El Consejo de Gobierno guarda silencio sobre quién será su nuevo representante en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en sustitución de Jorge Porras López, cuya renuncia se hizo efectiva el 25 de setiembre.
Desde el 26 de setiembre, La Nación envió tres consultas por correo electrónico a Casa Presidencial sobre este nombramiento, sin que hasta la fecha la oficina de prensa haya dado acuse de recibo.
La representante sindical en la Junta Directiva, Martha Rodríguez González, confirmó la semana anterior que desde la renuncia de Jorge Porras la Junta acordó “hacer una instancia respetuosa” para el nombramiento, pero el gobierno aún no ha procedido con esta designación.
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Luego de la suspensión de la presidenta ejecutiva, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, y de otros tres directivos investigados por el llamado Caso Barrenador, solo hay cuatro personas facultadas para ser parte de la Junta.
Se trata de Martha Rodríguez González, representante sindical; Martín Robles Robles, de las cooperativas; Vianey Hernández Li, del solidarismo y Juan Manuel Delgado Martén, del bloque patronal.
Un quinto miembro activo permitiría a la Junta Directiva de la CCSS tener cuórum estructural. Esto facilitaría la resolución de asuntos considerados urgentes para la Caja.
La complicada situación del máximo órgano de decisión de la CCSS tampoco permitió que este martes realicen su sesión ordinaria, usualmente programada para iniciar a las 5 p. m. La oficina de prensa de la CCSS confirmó que no hubo convocatoria.
Junta Directiva de CCSS en situación complicada
La Junta Directiva de la entidad está integrada por nueve miembros: tres representan al Estado, tres a los patronos y tres a los trabajadores. Para que haya cuórum integral o legal, es necesario que todos estén presentes.
La asistencia de Rodríguez, Robles, Hernández y Delgado no es suficiente para el cuórum estructural, que requiere al menos cinco miembros y es necesario para votar los temas urgentes.
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Marta Esquivel Rodríguez y los directivos Isabel Camareno Camareno (representante estatal en la Junta), Zeirith Rojas Cerna y Johnny Gómez Pana (ambos del bloque patronal) fueron suspendidos seis meses por un juez penal de Hacienda y Función Pública. Son investigados por un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en contratos otorgados a cooperativas y un asociación médica para la administración de 138 Ebáis.
Además de Esquivel y los directivos, la medida cautelar cubre a la gerenta general interina de la CCSS, María de los Ángeles Gutiérrez.
Jorge Porras López también está en el grupo de los investigados por el caso Barrenador. Su dimisión sucedió en la sesión ordinaria del 19 de setiembre, una semana después de que su compañera en ese órgano, Martha Rodríguez González, lo denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR).
El 11 de setiembre, Rodríguez pidió investigar si el nombramiento del representante estatal se hizo o no conforme al ordenamiento jurídico. Para la sindicalista, la designación de Porras López podría ser ilegal y habría violentado el artículo 7 de la Ley Constitutiva de la Caja que establece una prohibición expresa para nombrar funcionarios de cualquier banco.