A partir de este martes, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tendrá hasta finales de mayo del 2020 para elaborar los protocolos de atención que permitan a sus hospitales atender solicitudes de interrupción del embarazo cuando está en riesgo la salud y la vida de la madre.
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La norma técnica que regula este tema, salió publicada este martes en el diario oficial La Gaceta, ocho días después de que el Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo la hicieran pública.
Al concretarse esta fase de divulgación, comienzan a correr los seis meses para que la Caja y a los hospitales privados elaboren los protocolos de atención con base en la norma, los cuales, a su vez, deben ser aprobados por el Ministerio de Salud.
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Según la norma emitida, la interrupción del embarazo para proteger la salud y vida de la madre deberá pasar por un proceso de revisión que incluye el criterio colegiado de médicos especialistas en Ginecoobstetricia, y la firma de un consentimiento informado de la mujer.
Dicha norma se basa en lo que dice el artículo 121 del Código Penal, que, desde 1970 establece la figura del aborto impune:
“No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”.
El ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, ha sostenido que la norma no abre portillos al aborto libre, como afirman algunos grupos políticos y religiosos y la Iglesia.
"Es una norma que lo que busca es proteger la salud o la vida de las mujeres que, por su situación de embarazo y ante una patología de fondo, tiene un peligro inminente para su salud y su vida, y cuando se hayan agotadas todas las posibilidades médicas”, manifestó el ministro de Salud, Daniel Salas el martes 10 de diciembre.