Marielos Alfaro Murillo, representante de los patronos en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desde 2014, renunció a su puesto.
La renuncia fue presentada ante la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y el Consejo de Gobierno, el jueves anterior. “La presenté para que se haga efectiva hasta el 1.º de marzo del presente año”, dijo Alfaro este lunes, en entrevista con La Nación.
Según la ingeniera, de 62 años, está a punto de jubilarse y recibió una oferta “muy atractiva” de una fundación internacional para trabajar un cuarto de tiempo.
La salida de Alfaro se da en medio de una crisis en la Junta Directiva de la CCSS, luego de que el Consejo de Gobierno, el 8 de diciembre, suspendiera a cinco de los miembros por un supuesto conflicto de interés al aprobar, en setiembre, un aumento salarial retroactivo para todo el personal de la Caja, dentro del cual tenían familiares.
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Se trata de José Loría Chaves, representante del cooperativismo, Martha Rodríguez González, representante de los sindicatos, Maritza Jiménez Aguilar, representante del movimiento solidarista, Carlos Salazar Vargas, representante del Poder Ejecutivo y Jorge Arturo Hernández Castañeda, representante de los empresarios y quien renunció en octubre.
Alfaro expresó su inconformidad con la forma en que los medios de comunicación informaron sobre el ajuste salarial y con la manera en que actuó el Gobierno con sus compañeros de Junta Directiva al acusarlos de conflicto de interés.
“Se ha malinformado sobre este tema, esos cinco compañeros lo que votaron fue hacer efectivo un aumento que, desde el año 2019, había autorizado el Poder Ejecutivo. La Caja tenía que respetar eso, los trabajadores tenían un derecho sobre ese acuerdo del Poder Ejecutivo del 2019, solo que no se había cancelado porque, empezando la pandemia, por el Poder Ejecutivo, se suspendió el pago”.
También manifestó que está convencida que los miembros de Junta Directiva suspendidos no incurrieron en un conflicto de interés.
“¿Cuál conflicto de interés? Ellos no decretaron un aumento salarial, ellos lo que hicieron fue ejecutar algo que la Caja tenía que ejecutar en algún momento, en el 2022, en el 2023 o en el 2025, pero lo tenía que ejecutar (...) Cinco personas honorables fueron cuestionadas y creo que eso no se vale”.
Alfaro recordó que un informe de Auditoría Interna ratificó que no existió un conflicto de interés de los directivos a la hora de hacer efectivo el incremento en las remuneraciones. Sin embargo, Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS, objetó ese pronunciamiento.
“Creo que cualquier otro criterio que emita la Auditoría Interna va a ir en esa misma dirección, no veo la forma de echar atrás con algo que resulta tan evidente (...) Me parece que por el bienestar de mis compañeros esto debe aclararse hasta las últimas consecuencias, por la honorabilidad de ellos, si hay que pedir dos o tres informes más, que se pidan.
“Estoy segura que en los dos o tres informes se va a decir que no hubo conflicto de intereses y eso me va a hacer muy feliz”, sentenció.
Alfaro fue la única integrante de la Junta Directiva que votó en contra del aumento salarial, pero enfatizó que sus razones fueron el hallazgo de inconsistencias entre los informes financieros y los reportes actuariales.