La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, cumplirá esta semana el primero de seis meses de suspensión como resultado de las indagaciones en su contra por el Caso Barrenador.
Esquivel y otros cuatro altos jerarcas de la institución son investigados por un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en contratos para la administración de 138 Ebáis.
El 31 de octubre, La Nación consultó a la oficina de prensa de Casa Presidencial las razones por las cuales el Poder Ejecutivo aún no ha nombrado sustituto de Esquivel en la presidencia de la CCSS, y qué pasará con ese puesto durante los meses de suspensión.
Según Presidencia, Marta Esquivel presentó una apelación a la medida cautelar en su contra. “(...) por esa razón, es que el Poder Ejecutivo no ha tomado ninguna decisión de nombrar a una persona en ese cargo", respondió este 4 de noviembre.
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El 24 de octubre, la representante sindical ante la Junta Directiva de la Caja, Martha Rodríguez González, acusó al gobierno de “sabotear” a la CCSS al no nombrar al sustituto de la presidenta ejecutiva.
El Consejo de Gobierno también adeuda la designación del sustituto de Jorge Porras López, quien renunció a la Junta Directiva el 25 de setiembre. Quien fuera representante estatal está entre los 16 imputados en la causa judicial que indaga el Caso Barrenador.
El gobierno informó de que se tomará su tiempo para nombrar al sustituto de Porras. Presidencia confirmó que “se ha abocado a realizar un análisis exhaustivo”.
Rodríguez González reclama que esta situación mantiene sin cuórum estructural al máximo órgano de decisión de la CCSS, que se ve inhabilitada para funcionar y resolver más de 300 casos pendientes.
La vocera sindical aseguró que hay asuntos fundamentales por discutir; entre estos, el seguimiento a las listas de espera en los hospitales, así como la situación del contrato para dar soporte técnico y mantenimiento al Expediente Digital Único en Salud (EDUS).
Directivos de CCSS imputados y suspendidos
Además de Esquivel y Porras, también figuran como imputados por el Caso Barrenador, otros directivos y exdirectivos, así como la gerenta general interina, María de los Ángeles Gutiérrez, además de gerentes de las empresas contratistas.
El Juzgado Penal de Hacienda suspendió a la presidenta ejecutiva, a la gerenta, así como a Isabel Camareno Camareno (representante estatal en la Junta), Zeirith Rojas Cerna y Johnny Gómez Pana (ambos del bloque patronal).
Con esa medida cautelar los únicos cuatro facultados para ser parte de la Junta son: Martha Rodríguez González, representante sindical; Martín Robles Robles, de las cooperativas; Vianey Hernández Li, del solidarismo y Juan Manuel Delgado Martén, del bloque patronal.
La Junta Directiva de la CCSS tiene nueve miembros: tres representantes del Gobierno, tres de los patronos y tres del bloque laboral.