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Un proyecto de ley entregaría más facultades a las policías municipales que decomisen alcohol adulterado o de contrabando.
La iniciativa fue dictaminada este martes en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Ahora, deberá ser votada en el plenario.
Actualmente, estos cuerpos policiales entregan los decomisos a la Policía de Control Fiscal (PCF), la cual continúa con el proceso sancionatorio.
Además, le corresponde a la PCF cerrar establecimientos y cancelar licencias.
El texto, que modifica la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, ampliaría estas competencias a las policías locales.
No obstante, cuando las infracciones atenten contra la salud pública, el Ministerio de Salud mantendrá su autoridad en los decomisos, como el guaro adulterado con metanol que ha provocado 23 muertos en los últimos dos meses.
Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, afirmó que “en la etapa de consultas, los diferentes cuerpos de policía municipal avalamos la iniciativa, forma parte de una serie de proyectos de los últimos dos años que vienen ampliando las competencias de la policía municipal, lo cual representa un avance en la participación de las policías locales en la generación de más orden y seguridad en los cantones”.
“Si bien las policías municipales venimos decomisando licor, hasta el día de hoy estos decomisos los poníamos a las órdenes de la PCF. Con la nueva iniciativa las policías pasan a ser autoridad competente, de tal manera que no tenemos que recargar en la PCF los decomisos”, indicó.
Solano aseguró que el proyecto de ley pretende resolver las limitaciones que enfrenta Control Fiscal en su lucha contra el contrabando.
Según la iniciativa, “la Policía de Control Fiscal deberá establecer convenios de capacitación y formación con las municipalidades para proveer a los cuerpos policiales municipales de la preparación y los conocimientos para desempeñar las funciones mencionadas”.
El proyecto también establece que el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el de Economía, deberá crear un mecanismo para identificar y registrar los licores nacionales y extranjeros, por medio de códigos QR, códigos de barra, etiquetados o “cualquier otro tipo de mecanismo tecnológico” que permita reconocer cuando la bebida es adulterada o de contrabando.
El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y presidente de la comisión, Pablo Heriberto Abarca, declaró que la colocación de sellos por sí sola no resuelve la problemática.
Según Abarca, las autoridades policiales deben “resolver con operativos en las fronteras”.
Aunque aprobó el proyecto por la urgencia del caso, el congresista adelantó que presentará mociones para modificar algunos puntos.
Por ejemplo, Abarca consideró “excesivo” que los comercios infractores sean cerrados de forma provisional por 15 días, y propondrá que se reduzca la sanción a ocho días.
Además, indicó que se debería facultar a los ministerios de Economía y Hacienda para que escojan a cuáles licores colocarles dispositivos de registro, pues considera que no es necesario que todas las marcas se sometan a este mecanismo.
