EscucharEl 23 de octubre de 2019, luego de nueve años de disputa judicial, una familia de Desamparados, San José, encontró justicia por la muerte de su hija en el Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva.
Ese día, los magistrados de la Sala Tercera ratificaron la condena de tres años y seis meses de prisión contra una médica de apellido Aimé, responsable de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en perjuicio de una mujer que recién había dado a luz y su bebé.
Según el expediente 10-016264-0042-PE, la paciente murió desangrada en uno de los pasillos de ese centro médico; el recién nacido sobrevivió gracias a la asistencia de varias enfermeras.
Las autoridades judiciales acreditaron que la paciente, con 39 semanas de embarazo, ingresó al hospital el 29 de agosto de 2010 a las 12:47 a. m. y entró a sala de parto a las 2:30 a. m. con “descenso severo de la frecuencia cardíaca”.
En medio de la emergencia, detalla el expediente, las enfermeras a cargo llamaron “de manera inmediata” a Aimé, pero no recibieron asistencia y tuvieron que encargarse del parto solas.
Además de las complicaciones de la madre, las enfermeras le comunicaron a Aimé que el bebé enfrentaba “bradicardia fetal severa”, que consiste en una frecuencia de menos de 120 latidos por minuto. Luego de las labores de parto, que se extendieron por 30 minutos, el menor fue intubado y trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos.
Mientras eso sucedía, de acuerdo con la resolución judicial, la madre fue dejada en un pasillo del centro médico. A pesar de los llamados de las enfermeras, Aimé no se presentó por más de una hora.
Hasta las 4:05 a. m., una de las enfermeras alertó a otro médico sobre el grave estado de salud de la madre, pues registraba una presión arterial de 80/20 (la presión normal es 120/80) y “abundante salida de coágulos de sangre en la región genital”.
Aunque fue llevada de emergencia a sala de operaciones para tratar de detener la hemorragia, la madre falleció luego de la intervención quirúrgica.
“(...) Se tuvo por acreditado que la víctima no fue atendida por un profesional en Medicina durante una hora y cinco minutos, tiempo en que estuvo desangrándose como consecuencia de la atonía uterina”, declararon los jueces. La atonía uterina es la incapacidad del útero de contraerse tras el alumbramiento.
Los juzgadores subrayaron que Aimé faltó al deber de cuidado al ignorar los llamados de las enfermeras.
La cadena de hechos analizada también le provocó una discapacidad permanente al recién nacido.
Adicional a la condena de prisión, la médica fue inhabilitada por tres años para el ejercicio de la Medicina y le ordenaron a la CCSS pagar una indemnización por ¢275 millones, aproximadamente, monto que fue cancelado por la entidad sin ejercer acciones de cobro contra Aimé, como lo establece la Ley General de Administración Pública.
Según el Colegio de Médicos de Costa Rica, Aimé estuvo inhabilitada entre el 23 de octubre de 2019 y el 23 de octubre de 2022. En la actualidad aparece como médica activa y no labora para la Caja.
