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La presidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Patricia Vega, denunció irregularidades en el manejo de recursos que destina la institución para la atención de niños y adolescentes, así como problemas en albergues y lento trámite de casos calificados como de alto riesgo.
“Carros nuevos guardados, computadoras en bodegas, recursos para proyectos especiales con organizaciones no gubernamentales sin metas o impactos claros, servicios pagados sin haber concluido los productos, son parte de las situaciones encontradas”, indicó Vega en un comunicado divulgado la noche de este viernes.
En el documento informó que las anomalías halladas fueron advertidas por los mismos funcionarios del PANI y se sustentan en varios informes de auditoría.
La situación, advirtió Vega, la obligó a revisar la inversión que se hace en albergues y en las 52 oficinas que mantiene el Patronato en varios puntos del país.
Entre los casos que llamaron la atención de la jerarca se encuentran el de una abuela que tiene 16 nietos a cargo debido a que sus tres hijas tienen problemas con la ley y el PANI le asignó a ella la guardacrianza de todos pesar de que es de bajos recursos.
En un albergue, Vega encontró a dos adolescentes que tienen procesos penales por intentos de homicidio y allí conviven con niños de entre 2 y 10 años, además de una niña de dos años pero con el desarrollo de una bebé de ocho meses por falta de la estimulación requerida.
La ministra agregó que detectaron gran cantidad de casos de niños que llevan años en alternativas de protección con escasa supervisión y denuncias por abuso sexual contra un niño que tardó meses en ser atendida.
Despilfarro
En la denuncia, Vega aseguró que durante los últimos años se asignaron recursos para proyectos especiales con organizaciones no gubernamentales (ONG) sin metas ni impacto claros y se pagaron servicios sin que se concluyeran los productos.
“Hay 10 carros Rav4 nuevos (comprados desde febrero y ubicados en La Garita de Alajuela) cuya inversión fue de ¢136 millones y 300 equipos de cómputo almacenados en una bodega (por la que se pagan ¢438.700 por mes desde noviembre del 2017), cuya inversión fue de ¢133 millones", comentó.
En la información también se detalló que para este año se presupuestaron ¢732 millones para el desarrollo de iniciativas específicas desarrolladas por ONG pero que “carecen desde su inicio de un vínculo claro con el cumplimiento de una meta u objetivo, de manera que sus alcances no son claros, evidenciando debilidades para el seguimiento y control de los mismos”.
Esto debido a que no se establecieron formas de medir el grado de cumplimiento.
Asimismo, los informes de auditoría evidenciaron que en los proyectos aprobados en el 2016 la principal deficiencia radicó en la definición y formulación clara de una presentación de presupuestos detallados, incluso hallaron que en muchos casos se vuelven a repetir los objetivos y alcances para el 2017 y 2018.
Denuncias desatendidas y poca supervisión
A pesar de que las alternativas de protección son consideradas medidas transitorias mientras se resuelve la situación de los menores, el informe de Auditoría Interna AII-005-2018, mostró que el escaso seguimiento y poca supervisión hacen que los menores permanezcan largos períodos y en condiciones irregularidades en estas condiciones.
Otro reporte detalló que las denuncias calificadas como “prioridad 1” como se define a los casos de alto riesgo, no se atienden con la urgencia requerida. Incluso, se especifica que en el 2016 no se atendieron 11.537 denuncias, mientras en el 2017 fueron identificados 52.417 menores por amenaza o violación de derechos y se atendieron 41.712, por lo que no se dio respuesta a 10.705 niños, es decir, un 20,42% quedó desprotegido.
De acuerdo al informe, el personal manifiesta que gran cantidad de denuncias quedan sin atender por falta de recursos.
Otra auditoría realizada en el 2017 determinó que apenas un 42% de las denuncias 'prioridad 1' fueron atendidas dentro de los plazos establecidos, mientras que un 27% fueron atendidas en períodos que van de 30 días a los 12 meses.
Retiro de recursos
La jerarca del PANI aseguró que, como primer medida, se retiraron los recursos asociados a proyectos mal formulados y se revisarán en los que hay menores de por medio para regular la situación.
Además, en los casos en los que se encontraron irregularidades en los albergues, se inició una acción de crisis para redistribuir la población según sus condiciones.
Vega aseguró que los casos más graves fueron hallados en la provincia de Limón, sin embargo esto motivará una revisión detallada de todo el sistema. “Hay problemas serios de supervisión, de atención de los niños que tenemos”, afirmó.
Según la ministra, lo denunciado conllevará todo un proceso de análisis e investigación para determinar que ocurrió en relación a los recursos y advirtió que todo será trasladado a las instancias que correspondan.
