Fue en sus redes sociales que Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se enteró del acuerdo del Consejo de Gobierno de presentar una denuncia en su contra por aprobar, el 8 de setiembre pasado, el alza salarial para los empleados de la institución que dirigía en aquel momento.
El anuncio lo hizo este miércoles el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en conferencia de prensa. La denuncia penal se presentaría contra Ramos y cinco miembros actuales de la Junta Directiva de la Caja que también avalaron el incremento. En total, hay nueve directivos.
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“No he sido notificado. Obviamente mis redes sociales han estallado de gente comentándome, pero la información pura y dura no la tengo”, respondió Ramos a una consulta enviada por La Nación.
Según dijo, tampoco seguía la conferencia sobre el Consejo de Gobierno que se transmite por redes sociales porque se encontraba en una diligencia familiar. “Genuinamente no vi las declaraciones”, añadió el exjerarca.
Ramos estuvo al frente de la Caja desde mayo hasta el 17 de setiembre, nueve días después de que la Junta Directiva de la institución aprobara el incremento salarial de entre ¢7.500 y ¢8.500 para los 63.000 funcionarios.
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El alza se aprobó pese a un criterio de la Dirección Actuarial del Seguro Social, que advertía de las repercusiones financieras de dicha decisión, pues el ajuste le costará a la Caja ¢10.000 millones más por año, más otros ¢29.000 millones porque se decidió darle efecto retroactivo a enero del 2020.
Ese, precisamente, fue el reproche del mandatario Rodrigo Chaves y la razón por la cual, según dijo, presentará la denuncia contra Ramos y los directivos actuales de la Junta que apoyaron la decisión.
Uno de ellos es Jorge Arturo Hernández, exauditor de la Caja y actual miembro de Junta en representación del sector patronal, a quien también se le envió la consulta, pero, igual que Ramos, no conocía de las intenciones del Gobierno. “No tengo información, vengo saliendo de una reunión”, contestó a inicios de la tarde.
En el mismo sentido se pronunció Martha Rodríguez, representante de los sindicatos, quien dijo no haber sido notificada.
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El incremento fue motivo de polémica durante semanas, hasta que, el 22 de noviembre, la Junta ratificó el pago, que se haría efectivo este mes.
También se hicieron consultas a otros cuatro directivos sin que se haya recibido respuesta.