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Las imposición de eventuales sanciones contra los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) investigados por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas seguirá en manos de la Junta Directiva de la institución.
Así lo determinó el presidente de la República, Carlos Alvarado, a quien le correspondió atender recusaciones contra los directivos de la Caja presentadas por los trabajadores implicados. Lo hizo mediante resolución DP-R-008-2021, del 11 de agosto.
“Las recusaciones se conocieron para su admisibilidad, las que no cumplieron requisitos fueron rechazadas y las que tenían los requisitos fueron devueltas a la CCSS para su conocimiento, por razones de competencia”, declaró la oficina de prensa de Casa Presidencial ante una consulta hecha por La Nación.
Las pesquisas administrativas se llevan a cabo para determinar si Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística de la CCSS, sus dos asesores, así como trabajadores de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios cometieron faltas en la compra de 12 millones de mascarillas por $4 millones.
Para ese proceso, la Junta Directiva se convirtió en órgano decisor del procedimiento. Al ser esta el órgano de máxima autoridad en la CCSS, el mandatario tuvo que resolver las recusaciones como superior jerárquico.
Los reclamos de los investigados señalan que los nueve integrantes de la Junta hicieron valoraciones y consideraciones con respecto a los hechos y personas procesadas durante una sesión realizada el 17 de diciembre de 2020.
Consideran que tales manifestaciones ponen en duda la imparcialidad de los directivos, razón por la cual piden que sean apartados de las decisiones.
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Al respecto, el mandatario declaró inadmisibles las peticiones contra Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la CCSS, y los directivos Maritza Jiménez Aguilar, Marielos Alfaro Murillo, José Pablo Ross Araya y Martha Elena Rodríguez González.
Alegó que no existen elementos o pruebas para establecer que ellos hicieron consideraciones sobre las investigaciones en curso.
No obstante, las conclusiones son diferentes en el caso de José Luis Loría Chaves, María de los Ángeles Solís Umaña y Fabiola Abarca Jiménez, en los cuales halló causales para proceder con la recusación y remitió la gestión a la Caja para su resolución.
Repase lo que dijeron los directivos en el video:
Con este resultado, seis miembros de la Junta Directiva de la CCSS deberán analizar si acogen la recusación contra Loría, Solís y Abarca.
Las investigaciones
El procedimiento administrativo contra Porras y el resto de funcionarios surgió en agosto del año pasado, después de la publicación de un reportaje de La Nación.
De acuerdo con el expediente 2020CD-000093, la Gerencia de Logística adjudicó a una agencia de asesorías políticas y un contador público contratos por $4 millones para el suministro de 12 millones de mascarillas descartables.
Los insumos urgían debido a la crisis provocada por la pandemia, pero ninguno de los contratistas cumplió con los plazos de entrega.
Además, en el expediente consta que los funcionarios cuestionados presionaron para que se consideraran las ofertas de esos proveedores fuera de la fecha de recepción de ofertas.
La investigación por supuestas anomalías en compras de mascarillas para proteger personal de salud en clínicas y hospitales también está en revisión por parte del Ministerio Público.
La Fiscalía de Probidad Transparencia y Anticorrupción tramita el asunto bajo el expediente 20-000122-1218-PE contra ignorado, es decir, sin personas imputadas individualizadas.
Días atrás, Luis Fernando Porras y sus dos asesores legales, Hans Vindas Céspedes y María Díaz Rivera, cumplieron un año suspendidos con goce de salario. Esa condición fue aprobada como medida cautelar mientras avanzan las investigaciones.
En 12 meses, la CCSS le canceló a esas tres personas ¢109 millones en salarios.
