La Ley Nacional de Salud Mental entró a regir este 19 de diciembre tras su publicación en el diario oficial La Gaceta. La información la confirmó Marcela López Bolaños, directora de la Secretaría Técnica de Salud Mental, en el Ministerio de Salud, en entrevista con La Nación este jueves 21 de diciembre.
Con la publicación de la ley empiezan a correr los seis meses de tiempo para elaborar el reglamento que le dará mayor solidez a las acciones que se persiguen con la nueva normativa.
La Ley Nacional de Salud Mental fue aprobada por los diputados, de manera unánime, el 17 de octubre anterior. Sin embargo, dos meses después se mantenía sin la firma del presidente, requisito para salir publicada en La Gaceta y entrar en vigor.
El 14 de diciembre, La Nación consultó a Casa Presidencial los motivos del retraso. Cinco días después, el 19 de diciembre, la oficina de prensa de la Presidencia contestó: “El acuerdo legislativo fue sancionado por el Poder Ejecutivo. El 15 de diciembre del 2023 fue trasladado a la Imprenta Nacional para su publicación en el diario oficial La Gaceta.
La publicación es el punto de arranque para comenzar a elaborar el reglamento, que será más específico sobre los alcances, responsabilidades y tareas que competen a los diferentes actores involucrados.
Una de las mayores fortalezas de la nueva ley es que facilitará la promoción de la salud mental y la prevención de trastornos como la ansiedad y la depresión desde las comunidades.
Se trata de una ley marco que plantea la ampliación del número de instituciones obligadas a trabajar para una adecuada atención a las personas que lo requieran.
También fortalece la Secretaría Técnica de Salud Mental, del Ministerio de Salud, como un órgano técnico de apoyo integrado por personas de distintos gremios.
La diputada liberacionista Andrea Álvarez, quien impulsó el texto en esta legislatura, destacó el capítulo dedicado a los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, pues se convierte en una herramienta para que puedan demandar una mejor atención.
“A mediano plazo, se debería ver un aumento en la calidad de la atención y en la calidad de vida. Desde la perspectiva de la ciudadanía, le da más herramientas a la población para poder demandar sus derechos en la vía judicial”, dijo la diputada.
Desde la comunidad
Marcela López Bolaños explicó que la ley, entre otras cosas, busca fortalecer el sistema nacional de salud mental desde la promoción, la prevención, atención, rehabilitación y reinserción con enfoque comunitario.
Además, se propone garantizar una atención integral de las personas con respeto a los derechos humanos y con un abordaje a nivel local o comunitario. Se procurará agilizar la atención en salud mental, aseguró López.
Costa Rica, como muchos países del mundo, enfrenta una crisis de problemas mentales y de conducta cuya atención se ve perjudicada por las listas de espera en especialidades como Psiquiatría.
Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al 31 de agosto anterior, 12.123 enfermos debían esperar, en promedio, 191 días (6,3 meses) para consultar con un psiquiatra por primera vez.
Solo el año pasado, 429 personas murieron por suicidio en Costa Rica. Es la cifra más alta de la última década, según el Ministerio de Salud. A la semana epidemiológica 41, que cerró el 14 de octubre pasado, los casos notificados por intento de suicidio llegaron a 3.143.