EscucharLa directriz girada por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) sobre la obligatoriedad de la vacuna contra covid-19 en el país, faculta a los patronos a exigir a sus trabajadores la aplicación de las dosis, así como establecer sanciones para los empleados que las rechacen sin certificar alguna contraindicación médica.
El ministro de Salud, Daniel Salas, explicó este martes en conferencia de prensa que “el patrono es el responsable de tomar las medidas correspondientes en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse”, por lo que los tipos de sanciones por no acatar la medida serán según lo que disponga cada empleador.
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Salas indicó que este acuerdo fue tomado por la Comisión el jueves anterior debido al aumento de contagios y hospitalizaciones por la alta transmisibilidad de la variante delta y considerando el avance en la campaña de vacunación que ha realizado la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La medida aplica para todos los funcionarios del sector público, así como para aquellos empleados del sector privado cuyos patronos, dentro de sus disposiciones laborales internas, hayan optado por incorporar dicha vacunación como obligatoria en sus centros de trabajo. El decreto que faculta esta disposición será publicado el próximo 15 de octubre, pero sus alcances entrarán en vigencia de forma gradual.
“No significa que en ese momento ya empiecen los procesos, obviamente tendrá que darse la oportunidad para que la gente logre vacunarse, pero en realidad en esto también tendrá que ver cada patrono y lo que establezca el decreto, porque está en elaboración y tendrá que establecer ese tipo de transitorio o tiempo para que las personas se vacunen. Se hace el anuncio desde ya para que de una vez vayan”, expresó Salas.
Al inicio de este año, recordó, se dio el primer paso con la obligatoriedad para los funcionarios de salud, pero afirmó que el momento epidemiológico actual y la necesidad de asegurar la continuidad de servicios esenciales motiva a que se extienda la medida para todos los trabajadores públicos y privados que así les corresponda, sin importar que estén en modalidad de teletrabajo o no.
También subrayó que ya se iniciaron procesos contra 13 funcionarios del Ministerio de Salud que “no tienen ninguna excusa válida” para rechazar la vacuna. “Con ellos ya se empezó el proceso de notificación después de que tratamos de convencerlos y darles una oportunidad. Lamentablemente se tendrán que sancionar y eventualmente hasta la multa o la denuncia penal, lo que corresponda”, dijo el jerarca.
También la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) abrió investigaciones al menos a 35 trabajadores.
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Consultado por la oposición de algunos sindicatos ante la medida, el ministro de Comunicación, Agustín Castro, advirtió que los trabajadores, especialmente los del sector público, tienen una obligación mayor de protegerse contra la covid-19, precisamente porque deben servir al resto de la sociedad. “Si ellos lo quieren llevar a los tribunales, es su derecho. Nosotros confiamos en que los tribunales van a encontrar que la salud pública y el beneficio de todas las personas va muy por encima del intento egoísta de cualquier persona de pensar que tiene el derecho de andar contagiando a los demás”, agregó.
Vacunas disponibles
Durante la conferencia, las autoridades manifestaron su preocupación por la baja en la cantidad de personas que llegan por sus primeras dosis, justo cuando el país tiene más biológicos disponibles.
El ministro de Salud resaltó que los ciudadanos deben recordar que las vacunas disponibles aquí son seguras y han sido revisadas y aprobadas con mucha rigurosidad por agencias internacionales del más alto calibre.
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“Queremos reactivar más la economía y salvar todas las vidas que se puedan, pero esta reticencia de gente a vacunarse está desacelerando esos impulsos. Entonces, en ese sentido, es claro que queremos tomar las medidas responsables con la mayoría de los ciudadanos, porque hay algunos pocos que lamentablemente siguen poniendo peros”, reclamó Salas, al tiempo que volvió a aclarar que esta vacuna no es experimental.
El jerarca alegó que es penoso y preocupante que haya individuos que rechacen las dosis basándose en información de fuentes no oficiales que ni siquiera se sustentan en datos científicos. Principalmente, dijo, porque ya se ha demostrado que la vacuna es la mejor herramienta para combatir la pandemia y que no es coincidencia que el 88,3% de pacientes covid-19 internados en cuidados intensivos sean personas sin vacuna.
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Por su parte, Agustín Castro, indicó que las autoridades siguen de manos atadas para intervenir las constantes megafiestas que atentan contra la salud pública, pero que hay un proyecto de ley en el Congreso desde hace meses que busca agilizar los allanamientos en propiedades donde se llevan a cabo estos eventos masivos clandestinos, por lo que la posibilidad de “hacer más” para detenerlos es potestad de los diputados.
“Las autoridades policiales mientras tanto aplican las leyes actualmente vigentes. En unos pocos casos, los jueces han dado los permisos de allanamiento, pero han sido muy pocos, por desgracia. Y en la mayoría de los casos hay que recurrir al convencimiento, a la disputa y a otros mecanismos porque ese es el marco legal que hay”, agregó. Para Castro, es fundamental poder intervenir estos eventos ilegales.
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