Salud

Presidente confirma gestiones para vacunar a migrantes indocumentados

Desde abril de 2020, Corte Interamericana declaró que migrantes debían ser incluidos en vacunación contra covid. Mandatario admite dificultad para registrar aplicación de dosis

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Trabajo de campo de equipos de CCSS en zona norte por covid-19, en junio del 2020. En la fotografía, durante la atención en la localidad de La Trocha, cerca de la frontera con Nicaragua. Foto: Cortesía CCSS

En atención a los derechos humanos y por tratarse de un asunto de interés público, hay que vacunar a los migrantes indocumentados que viven en Costa Rica.

Así lo manifestó el presidente de la República, Carlos Alvarado, para quien también se trata de una acción que contribuye a reactivar la economía.

“Sí, hay que vacunar a esta población”, afirmó el mandatario luego de una actividad del Cuerpo de Bomberos, la mañana de este martes 27 de julio.

La declaración la dio tras un reportaje publicado en La Nación que descubre la falta de cobertura de vacuna en personas con estatus migratorio irregular.

(Audio) 'Sí, hay que vacunar a esa población', afirma presidente sobre indocumentados
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(Audio) 'Sí, hay que vacunar a esa población', afirma presidente sobre indocumentados

Ante consultas de la prensa, Alvarado afirmó que hay una “solución en camino”, en referencia a otra donación de vacunas de la cual no quiso revelar detalles. En esa gestión trabajan tanto la Cancillería con el Ministerio de Salud, afirmó el presidente.

“Eso esperamos finiquitarlo esta semana para tener una respuesta para esa población y tener una protección de todos los habitantes de nuestro país. Es un tema en nuestro radar y que es de nuestro interés resolver. Ya hay una ruta y esperamos comunicarla una vez que la tengamos amarrada”, declaró Alvarado.

Desde abril del 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una declaración titulada Covid-19 y Derechos Humanos: los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las obligaciones internacionales.

El 14 de abril del 2020, la presidenta de la Corte Interamericana, Elizabeth Odio Benito, explicó que esa declaración pretende que los Estados tuvieran presente sus obligaciones internacionales y la jurisprudencia de la Corte.

Según dijo Odio, esto es para “asegurar la efectiva vigencia y protección de los derechos humanos en la respuesta y contención ante la pandemia”.

“En estos momentos, especial énfasis adquiere garantizar de manera oportuna y apropiada los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado sin discriminación alguna, incluyendo a los adultos mayores, las personas migrantes, refugiadas y apátridas, y los miembros de las comunidades indígenas”, apunta la declaración.

El presidente reconoció que el estatus migratorio “es el tema” originado de lo que llamó “problemática documental”, aunque aclaró que “esto no debe ser una limitación para el tema de los derechos humanos”.

Lo importante, dijo, es tener definido algún sistema de registro.

“Se registra la persona, su información y el lote (de la vacuna). Es parte del seguimiento que hace la Caja (Costarricense de Seguro Social), además, para programar la segunda dosis. No tener esto, generaría tener esquemas incompletos o personas que se vacunan más”, aclaró el mandatario.

Aseguró que se encaminan acciones para buscar una solución, para que toda la población se pueda registrar.

“Parte de la problemática, es tener personas no documentadas y no tener cómo referenciarlas, pero esto no es excusa. Estamos buscando el método y también las dosis para poder hacerlo. Es una solución en ruta y en camino de que se haga, que se vacunen. Pero necesitamos hacerlo en un proceso ordenado. Esto es importante, no es menor”, aclaró Alvarado.

Muy vulnerables

La población migrante en condición migratoria irregular es de las más vulnerables. A comienzos de la emergencia nacional por la covid, se convirtieron en los primeros focos de brotes por las condiciones de trabajo, descubiertas en algunas plantaciones de la zona norte.

Posteriormente, las llamadas cuarterías, sobre todo en la capital, tuvieron a población migrante bajo el foco.

Por esta razón, tanto la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como el Ministerio de Salud, dijeron que la atención de cualquier migrante enfermo de covid sería cubierta.

La Policía Municipal de San José realizó múltiples inspecciones en varias cuarterías de la capital, hace un año, cuando estos sitios se convirtieron en potenciales focos de contagio del nuevo coronavirus. Foto: Policía Municipal de San José

Con el avance de la vacunación, trascendió que los migrantes indocumentados estaban fuera de esta campaña por las condiciones denunciadas por La Nación.

En ese artículo, el epidemiólogo de la Universidad Nacional (UNA), Juan José Romero, explica que el no vacunar a migrantes en condición irregular es una decisión irracional y discriminatoria, además de que representa un riesgo para la salud pública.

“Desafortunadamente, en Costa Rica los migrantes irregulares son como el polvo que se pone debajo de la alfombra: ahí está, tapado; no sé si hay interés de atenderlos. No sabemos cuántos son y dónde están”, dijo.

Romero asegura que negarles las dosis a estas personas no podría responder a una decisión técnica, ya que cualquier ciudadano está en riesgo de infectarse y puede contagiar a otros que terminen hospitalizados.

Por otra parte, el presidente confirmó que seguirán llegando lotes grandes de vacunas contra la covid-19, y que la vacunación continuará, aun con zonas afectadas por las lluvias de los últimos días.

“Esta semana, esperamos recibir dos lotes grandes de vacunas. Daremos el lote exacto cuando el vuelo venga en camino. Recibiremos una cifra muy importante. Seguiremos ese esfuerzo de vacunación, con la carrera para bajar las edades, para que personas cada vez más jóvenes se puedan vacunar, que es también parte de nuestras metas”, prometió el mandatario.

Ángela Ávalos Rodríguez

Ángela Ávalos Rodríguez

Ingresó a La Nación en 1993. Cubre salud. Graduada de la UCR, máster de la Universidad Complutense, con formación en CDC y NIH, entre otros. Redactora del Año de La Nación 1998, premio SIP 1997, Premio Nacional de Periodismo de Salud OPS 2002, Premio Cámara Costarricense de la Salud 2022. Coautora de Comunicación, palanca para la acción en salud.

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