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La paralización del proyecto para construir un nuevo Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología llevó a más de 1.200 personas a interponer un recurso de amparo contra la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), este 4 de julio. Consideran que la decisión de suspender el portafolio de inversiones institucional, tomada en marzo anterior, obstaculiza gravemente la realización de una obra que es necesaria.
Los recurrentes argumentan que esta medida viola el derecho a la salud y el acceso a los servicios para la población adulta mayor. Entre las numerosas deficiencias señaladas, destacan la falta de servicio de urgencias después de las 4 p. m. de lunes a viernes, así como la ausencia de atención especializada para los adultos mayores durante los fines de semana.
Entre quienes firman el recurso de amparo están cientos de pacientes que padecen las limitaciones físicas de la actual infraestructura, que incluye un edificio de hospitalización sin las condiciones adecuadas de seguridad, y otro donde se ubican la consulta externa especializada, el hospital de Día, laboratorio y farmacia, entre otros servicios.
El recurso también lo firman la presidenta Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO); Johanna Fernández Gómez, la presidenta de la Asociación Costarricense de Alzheimer, Erika Salazar Fernández; y quien preside la Asociación Pro Hospital de Geriatría y Gerontología (Apronage), María de los Ángeles Solís Umaña, además de todos los integrantes de la Junta de Salud del hospital Geriátrico, y el alcalde de San José, Johnny Araya Monge.
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“Se han dado casos concretos en los que adultos mayores no son atendidos con las condiciones adecuadas, como en un caso reciente en la Clínica Marcial Fallas de Desamparados en donde un adulto mayor murió bajo condiciones inhumanas.
“El riesgo de una tragedia tiene una gran probabilidad de ocurrir ya que la infraestructura actual del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología no cumple con las condiciones y normativa de seguridad ante un evento como terremoto o incendio”, advirtió Alicia Avendaño, presidenta de la Junta de Salud de este hospital.
Infraestructura agotada
Los recurrentes afirman que la situación es urgente. Alegan que el proceso para la construcción de la nueva sede del centro médico lleva más de 10 años de avance y, según el recurso, estaba programado en fase de licitación para este año.
La obra tiene un costo estimado en ¢133.000 millones y como parte del avance ya tenía realizados estudios de amenaza sísmica, hidrología básica, topográficos y de ingeniería de tránsito.
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Está incluido en el Portafolio de Proyectos de Inversión en Infraestructura y Tecnologías, 2021-2030, que la institución dejó en suspenso.
“Es más que evidente la existencia de hacinamiento y una zonificación inadecuada de los diversos servicios clínicos, ambulatorios y de hospitalización en la edificación”, agregó Avendaño.
El llamado edificio A, que alberga el 80% de los servicios clínicos, ya cumplió su vida útil y está obsoleto, según confirmó la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la CCSS en el 2019 .
Los habitantes de más de 60 años sobrepasarán el millón de personas en el 2030, según proyecciones demográficas.
El crecimiento en número es directamente proporcional al aumento en la complejidad de la atención de estas personas, que requieren consulta domiciliar, cuidados paliativos especializados y soporte para sus cuidadores.
El recurso de amparo es un documento de 47 páginas, incluidas las firmas, con informes demográficos y técnicos sobre la situación de la población adulta mayor y sobre el avance del proyecto de construcción del nuevo hospital
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Los gestores del reclamo solicitan a los magistrados de la Sala Constitucional declarar la violación de los derechos fundamentales de la igualdad, tutela del derecho fundamental de acceso a la salud y vida de los habitantes adultos mayores de todo el país por parte de la Junta Directiva de la CCSS.
La Sala IV también conoce, desde abril, un amparo presentado por los alcaldes de Cartago porque también la construcción del nuevo Hospital Max Peralta fue frenado. Sobre este caso, la jerarca de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel, aseguró que el proceso continuaría pero sus últimas declaraciones de nuevo dejaron dudas sobre la realización de la obra en un futuro cercano.
