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La solución a la crisis en trasplantes no puede esperar más.
Con esa idea, fue que el Ministerio de Salud emitió la orden sanitaria como medida máxima para presionar por una salida, reconoció el jerarca del sector, Daniel Salas Peraza.
La orden fue notificada a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al final de la tarde del jueves 31 de octubre.
En el documento Salud confirma la muerte de enfermos en espera de trasplante de órganos, el rechazo de tejidos y órganos en hospitales por razones administrativas –choque por un nuevo modelo de pago a los funcionarios que integran los equipos médicos– y la inequidad en la distribución de los órganos disponibles, que no cumple con el criterio de gravedad establecido por ley.
La medida, le da un plazo máximo de 20 días hábiles a esa institución –vencen el 28 de noviembre– para que haga lo necesario para volver a poner al paciente como el centro de este programa.
“La orden sanitaria emitida a la CCSS, que le instruye realizar las acciones necesarias para implementar un mecanismo eficiente de donación y trasplante, es la intervención más fuerte que podemos realizar como Ministerio de Salud, junto al seguimiento para que se cumpla.
Según Salas, se le ha dado “especial seguimiento” a esta crisis desde que él asumió, hace once meses, labor que se ha realizado junto con la Dirección de Servicios de Salud, responsable de documentar “la delicada situación”.
"Producto de este trabajo, tomamos la decisión de emitir la orden sanitaria, tan necesaria y urgente.
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“Lo que buscamos es que la Caja ponga en práctica un mecanismo de donación y trasplante centrado en el receptor, donde el sistema opere siempre priorizando al paciente”, dijo el ministro.
La situación, agregó, “no puede tolerar mayores dilaciones”.
“Desde nuestra rectoría, seguiremos vigilantes para que este acto de entrega sea valorado y aprovechado”, prometió Salas.
Sistema hace aguas
Solo en lo que va de este año, han fallecido 21 enfermos en espera de trasplante renal, según reveló el informe de la Secretaría Técnica de Donación y Trasplantes, que Salas tomó como base para emitir la orden sanitaria.
Una de las principales causas de todo este descalabro, sobre todo cuando se trata de donación cadavérica es la entrada en vigencia de un nuevo modelo de pago para el equipo que participa en los trasplantes, a finales del 2017.
Conocido como ‘alerta voluntaria’, funciona solo si el los miembros del equipo quieren o pueden participar de un operativo de trasplante con donador cadavérico.
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La CCSS echó a andar este sistema para reducir los altos costos económicos de pagar disponibilidades a los cirujanos aunque no hubiera operativo de trasplante.
El pago de estas alertas voluntarias funciona contra producción; es decir, solo si se realizan operaciones de trasplante.
Sin embargo, con solo uno de los miembros del equipo que no pueda o no quiera participar por alguna razón, el operativo se cae y no se hace el procedimiento.
Las organizaciones de pacientes también denuncian faltan de transparencia en el manejo de las listas de candidatos a trasplante.
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Sandra Chanto, de la Fundación de Nefrología para Pacientes del Hospital San Juan de Dios, asegura que en el Ministerio de Salud hacen esas listas con información de los médicos de cada hospital, pero nadie audita la forma en que esos médicos manejan los registros.
Es por eso que han trascendido historias como la de Glenn Lazo Camacho, quien se enteró de que no estaba en la lista de candidatos cuatro años después de que un médico hizo “la pantomina” de incluirlo en ese registro para que lo dejara de molestar con la pregunta que siempre está a flor de labios en estos pacientes: ¿Cuándo?
