EscucharCon la llegada de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez a la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en setiembre del 2022, comenzaron a ocurrir “hechos inéditos” que pueden explicar la crisis sin precedentes que vive la institución.
Este es el criterio expresado por representantes de tres de los sindicatos más grandes de la Caja que acudieron, este martes 12 de noviembre, a la tercera comparecencia convocada por la comisión que investiga la CCSS.
Fueron citados Janice Sandí Morales, vicepresidenta de la Unión Médica Nacional (UMN); Mario Alberto Quesada Arce, presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), y Luis Chavarría Vega, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja.
El crecimiento de la deuda estatal con la Caja y la resistencia del gobierno a pagarla, así como el aumento exponencial de las listas de espera, con más de 1,3 millones de personas apuntadas para cirugía, cita o examen diagnóstico, son dos de las consecuencias más palpables de la gestión de Esquivel, en criterio de los sindicalistas.
Los dirigentes gremiales sumaron a los problemas la resistencia institucional a la modernización del sistema de control administrativo interno y la paralización de las obras de infraestructura, que para ellos han causado verdaderas crisis en hospitales como el Max Peralta, de Cartago, y el Tony Facio, en Limón.
En la comparecencia ante la comisión investigadora de la Caja, los voceros sindicales citaron una lista de hechos a los cuales atribuyen la paralización de la Junta Directiva. Son situaciones, dicen, que arriesgan la provisión de servicios de salud a las personas.
“Con la llegada de Esquivel han ocurrido hechos inéditos, empezando por la ilegítima separación cautelar de cinco miembros de Junta Directiva nombrados legalmente, ordenada por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2022. Quedó demostrada que esta separación fue totalmente ilegal y violentó la autonomía institucional.
“Durante el periodo que llevamos, han estado de paso en la Junta Directiva 23 personas, 15 gerentes de todas las divisiones, y otros funcionarios del nivel superior que han denunciado acoso laboral por parte de la señora Esquivel”, destacó Luis Chavarría.
Para el sindicalista, este “desafortunado escenario” se corona con la resistencia del gobierno de nombrar al sustituto de Marta Esquivel y otros tres directores separados por investigaciones penales en el Caso Barrenador.
Para Undeca, esta situación mantiene “descabezado al órgano supremo institucional”, lo cual causa parálisis en perjuicio de la salud de los habitantes.
Janice Sandí describió la situación actual como “mala praxis administrativa crónica” que ha llevado a la CCSS a tener la peor crisis de su historia. Una crisis funcional, estructural y de gobernanza que, para la UMN tiene, entre otros, los siguientes efectos:
- Atraso en la modernización de sistemas de control administrativo. Citó la compra del ERP (Enterprise Resource Planning, o Sistema de Planificación de Recursos Empresariales), la cual está detenida, afirmó.
- Abandono de la infraestructura en comunidades como Cartago, y la falta de construcción de 400 Ebáis para fortalecer el primer nivel de atención en salud.
- Incapacidad para crear plazas para responder a los cambios demográficos. En esta administración, dice la UMN, se pasó de tener filas en los Ebáis a las filas virtuales, porque los asegurados tienen dificultades para sacar citas en un sistema digital complejo. “Se pasó de las filas en las aceras a las filas en los celulares", dijo Sandí.
Decisiones en CCSS sin argumentos técnicos
Mario Alberto Quesada, del Siname, sostiene que muchos de los principales problemas de la CCSS actualmente están relacionados con decisiones que se tomaron sin argumentos técnicos.
Quesada recordó lo sucedido con el fallido plan de mamografías: “(...) en la promesa de campaña se dijo que no iba a volver a haber listas de espera. Pero nada ganaba con hacer miles de mamografías si no se valoraban por médicos aprobados. Con las mamografías se botó la plata”.
El Siname también recordó el fracaso con la llamada “Ruta de la Salud. Menos espera. Mejor servicio”, anunciada hace un año con bombos y platillos.
“Se hablaba de miles de millones, y luego, ¡oh sorpresa!, una ruta de la salud que se nos confirma que no tenía una aprobación del órgano máximo. Y a la fecha no hay una ruta. Esto pasa de ser una ruta a una trocha de la salud", dijo Quesada.
Luis Chavarría pidió a los diputados exhortar al gobierno a respetar la autonomía de la CCSS y a cesar la persecución contra Martha Rodríguez González, representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS, y la única que a la fecha no ha podido ser removida.
Para Undeca, los servicios de salud prestados por terceros deben regresar a la administración de la CCSS. El sindicato considera que la institución está en capacidad de asumirlos.
70 convocados en comisión de CCSS
Esta es la tercera convocatoria de la comisión que investiga a la Caja. El grupo se integró el 7 de octubre para indagar, entre otras supuestas anomalías, un supuesto sobreprecio de más de ¢12.000 millones anuales en la adjudicación de 138 Ebáis, conocido como Caso Barrenador.
El caso nació a partir de una denuncia presentada por la Auditoría Interna de la Caja. La pesquisa judicial parte de los presuntos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la hacienda pública.
Como parte del proceso de investigación, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, se encuentra suspendida por seis meses desde el 10 de octubre.
Además de Esquivel, la medida cautelar cubre a la gerenta general interina de la CCSS, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes; a los directivos Isabel Camareno Camareno, representante del gobierno, así como a Zeirith Rojas Cerna y Johnny Gómez Pana, ambos delegados del sector patronal.
En la causa, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) también investiga a los exdirectivos Jorge Luis Araya Chaves (patronal), Jorge Porras López (gobierno) y Roberto Quirós Coronado (patronal).
Este martes, los jefes de fracción de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberal Progresista (PLP), y una diputada de Nueva República (PNR), respaldaron la moción de la bancada oficialista para desconvocar al presidente Rodrigo Chaves a comparecer a esta comisión.
Se espera que el próximo martes 19 de noviembre continúe la comparecencia de Sandí, Quesada y Chavarría.
