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El intento de un representante estatal en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de solicitar más informes sobre la viabilidad del terreno de El Guarco para construir el nuevo Hospital Max Peralta, fracasó este jueves en una votación que quedó con seis votos en contra de la moción y tres a favor.
Jorge Porras López, uno de los tres representantes del Estado en ese órgano, propuso solicitar al Ministerio de Salud un informe sobre la viabilidad del lote para esa construcción, según él, para tener mayores y mejores elementos técnicos en la toma de la decisión final sobre la licitación del nuevo hospital.
Porras basó la propuesta en la información que dio la ministra de Salud, Mary Munive Angermüller, en una audiencia que le dio la Junta Directiva semanas atrás, en la cual la también segunda vicepresidenta de la República afirmó que el terreno de El Guarco no cumple con los requisitos para garantizar un hospital seguro. Munive advirtió de que Salud no daría la habilitación al nuevo centro para funcionar.
Munive también hizo estas declaraciones en diferentes medios y en una comparecencia que dio a la comisión legislativa de la provincia de Cartago, el 19 de febrero.
En su exposición a los directivos, Porras, mencionó cuatro denuncias de escuelas y comunidades aledañas al terreno de El Guarco contra una industria de sustancias tóxicas, así como una emergencia por derrame de un producto. La empresa en cuestión estaría a escasos 100 metros del terreno comprado por la CCSS en el 2011 para construir el hospital.
“¿Qué pasa si adjudicamos y luego Salud dice que no? Para mí, desde ya nosotros como Junta Directiva debemos solicitar al Ministerio de Salud el informe de viabilidad del terreno en El Guarco de Cartago”, dijo Porras.
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La representante laboral en la Junta, Martha Rodríguez González, le aclaró a su compañero de Junta que la competencia de habilitación ambiental para infraestructuras como esta es de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). Al Ministerio solo le competen otras decisiones de funcionamiento que se emiten cuando el hospital esté construido.
“El 1.° de setiembre del 2011 se adjudicó la compra del terreno. Después hubo un contencioso administrativo por el uso de suelos, y como eso no funcionó fueron a la Contraloría (General de la República), donde presentaron una apelación que fue rechazada. Luego, en el 2012, se hicieron muchísimos estudios sísmicos y tectónicos con resultados favorables al terreno.
“Hay un criterio reciente de la Auditoría (Interna) que dice que no hay ninguna razón para no construir en ese terreno. Así que seguir buscando la manera de no construir me parece que no es justo para la población de Cartago”, dijo Martha Rodríguez
José Luis Loría, también del bloque laboral, agregó que el Ministerio de Salud no es actor en esta etapa procesal. “Actuará cuando esté construido (el nuevo hospital) y tenga que ir a inspeccionar. Eso sería en el 2028-2029; Salud no es un actor en este momento”, enfatizó el vocero de las cooperativas.
Por su parte, el representante patronal, Jorge Araya Chaves, manifestó su preocupación pues, según dijo, con una moción como la propuesta por Porras se podría estar abriendo una práctica distinta.
“Me preocupa que podamos estar sentando un precedente para el resto de la infraestructura de la institución sabiendo que los permisos de funcionamiento se otorgan cuando las cosas están construidas”, dijo. Araya está entre los seis votos en contra de la moción de Porras.
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El gerente de Infraestructura y Tecnología, Jorge Granados Soto, confirmó lo dicho por estos directivos al indicar que no está establecido en ninguna norma que el Ministerio dé un permiso de ubicación de un centro hospitalario.
“Esto es parte de la autonomía de la institución. Lo que sí da es el permiso y habilitación de funcionamiento, que es hasta que el hospital entre en operación”, recalcó.
Entre quienes apoyaron con su voto a Porras estuvo la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel Rodríguez, quien dijo entender a su compañero de bloque.
“Toda la Junta Directiva tuvo la exposición de la ministra donde nos mostró la problemática. Este no es un caso normal. Es un caso muy debatido.Yo sí hice un análisis de la compra del terreno; había que pedir un criterio para el cambio de uso y eso nunca se pidió. Yo creo que la propuesta de don Jorge Porras es válida; si ponemos una limitación de tiempo es totalmente procedente”, defendió Esquivel pocos minutos antes de la votación.
La representante estatal Isabel Camareno Camareno, también mostró su apoyo a la moción pues, dijo, “lo que abunda no daña”.
“Sería bueno tener un criterio más porque sencillamente la señora ministra sacó a la luz pública que no era conveniente y su negativa sobre el terreno. Deberíamos tener una respuesta de parte de ella sobre el terreno.
“No está en cuestión no construir. Aquí es emergencia construir un hospital en Cartago, el problema es el lugar. Creo que es importante votar esta moción, para que en un plazo de 8, 10 o 15 días la ministra presente un criterio y así tener un elemento más para tomar la decisión que debemos tomar”, dijo.
En la sesión de este jueves, no hubo más espacio para discutir y decidir si el hospital se construirá o no en el terreno de El Guarco. Tampoco se avanzó con la adjudicación.
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Uno de los acuerdos que se tomó antes de hacer confidencial la transmisión de la sesión, fue reunirse de forma extraordinaria el miércoles 22 de mayo para conocer dos informes solicitados por Jorge Araya Chaves, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
Araya solicitó a la Gerencia de Infraestructura y Tecnología explicar y justificar las razones por las cuales considera que el precio ofertado por la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura S.A. de C.V., no es ruinoso. También pidió otro informe donde justifique la experiencia registrada por este oferente.
La Gerencia de Infraestructura y Tecnología de la institución recomendó a la Junta Directiva de la CCSS la oferta presentada por Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. de C. V., que obtuvo un 98,22% de calificación en los análisis técnicos.
La oferta de esta empresa fue por $314,1 millones. Las otras tres empresas que ofertaron fueron las siguientes: Van der Laat y Jiménez S. A. ($398,9 millones), Consorcio Edica HMPJ ($419,5 millones), y el Consorcio Edificar-Estructuras ($263,9 millones).
