EscucharLas diversas administraciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) han implementado variadas medidas, con más intentos infructuosos que logros tangibles, para atenuar las extensas listas de espera que aquejan a miles de pacientes en los hospitales públicos en cirugías, citas y procedimientos diagnósticos.
Una revisión de las noticias publicadas en La Nación desde la década de los noventa relacionadas con las listas de espera en la CCSS, revela al menos una decena de “apagar incendios” que, acompañados de promesas de soluciones sostenibles, jamás lograron materializarse.
Si bien es cierto se han resuelto miles de cirugías, citas y exámenes en las últimas décadas, también es verdad que en cuanto se termina una lista, inmediatamente se vuelve a crear otra.
Sucedió recientemente con las mamografías: se hicieron casi 30.000, pero menos de un mes después de finalizado el proyecto una cantidad similar de exámenes pendientes se volvió a formar.
Los siguientes son algunos ejemplos de esfuerzos realizados en todo este tiempo, sin que hasta ahora hayan significado un cambio sostenible ni para la institución ni para los pacientes, las principales víctimas.
Entre 1997 y 1999, el cirujano del Hospital San Juan de Dios, Enrique Lobo Hernández, promovió, no sin obstáculos considerables, uno de los primeros programas de cirugía vespertina en la CCSS.
El propósito era aliviar las extensas listas de espera en cirugía general, las cuales ya por entonces eran motivo de preocupación debido a sus plazos prolongados.
En 1998, la CCSS presentó un compromiso de asignar recursos financieros adicionales para abonar horas extraordinarias y así dar celeridad a los casos pendientes, específicamente después de las 4 p. m.
No obstante, el destino de esta iniciativa sigue siendo incierto, así como también lo son los resultados de un “plan remedial” propuesto en 2013, tras un fallo de la Sala IV que instó a la CCSS a resolver el problema de las listas de espera.
Los esfuerzos han incluido asimismo proyectos piloto, como aquel lanzado en 2014 en el Hospital San Rafael de Alajuela. Este proyecto buscaba gestionar las listas de espera con criterios de priorización más allá del orden cronológico por ingreso a la lista.
Se proponía considerar aspectos socioeconómicos que también impactaban la calidad de vida del paciente, además de los médicos, tales como la complejidad de la enfermedad, historiales previos de dolor, limitaciones en actividades cotidianas y laborales, y la presencia o ausencia de dependientes.
Cada uno de estos criterios, mezclando variables médicas y socioeconómicas, era ponderado con un puntaje. El puntaje final asignaba al paciente una categoría de alta, mediana o baja prioridad para la cirugía. Sin embargo, esta iniciativa no pasó de la fase piloto.
Los resultados no se dieron a conocer y la idea de extenderlo a otros hospitales de la CCSS tampoco prosperó. Según la Defensoría, el criterio médico y la cronología siguen rigiendo en la asignación de números en la lista de espera.
Millonarios desembolsos
En 2014, se lanzó el Plan de Atención Oportuna a las Personas, que sigue vigente, bajo la responsabilidad de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), la cual actualmente está bajo intervención según la disposición de la Junta Directiva de la CCSS.
Por lo menos, entre 2014 y 2017, la UTLE invirtió $800 millones en diversas acciones de dicho Plan, cuya piedra angular era el pago de horas extraordinarias por actividades hospitalarias posteriores a las 4 p. m., tanto en especialidades quirúrgicas como en procedimientos diagnósticos.
En 2018, las nuevas autoridades de la CCSS prometieron un “cambio de enfoque” en la gestión de las listas de espera. Fue entonces cuando empezaron a hablar de “la Caja es una”, una expresión que aún perdura en muchos documentos institucionales.
Según esta premisa, los pacientes serían sometidos a cirugías, atendidos por especialistas o recibirían procedimientos diagnósticos en el hospital con la capacidad requerida para satisfacer sus necesidades de salud, sin importar la ubicación en el país.
Este cambio de enfoque funcionó hasta cierto punto durante la emergencia sanitaria de la covid-19, cuando pacientes de todas partes del país buscaban asistencia en hospitales durante los picos epidémicos. Sin embargo, más allá de este contexto, los resultados han sido limitados.
Como parte del Plan de Atención Oportuna a las Personas se prometieron misiones programadas de especialistas en tiempo ordinario (para no pagar horas extra), por todo el territorio nacional.
También se prometió el uso de Inteligencia Artificial para procedimientos diagnósticos. Incluso, alianzas público-privadas para acortar los tiempos de espera a los pacientes.
Nada de esto ha conseguido los resultados que se esperan. Tampoco lo ha logrado la orden de la Sala IV en una sentencia estructural, de marzo del 2019, que en ese entonces le dio seis meses a la CCSS para montar un sistema que le permita reducir los plazos de tratamientos o procedimientos médicos.
Por el contrario, las listas siguen creciendo en una fase pospandémica que amenaza con prolongarse más que lo que tardó la propia pandemia.
Actualmente, se espera para octubre un nuevo plan de abordaje de las listas de espera, cuyo planteamiento, por ahora, sigue en manos exclusivas de la CCSS.
Esto sucede a pesar de que organizaciones de pacientes piden que se involucre a más grupos, tanto públicos como privados, en un tema que debe ser considerado como prioridad nacional.
Un informe de la Auditoría Interna de la CCSS, del 27 de julio, que da seguimiento a la hoja de ruta establecida por la Junta Directiva para cumplir con la declaratoria de emergencia institucional de las listas de espera, revela que existe un rezago en el cumpliento de la mayoría de las siete medidas que debían estar ejecutadas un mes después del anuncio.
El atraso motivó a la Auditoría Interna a hacer un llamado de atención a las gerencias involucradas en este proceso, particularmente la Médica, para cumplir con la hoja de ruta establecida en los plazos ordenados.
