez Pana. Falta nombrar el sustituto de Jorge Luis Araya Chaves.
• Bloque laboral: Martha Rodríguez González. Falta nombrar a los sustitutos de José Luis Loría Chaves y Maritza Jiménez Aguilar.

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Nombramientos para Directiva de CCSS en proceso

Según informó la oficina de prensa de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la asamblea para elegir al sustituto de Jorge Luis Araya está convocada para este miércoles 17 de julio.

El Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) publicó en su página web, el 11 de julio, la invitación para elegir al representante del movimiento cooperativo ante la Junta Directiva y la Operadora de Pensiones Complementarias de la CCSS. La asamblea está convocada para el viernes 9 de agosto, confirmó Freddy González, presidente del Conacoop.

Por su parte, la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol), y el Movimiento Solidarista Costarricense (MSC) están en ese mismo proceso. Este lunes, el diario oficial La Gaceta publicó la convocatoria de la CCSS a los solidaristas para que en un plazo máximo de un mes nombren al sustituto de Maritza Jiménez. La misma convocatoria se publicó para el bloque patronal.

Los solidaristas emitieron un comunicado el 9 de julio, ante la destitución de Maritza Jiménez, en el cual manifiestan su apoyo a la labor realizada por la hoy exdirectora.

“Desde Conasol y el MSC, hacemos un llamado a la prudencia y a la sensatez para no continuar dañando la gobernanza de la CCSS y encontrar juntos los caminos del diálogo y el entendimiento, consustanciales al ser costarricense”, indica el comunicado.

Jiménez fue separada del cargo por haber aprobado, en setiembre de 2022, un aumento en los sueldos del personal de la CCSS. Se trató de un ajuste retroactivo a enero del 2020, por montos de entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales a la base salarial, para 63.000 funcionarios.

Para ella, su destitució´n fue un acto de “persecución política” por parte del Ejecutivo.