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La crisis provocada por la covid-19 exige a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) destinar más dinero para la atención de la emergencia. Sin embargo, al mismo tiempo, golpea con fuerza las finanzas de la entidad.
De acuerdo con datos de la Gerencia Financiera de la CCSS, entre abril y mayo de 2020 dejaron de percibir, en comparación con los mismos meses del 2019, ¢35.000 millones para el financiamiento del sistema de salud y pago de pensiones mensuales para 290.000 personas.
Esa caída de ¢35.000 millones en los ingresos mensuales del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es el efecto más notorio de la pandemia sobre el empleo y la producción en el país. Ese descenso equivale, según la Caja, a 63.000 trabajadores afiliados menos para el mes de mayo.
En abril de 2019, la recaudación para el SEM y el IVM fue de ¢316.016 millones, pero en abril de 2020 cayó a ¢307.469 millones. Eso equivale a una disminución relativa del 2,7%.
Mientras, en mayo de 2019 los ingresos llegaron a ¢313.718 millones, en mayo de 2020 bajaron a ¢287.313 millones, lo que significa un 8,4% menos entre un periodo y otro.
Un informe de la Gerencia Financiera, presentado a finales de marzo a la Junta Directiva de la CCSS, calculó que el SEM enfrentaría pérdidas, entre marzo y agosto del presente año, que oscilan entre ¢190.000 millones y ¢303.000 millones.
En el caso del IVM, el estudio proyectó cuatro escenarios con distintos porcentajes de reducción en los ingresos para los meses de marzo a agosto del 2020.
El documento indicó que la entidad debería tomar hasta ¢417.000 millones de la reserva de pensiones para poder cumplir con los pagos que realizan mes a mes.
El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte requiere de aproximadamente ¢94.000 millones para honrar las pensiones a sus afiliados.
Según la Gerencia de Pensiones de la CCSS, la reserva del IVM es de ¢2,2 billones. Destinar ¢417.000 millones para cubrir el déficit representa consumir el 19% de ese fondo.
Luis Diego Calderón, gerente Financiero de la CCSS, dijo que requieren monitorear el comportamiento de la recaudación en los próximos meses antes de tomar decisiones sobre recorte de inversiones u otros.
"En el caso del Seguro de Enfermedad y Maternidad, nosotros tenemos algunas reservas en títulos valores para inversiones en infraestructura nueva y equipo que, de ser necesario, tendríamos que utilizarlas para compensar los gastos operativos. Ahí el costo sería sacrificar esas inversiones.
“Con respecto al IVM, adelantar el uso de la reserva para el pago de pensiones en estos periodos. Antes de aparecer el covid-19 no se tenía previsto la utilización de esas reservas”, comentó Calderón.
Esta noticia agrava aún más el panorama del régimen del IVM, pues en julio de 2019 el informe Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte señaló que para el 2030 la reserva comenzaría a reducirse y, en el 2037, se agotaría.
“Todas las decisiones que se tomen van a depender del comportamiento de la pandemia. En este momento hay mucha incertidumbre y por eso estamos monitoreando el comportamiento de los ingresos y los gastos", añadió Calderón.
Inversiones bajo la lupa
En octubre de 2019, el Gobierno y la Caja presentaron una cartera de inversiones en infraestructura y equipo nuevo por ¢956.000 millones.
El portafolio de nuevos hospitales, Ebáis, clínicas y otros fue calificado como “sin precedentes” por parte del Poder Ejecutivo.
En la lista de proyectos hay 50 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) y 34 clínicas y hospitales.
Varios de ellos ya están en ejecución como el Hospital de Puntarenas, la Torre Este del Hospital Calderón Guardia y el edificio de quirófanos, partos y cuidados intensivos del Hospital México.
También aparecen los hospitales de Turrialba, el de Cartago, Limón y el nuevo servicio de emergencias del Hospital San Carlos.
Además, están previstas clínicas en San Isidro de Heredia, Naranjo, en Alajuela, y Santa Cruz, en Guanacaste, entre otras.
José Luis Loría Chaves, miembro de la Junta Directiva de la CCSS, admitió que la situación actual obliga a revisar esos planes.
“La crisis nos hace que debamos estar monitoreando los ingresos, porque de aquí a enero (de 2021) el panorama es incierto. Si el Estado no amortiza esa deuda histórica, tendríamos que afectar el portafolio de inversiones", manifestó Loría.
El directivo afirmó que en los últimos días se han barajado opciones con el Poder Ejecutivo para que se amortice ese pasivo que llega a ¢1,95 billones acumulados durante tres décadas.
“No quisiera aventurarme en nada en este momento, lo que quisiera decir es que todo el portafolio de inversiones estará bajo revisión. Nada en ese portafolio puede decir que está blindado o esto definitivamente está descartado. Todo hay que analizarlo, hay que entrar en un tema de definir prioridades y son decisiones difíciles que hay que tomar cuando sucede una crisis de este tamaño. No puedo decir, al día de hoy, que algún proyecto se va a cancelar. Solo puedo decir que todo se va a revisar”, expresó Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, en una entrevista con este diario al ser consultado sobre el futuro de nuevos hospitales, clínicas y Ebáis.
El panorama del IVM
Escenario 1:
La recaudación de planillas (aportes de patronos y obreros) cae un 20% para marzo, un 50% para abril, mayo y junio, un 30% en julio y un 20% para agosto. Estiman que a partir de setiembre regresa al 100%.
Con respecto a las contribuciones estatales, para marzo no hay variaciones, pero en abril, mayo y junio el 100% de esos aportes no ingresarían. A partir de julio regresarían los pagos de la Hacienda Pública a la normalidad.
Bajo esas condiciones, la Caja tendría que sacar ¢236.000 millones de la reserva del IVM para honrar el pago de pensiones. Es la circunstancia más benévola con los pensionados.
Escenario 2:
La participación de empleadores y empleados cae un 20% en marzo, un 50% para abril, mayo y junio, un 30% en julio y un 20% el resto del año. Mientras que los aportes del Gobierno se derrumban entre un 20% y un 50% durante todo el año.
Por lo tanto serían necesarios, según el análisis técnico, ¢293.000 millones de la reserva para cumplir con los pagos mensuales de los retirados.
Escenario 3:
Los pagos patronales y obreros se mantienen intactos en marzo, bajan 50% en abril, mayo y junio y para el resto del año disminuyen un 30%. En el caso de la cooperación de la Administración Pública se conserva en 100% para marzo y el resto del año no hay aportes.
En este contexto, deberían sacarse ¢417.000 millones de la reserva más ¢4.733 millones provenientes títulos valores o bonos de inversión.
Escenario 4:
El más grave. Las transferencias de trabajadores y empresarios se desploman un 50% de abril a diciembre, las del Estado son nulas durante los próximos nueve meses. Serían necesarios ¢417.000 millones de la reserva más ¢90.000 millones de recursos adicionales para respetar los desembolsos.
